A partir de la segunda quincena de septiembre, comenzará uno de los debates más complejos que enfrente el Gobierno en materia institucional. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado abrirá sus puertas para analizar integralmente la Reforma Política impulsada desde Casa Rosada, un proyecto que toca fibras sensibles del sistema electoral argentino y que ya ha generado fracturas visibles dentro de la coalición gobernante. Lo que en principio podría parecer un ejercicio técnico de revisión normativa se transforma, en realidad, en un pulso sobre quién define las reglas del juego democrático en el país para los próximos años.
Según lo adelantado por la senadora Patricia Bullrich, quien preside la bancada oficialista en la Cámara Alta, el tratamiento comenzará dentro de pocas semanas. Sin embargo, la encargada de coordinar estos trabajos aclaró un punto fundamental: Ficha Limpia seguirá siendo parte del proyecto oficial y no será separado para un análisis independiente. Esta decisión tiene un peso político considerable, ya que la iniciativa que busca impedir que dirigentes condenados accedan a cargos electivos cuenta con un respaldo amplio en la opinión pública y ha sido demandada insistentemente desde diversos sectores. La senadora Edith Terenzi, legisladora del bloque Despierta Chubut vinculada al gobernador chubutense Ignacio Torres, fue quien pidió en la sesión del jueves anterior que este componente recibiera tratamiento preferencial. Aunque La Libertad Avanza no avaló formalmente esa solicitud en ese momento, Bullrich se comprometió a llevar la cuestión al debate durante los primeros días de septiembre, reconociendo así la presión política en torno a este tema específico.
Un proyecto que trae historia: el recorrido de Ficha Limpia
La prohibición de candidaturas para condenados no es una propuesta nueva en la agenda legislativa argentina. Durante años, desde distintos espacios políticos —especialmente desde el PRO y la Unión Cívica Radical— se impulsó esta iniciativa sin lograr convertirla en ley. En 2025, la exdiputada Silvia Lospennato encabezó un proyecto que logró ser aprobado en la Cámara de Diputados, pero encontró un obstáculo insalvable en el Senado. En esa ocasión, dos senadores por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, cambiaron sus votos en el último momento, frustrando las expectativas de quienes promovían esta medida. Ahora, al incorporarse Ficha Limpia dentro de la estructura más amplia de la Reforma Política enviada por el presidente Javier Milei, el Ejecutivo busca nuevamente llevarlo al plano legislativo, aunque esta vez desde una estrategia diferente que lo integra a un paquete más vasto de transformaciones electorales.
La decisión de incluir Ficha Limpia dentro de un proyecto de reforma más general responde a cálculos políticos y tácticos. Por un lado, amplía el marco de negociación; por otro, complica potencialmente las conversaciones, ya que introduce múltiples puntos en disputa simultáneamente. Los debates sobre sistemas electorales históricos en democracias presidencialistas como la argentina demuestran que las coaliciones se construyen y reconstruyen según el equilibrio de fuerzas entre diferentes actores. En este caso, el Gobierno intentaría capturar apoyo aprovechando el consenso existente alrededor de Ficha Limpia para zanjar, en el proceso, la eliminación de otros mecanismos electorales que considera problemáticos.
Las PASO como piedra de tranca: el verdadero nudo de la negociación
Más allá de Ficha Limpia, que goza de una aceptación relativa, el verdadero escollo de la Reforma Política radica en la eliminación de las elecciones primarias PASO. Este punto central de la propuesta oficial ha generado resistencias concretas entre los aliados del Gobierno. La Libertad Avanza no logró que el Senado aprobara el proyecto anterior precisamente porque socios clave del oficialismo se negaron a respaldar la supresión de las primarias. Sectores internos de Juntos por el Cambio, particularmente el PRO, mantienen posiciones divididas. La Unión Cívica Radical, historicamente asociada con sistemas de competencia interna, también expresa reservas significativas sobre cerrar esa puerta electoral.
El senador radical Maximiliano Abad fue explícito en sus críticas durante los debates recientes. El legislador cuestionó tanto la amplitud del proyecto como su heterogeneidad interna, argumentando que un paquete tan abarcador requiere un análisis segmentado y exhaustivo. Abad sostuvo que cuando se discute reforma electoral, la aspiración debe dirigirse hacia mayor transparencia, mejoría en la calidad de la representación política y recuperación de la confianza en el sistema electoral. Estas palabras, aunque presentadas como diagnóstico técnico, contienen un reproche implícito: el proyecto del Gobierno, en su visión, podría socavar precisamente aquello que busca fortalecer. Por su parte, Martín Goerling Lara, quien conduce el bloque del PRO en la Cámara Alta, fue aún más directo. Anticipó su rechazo categórico a la eliminación de las PASO y expresó escepticismo profundo sobre la posibilidad de alcanzar consenso en las condiciones actuales. Goerling Lara dejó constancia de que la posición del PRO respecto de mantener las primarias se decidió en la mesa ejecutiva del partido y no ha experimentado variaciones. Además, cuestionó la práctica de revisar el sistema electoral cada dos años, considerándola contraproducente para la estabilidad institucional.
Esta disidencia dentro de la coalición gobernante refleja un dilema más profundo: para La Libertad Avanza, las PASO representan un mecanismo que fragmenta la competencia y debilita su capacidad de concentrar voto. Para otros actores, incluidos sectores importantes del PRO, mantenerlas forma parte de una tradición que permite la renovación interna de candidaturas y la expresión de diferentes alas dentro de cada espacio político. El Gobierno no descarta avanzar con una suspensión temporal de los comicios primarios como alternativa táctica, buscando sortear la aprobación de una ley que podría no contar con las mayorías necesarias. Sin embargo, esa vía también implicaría tensiones institucionales considerables.
El panorama que se abre en septiembre, cuando comience el análisis en comisión, será escenario de negociaciones intrincadas. La inclusión de Ficha Limpia dentro de la Reforma Política representa tanto una oportunidad como un riesgo para el Ejecutivo. Si logra capitalizar el apoyo transversal a esa medida, podría generar momentum político para impulsar el resto de la iniciativa. Pero si los aliados mantienen sus posiciones sobre las PASO, el proyecto completo podría quedar estancado, o peor aún, avanzar sin el respaldo necesario, generando una victoria pírrica que reproduzca los fracasos anteriores. Las próximas semanas determinarán si existe espacio real para construir un acuerdo que satisfaga los intereses cruzados de una coalición que, a pesar de gobernar, sigue mostrando grietas en cuestiones fundamentales sobre la arquitectura institucional.
