Un incidente que parecía circunscrito al ámbito de la seguridad corporativa mutó hace poco más de un año en una investigación que expone una red de presuntos negocios fraudulentos tejida por funcionarios públicos de distintos niveles administrativos. El 4 de enero de 2024, empleados de Arsat descubrieron la desaparición de materiales críticos para la infraestructura nacional de conectividad: flejes de cobre y componentes internos de equipos de fibra óptica guardados en 15 contenedores ubicados en San Fernando. Lo que comenzó como la documentación de un hurto se transformó rápidamente en algo mucho más profundo cuando los investigadores comprobaron que los sistemas de vigilancia del depósito estaban inoperantes y que la propia adjudicación del lugar había seguido procedimientos cuestionables. Las consecuencias judiciales de este descubrimiento alcanzan actualmente a personalidades que ocuparon cargos estratégicos tanto en la administración anterior como en la gestión que comenzó en diciembre de 2023.
Los detalles de un robo que requería precisión y tiempo
La sustracción de los materiales no fue un acto improvisado ni de corta duración. Según testimonios recopilados durante la investigación, un asalto de tales características demandaba equipamiento especializado, escalas de acceso y jornadas extendidas de trabajo ejecutadas durante horarios comerciales, según relató Marcelo Garozzo, integrante del área de Infraestructura de Arsat. El depósito en cuestión funcionaba bajo la responsabilidad operativa de Argentina Logistic Services SA, empresa que debería haber provisto un resguardo efectivo del predio. Sin embargo, quienes revisaron la escena constataron que los dispositivos de grabación de video no operaban correctamente y que la protección perimetral mediante cerco eléctrico llevaba un tiempo indeterminado fuera de servicio. Estas negligencias no pasaron inadvertidas para los fiscales y jueces que asumieron la causa en el juzgado federal de San Isidro bajo la dirección del magistrado Lino Mirabelli, con participación de la fiscalía conducida por Fernando Domínguez.
A medida que los meses transcurrieron y se profundizó en la cadena de custodia del predio, surgieron indicios de transacciones irregulares durante el proceso de selección de la empresa prestataria de servicios logísticos. Los investigadores analizaron comunicaciones entre funcionarios y empresarios, lo que los llevó a solicitar allanamientos simultáneos en múltiples domicilios hace poco más de una semana. Los registros incluyeron propiedades ubicadas en la capital federal y en Mendoza, provincia de origen de varios de los imputados.
Los hallazgos que ampliaron el alcance de la investigación
Los operativos ejecutados por orden judicial revelaron elementos que trascienden ampliamente el delito de hurto. En el departamento porteño de uno de los investigados, ubicado en el barrio de Palermo, los funcionarios encontraron más de 670.000 dólares estadounidenses resguardados en una caja fuerte. Pero el descubrimiento más significativo fue la incautación de sustancias controladas en cantidades considerables: 128 gramos de ketamina, que según informes de organismos especializados equivalen a entre 1.700 y 4.300 dosis recreativas de intensidad moderada; 164 gramos de MDMA cristalizado; 72 pastillas de MDMA; y 14 gramos de clorhidrato de cocaína. Complementando el hallazgo, se secuestraron 15 cucharas presumiblemente destinadas al consumo de estas drogas, un vaporizador con aceite de cannabis y 15 bolsas tipo Ziploc. El titular de la vivienda aseveró ante el tribunal que la totalidad de las sustancias era de uso personal y no representaba intención comercial alguna.
El dinero no se limitaba a dólares norteamericanos. En el domicilio de Palermo también se incautaron 165 euros, 2.486.200 pesos argentinos, 69.100 pesos uruguayos, 6.258 reales brasileños, 3.040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos y 2.000 chelines tanzanos. Sin embargo, el volumen monetario más cuantioso provino de la propiedad mendocina del mismo investigado: aproximadamente 1.700.000 dólares estadounidenses fueron incautados en esa jurisdicción, cifra que sugiere una acumulación de activos que requeriría explicación respecto a su origen lícito.
Los funcionarios en el centro de la trama
Facundo Leal, oriundo de Mendoza, ingresó a Arsat hace dos décadas cuando la empresa estatal de telecomunicaciones fue constituida. Durante la gestión presidencial de Alberto Fernández, entre 2022 y 2024, ejerció la presidencia de la organización. Posteriormente, el gobierno que inició sus funciones en diciembre de 2023 lo designó como titular del Orsna, el organismo que ejerce supervisión y regulación sobre el sistema aeroportuario nacional, una posición que confiere facultades significativas en materia de decisiones administrativas y financieras. Paralelamente a estos roles ejecutivos, mantuvo su condición de empleado con estabilidad laboral en Arsat. Leal dimitió de su cargo en el gobierno nacional durante el mes de enero del presente año, junto con Luis Pierrini, quien se desempeñaba como secretario de Transporte de la Nación. Ambos habrían sido requeridos para abandonar sus funciones tras realizar un viaje a Barcelona en una aeronave privada cuya propiedad o control se vinculaba con Pablo Toviggino, tesorero de la institución futbolística AFA. El mismo avión que transportó al funcionario Nahuel Gallo desde Venezuela hacia territorio argentino.
La trayectoria de estos personajes exhibe una compleja red de conexiones empresariales y políticas. Pierrini goza de prestigio en círculos empresariales de su provincia y actualmente acompaña como colaborador a Daniel Vila en la dirección de Independiente Rivadavia. Su nombre también se asocia con vínculos comerciales establecidos con Leonardo Scatturice, empresario con influencia cercana a figuras del círculo de poder nacional y antecedentes en actividades de inteligencia. Otro actor central en el esquema investigado es Gerardo Boschin, quien se desempeñó como gerente de compras de Arsat durante la presidencia de Fernández. Tal como aconteció con Leal, Boschin también accedió a un cargo de jerarquía en el gobierno que inició en 2023, siendo nombrado presidente de Trenes Argentinos hasta enero pasado, mientras continuaba vinculado formalmente como personal permanente de Arsat.
Las comunicaciones que revelaron el patrón de comportamiento
El análisis de intercambios telefónicos y digitales realizados por los investigadores permitió detectar un patrón recurrente de conducta que sugiere beneficios mutuos entre funcionarios públicos y contratistas privados. Boschin fue el funcionario decisivo en la selección y contratación del depósito donde se almacenaba la fibra óptica posteriormente sustraída. Según las comunicaciones interceptadas e incorporadas al expediente, habría proporcionado información sobre el estado de los trámites administrativos a empresarios que participaban formalmente en procesos de licitación mientras estos se encontraban aún en curso. Mensajes recuperados de dispositivos móviles secuestrados contienen referencias a entregas de efectivo que Boschin supuestamente recibió en las dependencias de Arsat provenientes de empresarios cuyos negocios fueron beneficiados por sus decisiones administrativas. La fiscalía solicitó que se procedan a indagatorias respecto de la firma Argentina Logistic Services y de diez personas físicas involucradas, bajo acusaciones que contemplan cohecho, defraudación dirigida contra el patrimonio del Estado, malversación de recursos y ejercicio de funciones públicas incompatibles con intereses privados.
El despliegue de la justicia y las definiciones pendientes
La investigación se dividió en canales paralelos conforme avanzaba la recopilación de pruebas. Mientras que los delitos vinculados a corrupción administrativa continúan bajo la órbita de San Isidro, la pesquisa específica relativa a los estupefacientes encontrados transitó su propio proceso cuando el acusado se presentó en indagatoria la semana previa, negando cualquier propósito de comercialización y sosteniendo que los estupefacientes respondían exclusivamente a su consumo privado. El magistrado competente dispuso días atrás el secreto del sumario para proteger la integridad del proceso investigativo, mientras técnicos forenses continúan analizando información contenida en teléfonos móviles, computadoras portátiles y documentos incautados. Respecto a la vertiente de drogas, todo apunta a que esta rama investigativa se segregará del resto del expediente y será trasladada a los tribunales ubicados en Comodoro Py, puesto que el hallazgo de las sustancias ocurrió en jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires.
Los desarrollos de esta causa generan interrogantes que trascienden el caso específico y toca aspectos estructurales del funcionamiento estatal. La capacidad de individuos con antecedentes en una administración de transitar exitosamente hacia posiciones de relevancia en gobiernos de signo político diferente plantea cuestiones sobre los mecanismos de selección, supervisión y control de funcionarios de alto rango. Asimismo, los montos incautados y la diversidad de monedas extranjeras sugieren operatoria económica de escala, lo que abre interrogantes sobre la existencia de circuitos paralelos de financiamiento. Desde una perspectiva institucional, el hecho de que empleados permanentes de una empresa estatal ocuparan simultáneamente cargos ejecutivos en otras reparticiones estatales durante gobiernos sucesivos invita a reflexionar sobre los conflictos de intereses potenciales inherentes a tales acumulaciones de poder. La eventual comprobación de las acusaciones implicaría consecuencias que van desde responsabilidades penales individuales hasta posibles reformas en los protocolos de nombramiento y fiscalización de funcionarios. Contrariamente, si los imputados lograran demostrar su inocencia en relación con los delitos que les atribuye la fiscalía, el caso abriría debates sobre la seguridad de los procesos investigativos y la solidez de las acusaciones construidas sobre bases que requieren validación adicional en instancias judiciales posteriores.
