El colapso de la plataforma $LIBRA en febrero de este año generó un daño patrimonial estimado en más de US$250 millones para sus inversores. Ese desastre financiero derivó en una investigación penal que aún hoy busca definiciones sobre cómo cerrar una causa que involucra a funcionarios públicos de alto nivel, empresarios y operadores del mercado de criptoactivos. Durante las últimas semanas, se activó un nuevo intento de resolución judicial que pretende sortear los escollos que paralizaron dos esfuerzos anteriores. Sin embargo, este tercero encuentra limitaciones legales concretas y, sobre todo, una brecha insalvable entre quienes buscan arreglar el conflicto y quienes se niegan categóricamente a hacerlo. Lo que está en juego no es solo la suerte de los damnificados, sino también cómo la administración de justicia procesa casos donde confluyen delitos económicos, funcionarios públicos y pérdidas masivas de dinero privado.

El abogado mediador choca contra puertas cerradas

Fernando Burlando, letrado con trayectoria en causas de alto perfil, desplegó durante estas últimas semanas una estrategia que incluyó recorridas por los juzgados federales de Comodoro Py, sondeos en distintos circuitos de poder y conversaciones con inversores damnificados. Su objetivo era explorar la viabilidad de una reparación integral del daño que permitiera cerrar la investigación penal sin que los acusados recibieran condenas. La figura jurídica que Burlando consideraba aplicable existe en el ordenamiento legal: el Código Penal argentino contempla la extinción de la acción penal cuando se produce una reparación completa del perjuicio ocasionado. En teoría, es una salida que beneficiaría tanto a los inversores lesionados como a los imputados, al cerrar la vía penal sin necesidad de un juicio oral y público.

No obstante, la primera línea de resistencia llegó desde donde menos Burlando esperaba: el despacho del fiscal federal Eduardo Taiano, encargado de la investigación. Cuando el abogado se presentó para explorar esa posibilidad, directamente no fue recibido. Esa negativa no fue casual ni pasajera: representó el cierre de una de las puertas fundamentales que cualquier acuerdo necesitaba para prosperar. En los pasillos de tribunales, Burlando caracterizó la postura de Taiano como la de un "fiscal anti víctimas" por su rechazo a escuchar propuestas de los damnificados. La ironía del apodo radica en que los inversores perjudicados son, técnicamente, víctimas del colapso de $LIBRA, aunque sus intereses aparentemente colisionan con la línea de investigación que el fiscal ha estado desarrollando. El rechazo de Taiano desarticuló lo que Burlando llama un "scouting": una estrategia de tanteo previo con las partes para llegar después a los imputados con ya respaldos formales de acuerdos.

Las barreras legales que no se pueden eludir

Más allá de la voluntad política o judicial de los actores involucrados, existe una limitación normativa que funciona como un muro infranqueable. Según reiteradas aclaraciones de fuentes oficiales familiarizadas con el expediente, el Código Penal argentino no admite la extinción de la acción penal por reparación integral cuando hay funcionarios públicos imputados en la causa. En el caso $LIBRA, entre los denunciados figuran Javier Milei y Karina Milei, ambos con responsabilidad estatal en distintos momentos. Esa circunstancia convierte la limitación legal en un obstáculo estructural que ninguna negociación puede sortear sin antes despejar a los funcionarios de las imputaciones.

Esta realidad normativa fue recordada explícitamente por Santiago Viola, viceministro de Justicia, durante una intentona fallida hace poco más de un año. En esa oportunidad, Viola comunicó a quienes lo abordaron que una condición ineludible para cualquier salida alternativa era que las querellas despegaran de la causa a Javier y Karina Milei. Es decir, que los retiraran como imputados. Esa exigencia coloca a todos los actores en una encrucijada: los inversores afectados quieren cobrar y cerrar la causa, pero la ley les impide hacerlo mientras haya funcionarios públicos en la nómina de acusados, y nadie parece dispuesto a aceptar una exculpación sin más que el acuerdo de un pago.

La fragmentación de los damnificados como factor de bloqueo

Existe, además, un problema de representación que complica aún más la ecuación. El expediente penal que tramita en los tribunales argentinos contempla la participación de al menos dos grupos distintos de inversores, cada uno con sus propios abogados, intereses y dinámicas internas. El patrocinio de Burlando no goza de un consenso indiscutido entre todas las partes damnificadas. Según admitió una fuente oficial conocedora de los pormenores, en algún momento Burlando fue desvinculado de la representación colectiva, y existe incertidumbre acerca de si logró reingresar a esa función. Esa fragmentación es crucial: sin una representación única o al menos coordinada de los inversores, cualquier acuerdo corre el riesgo de ser impugnado por sectores que se sientan excluidos del proceso negociador o que consideren insuficiente la reparación acordada.

Burlando planteó a los damnificados que, en su análisis, los acusados muestran una "miopía" incomprensible a la luz de lo que está en juego. Su argumento es que más allá de la trama de corrupción presuntamente existente, el expediente es antes que nada un asunto patrimonial: se trata de dinero desaparecido, de inversores que perdieron sus ahorros. "Hay corrupción en el caso $LIBRA, pero antes aparece la defraudación, el daño patrimonial", expresó a los inversores. También advirtió: "Para mí, los acusados no entienden la gravedad del tema, porque si no esto ya lo hubiesen salido a arreglar". La premisa de Burlando es que un acuerdo rápido sería beneficioso para todos: los inversores recuperarían al menos parte de sus fondos, los acusados evitarían un juicio largo y potencialmente devastador, y el Gobierno podría resolver un problema que genera tensiones políticas continuas.

El rechazo categórico de los imputados principales

Sin embargo, esa lógica del acuerdo encuentra un antagonista firme en la postura de Hayden Davis, el empresario estadounidense en el centro de la red de operaciones de $LIBRA. Los abogados defensores de Davis mantienen una posición inflexible: sostienen que será muy difícil probar la configuración de un fraude y que, por lo tanto, el empresario no tendría por qué resarcir a nadie. Desde esa perspectiva, aceptar una reparación equivaldría a reconocer implícitamente una culpabilidad que, según la defensa, no existe. Esa rigidez contracta de manera dramática con lo que cualquier acuerdo exigiría: una voluntad de asumir responsabilidad, aunque sea parcial.

Entre los otros imputados ocurre algo similar. Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, también mencionados en la causa, no han mostrado disposición de asumir formalmente ningún rol en una reparación. El panorama es tan desolador que el propio Burlando reconoció, con cierta frustración, que incluso los acusados privados —es decir, aquellos sin cargo público— no manifestaron interés alguno. "Ni siquiera los privados se interesaron. Podría venir Hayden Davis, podría venir Novelli a decir 'bueno, arreglemos esto'. Tranquilamente. De parte de ellos, hasta ahora nada", admitió a sus allegados. Sin voluntad de reparación de los principales acusados, la fórmula legal que Burlando explora pierde su motor fundamental: no hay dinero comprometido, no hay culpa asumida, no hay arreglo posible.

Dos intentos fallidos que definen un patrón

Este tercer intento de cerrar la causa no surge del vacío. Lo anteceden dos esfuerzos previos que también naufragaron, cada uno revelador de los verdaderos nudos de la disputa. El primer intento provino de la defensa de Davis. En junio de 2025, los abogados del empresario exploraron la posibilidad de depositar aproximadamente US$100 millones en una cuenta judicial argentina para extinguir la acción penal en su contra. Esa cifra, aunque sustancial, representaba menos del 40% de las pérdidas totales de los inversores. La propuesta fue rechazada porque no abordaba la totalidad del daño ni comprometía a los demás imputados.

El segundo intento tuvo características distintas. Dos abogados, Nicolás Oszust y Agustín Rombolá, que representan a más de treinta inversores con pérdidas individuales superiores a los US$4,5 millones, convocaron a una audiencia de mediación civil con letrados de Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales, asesor de la CNV también imputado. Esa reunión se truncó sin acuerdos sustantivos. En paralelo, un colaborador de Burlando intentó sondear a Marcos Salt, el penalista porteño que defiende a Davis, sin obtener ningún resultado concreto.

Un patrón emergerá de esos tres intentos fallidos: todos chocan contra lo que se denomina técnicamente "fronting", un término que en este contexto significa que nadie quiere asumir formalmente ante los inversores y la Justicia la responsabilidad de reparar el daño. Es decir, que nadie está dispuesto a "dar la cara" ni a canalizar públicamente el dinero destinado a la indemnización. En las conversaciones circuló incluso una propuesta alternativa: que una plataforma del mercado de criptoactivos asumiera ese rol intermediario. Sin embargo, esa posibilidad generó resistencias importantes debido a los riesgos legales y reputacionales que implicaría para cualquier firma que decidiera involucrarse.

El tiempo como presión y la advertencia política

Burlando ha sostenido, en diversos momentos, conversaciones con los damnificados sobre la conveniencia de encauzar una solución de manera ágil. Su diagnóstico incorpora un factor que trasciende lo meramente jurídico: el tiempo político. En la visión del abogado, la administración actual tiene una ventana limitada para resolver este asunto antes de que el calendario electoral modifique las correlaciones de poder. "Si yo fuese operador de Gobierno, salgo a arreglarlo inmediatamente", expresó a sus allegados, una frase que revela su preocupación por una eventual parálisis institucional.

Esa inquietud desemboca en una advertencia explícita cuyos términos son precisos. Burlando menciona el año 2027, cuando está prevista la celebración de nuevas elecciones presidenciales en la Argentina. En su análisis, si la administración actual pierde esos comicios y la causa $LIBRA permanece aún sin resolver, los distintos imputados enfrentarían un horizonte penal completamente diferente: sin protección política, sin capacidad de influir en la dinámica de la investigación y, presumiblemente, con un nuevo Gobierno potencialmente menos dispuesto a negociar salidas alternativas. "Si pierden las elecciones de 2027 por este tema, van todos presos", sentenció Burlando, condensando en una frase la presión política que subyace a toda la trama de negociaciones.

Esa advertencia no es una amenaza legal sino un análisis de realidades políticas que afectan siempre el procesamiento de causas que involucran a funcionarios públicos. La experiencia histórica argentina demuestra que cambios de administración frecuentemente generan giros bruscos en prioridades de persecución penal. Lo que hoy se procesa bajo ciertos parámetros o con cierta prioridad puede ser reactivado con intensidad completamente distinta bajo un Gobierno diferente.

Los obstáculos que enfrenta la tercera tentativa de cerrar el caso $LIBRA revelan tensiones profundas entre distintas concepciones de la justicia restaurativa y la justicia punitiva, entre la rapidez y la integridad de los procesos, entre la defensa de intereses privados y la persecución del interés público. Sin una modificación significativa de las posturas de los imputados principales, sin una voluntad política clara de facilitar una salida negociada, y sin resolver la cuestión constitucional de si es lícito exculpar a funcionarios públicos mediante un acuerdo de reparación, el expediente parece condenado a seguir su curso hacia un juicio oral. Ese escenario traería consigo mayor publicidad, más tiempo, y eventualmente sentencias que podrían plasmar responsabilidades penales más allá de lo que cualquier negociación privada podría resolver.