Una investigación judicial en marcha expone uno de los interrogantes más complejos que enfrenta la administración tributaria argentina: la posible acumulación de bienes en el exterior sin registración oficial. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ha decidido cruzar fronteras enviando consultas formales a autoridades estadounidenses para esclarecer si Andrés Gerardo Vázquez, máxima autoridad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, es efectivamente propietario de tres propiedades ubicadas en el estado de Florida. La medida adquiere relevancia institucional porque toca directamente la credibilidad de quien comanda el organismo encargado de perseguir el enriquecimiento ilícito en el país. Los tres inmuebles, todos situados en zonas premium de Miami, superan en conjunto los dos millones de dólares de valuación, según los registros que maneja la justicia federal.
El pedido que cruzó el Atlántico
La iniciativa judicial responde a un dictamen presentado por Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, organismo que funciona como fiscal especializado en asuntos de corrupción administrativa. Rodríguez propuso múltiples líneas de prueba adicionales para profundizar la investigación penal que ya está en curso contra Vázquez. Entre esos pasos, figura el envío de exhortos −solicitudes formales de cooperación judicial− dirigidas a Washington para que las autoridades estadounidenses verifiquen la verdadera titularidad de esos bienes raíces. El procedimiento es necesario porque buena parte de la cadena de propiedad se entramó mediante estructuras constituidas fuera de Argentina, principalmente en Panamá e Islas Vírgenes Británicas, lo que obliga a buscar respuestas en jurisdicciones foráneas.
Según fuentes vinculadas con el tribunal federal, los tiempos de respuesta desde Estados Unidos pueden variar considerablemente. En ocasiones las respuestas arriban en semanas o pocos meses, pero en otros casos las autoridades estadounidenses solicitan fundamentaciones adicionales antes de comprometerse con una respuesta definitiva, extendiendo los plazos hasta dos años o más. Esta variable temporal introduce un factor de incertidumbre en la investigación: aunque todas las medidas probatorias estén correctamente iniciadas, la consolidación del caso dependerá de la celeridad con que colaboren los organismos norteamericanos.
Una cadena de adquisiciones sin declarar
El núcleo del asunto reside en cómo se estructura la propiedad de los tres inmuebles de Miami. De acuerdo con la reconstrucción que llevó adelante la Procuraduría, los departamentos fueron adquiridos entre 2013 y 2015 a través de dos sociedades constituidas en Panamá: Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. Ambas empresas, posteriormente, quedaron subordinadas al control de Galanthus Capital Limited, una sociedad creada en 2016 en las Islas Vírgenes Británicas. En los registros de esta última estructura, figura Vázquez como beneficiario final, aunque él nunca los mencionó en sus declaraciones juradas patrimoniales presentadas ante la Oficina Anticorrupción ni ante la administración tributaria argentina.
El caso gana complejidad cuando se observan los movimientos posteriores. Desde 2021, las dos hijas mellizas de Vázquez desempeñan funciones administrativas en las sociedades panameñas: una actúa como secretaria y la otra como tesorera. Más significativo aún: ambas residen desde 2022 en una unidad ubicada en Sunny Isles que está registrada a nombre de Pompeya Group Corp. Este detalle es relevante porque sugiere un uso directo de los inmuebles por parte de la familia del funcionario, lo que fortalecería la hipótesis de que Vázquez es el verdadero propietario.
El fiscal Rodríguez, en su dictamen, también señaló que el domicilio registrado de Vázquez en Puerto Madero figura como sede oficial de Alcorta Corp. en los registros del estado de Florida. Adicionalmente, entre 2014 y 2018, tanto Vázquez como su exesposa, Silvia Ivone Rodríguez −también funcionaria de ARCA−, pagaron de sus recursos personales los impuestos municipales de las propiedades floridanas, por un total aproximado de US$136.000. Recibieron además a sus nombres los correspondientes cheques de reembolso, conducta que un propietario privado ejecutaría, no alguien que meramente figurara como testaferro.
La desproporción de números que levanta sospechas
Más allá de las evidencias estructurales sobre la titularidad, existe un elemento cuantitativo que los investigadores consideran particularmente revelador. Poco antes de que se concretaran las compras de los inmuebles en la avenida Brickell de Miami, Vázquez reportó en su declaración patrimonial disponibilidades líquidas por aproximadamente US$40.000. Sin embargo, las operaciones de compra de propiedades rondaron los US$1.100.000. La diferencia es abismal: más de veintisiete veces superior a lo que formalmente declaraba tener disponible. Esta desproporción constituye un disparador clásico de sospecha en investigaciones por enriquecimiento ilícito, ya que obliga a interrogarse sobre la procedencia de fondos tan cuantiosos.
Para profundizar este aspecto, la Procuraduría incorporó al análisis a Consultora San Andrés SA, una sociedad que Vázquez controla con el 51% de participación accionaria junto a su hermana. Los registros muestran que esta consultora nunca tuvo empleados formales a su nombre, pero llegó a poseer simultáneamente cuatro automóviles. Según las hipótesis de investigación, esta firma habría prestado dinero al funcionario para financiar la adquisición de su departamento en Puerto Madero, configurando potencialmente lo que la justicia denomina una "sociedad pantalla": estructura jurídica sin actividad real que funciona como intermediaria para transferir fondos.
Otro punto de atención para los investigadores es la compra realizada en 2018 de un triplex de 318 metros cuadrados en el edificio denominado Los Molinos Building, ubicado en el complejo Faena Properties de Puerto Madero. Vázquez formalizó esta adquisición por aproximadamente US$226.000, mientras que inmuebles comparables en la misma estructura se comercializaban por más del doble del precio. La Procuraduría interpreta esta subvaluación como un potencial indicador de operaciones irregulares, aunque también podría explicarse por circunstancias de mercado o condiciones especiales de venta.
La red de consultas que se extiende
Para intentar despejar estos interrogantes, el magistrado federal no solo envió exhortos a Estados Unidos. También libró solicitudes de información a instituciones locales y organismos financieros estadounidenses. Entre estos últimos figuran Bank of America, PNC y Wells Fargo, entidades ante las cuales se pidió que informaran sobre extractos bancarios de Vázquez y su grupo familiar, así como verificar si Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. mantienen cuentas activas en esas instituciones. El juez también requirió a las autoridades migratorias estadounidenses que proporcionaran un registro de todos los desplazamientos internacionales efectuados por el grupo familiar.
En el plano doméstico, Martínez de Giorgi solicitó información a la propia ARCA, al Colegio de Escribanos, al Banco Central de la República Argentina y a otros organismos públicos. Esta multiplicación de frentes de investigación refleja la complejidad de un caso que trasciende las fronteras nacionales y exige coordinación entre múltiples jurisdicciones y entidades.
La defensa y el silencio de los registros
Desde la órbita del Gobierno, Vázquez ha transmitido su posición: sostiene que no es el propietario real de esos inmuebles en Miami, sino que pertenecen a un tercero. Sin embargo, no ha identificado a esa supuesta tercera persona ni ha aportado documentación alguna ante los tribunales federales que respalde esta aseveración. La ausencia de pruebas que corten la cadena de propiedad hacia Vázquez genera un vacío que refuerza las sospechas de los investigadores.
El expediente refiere a omisiones maliciosas en declaraciones juradas correspondientes a los años 2012 a 2015 y 2023. Rodríguez, en su dictamen, señaló que "sin duda alguna" Vázquez incurrió en el delito de omisión maliciosa al no declarar ante organismos competentes su relación con las sociedades extranjeras que registran los inmuebles. Este calificativo de "malicia" es jurídicamente significativo, ya que distingue entre omisiones accidentales e intencionales, lo que influye en la gravedad de cualquier eventual condena.
Implicancias y perspectivas en tensión
El caso adquiere dimensiones que exceden lo meramente penal. Si se confirmara que el máximo responsable del ente encargado de la recaudación fiscal y aduanera ocultó patrimonio sustancial en el exterior, las implicancias institucionales serían profundas. Ello plantearía interrogantes sobre la idoneidad ética de quien preside una agencia dedicada a perseguir precisamente esos delitos. Desde otra óptica, los defensores de Vázquez argumentarían que la mera existencia de estructuras offshore no implica irregularidad −existen razones comerciales legítimas para constituir sociedades en jurisdicciones extranjeras− y que sin prueba concluyente de su participación real en la propiedad, no debería presumirse culpabilidad. Los tiempos que tarde la justicia estadounidense en responder serán determinantes para que la investigación avance hacia conclusiones más definidas o, por el contrario, se estanque en la indefinición. Las próximas respuestas desde Miami definirán el rumbo de una pesquisa que hoy permanece en suspenso, dependiente de la cooperación internacional.
