El movimiento que destapa problemas mayores
El sindicato de Camioneros acaba de concretar una transacción comercial que refleja mucho más que una simple operación de bienes raíces. La venta de un terreno de once hectáreas ubicado en el partido bonaerense de Escobar al Club Atlético Tigre por aproximadamente cuatro millones de dólares marca un punto de inflexión en la administración del gremio motorizado, evidenciando las tensiones financieras que afronta la principal obra social del sector. Lo que comenzó como un acuerdo entre directivos deportivos y líderes sindicales se convierte ahora en un síntoma visible de problemas estructurales que vienen gestándose desde hace años en las entrañas de una de las organizaciones sindicales más poderosas del país.
El predio en cuestión funcionaba hasta poco tiempo atrás como centro deportivo de la mutual controlada por el gremio de los camioneros. Contaba con canchas de fútbol, espacios para rugby y vestuarios, emplazado estratégicamente cerca del bioparque Temaiken. Su ubicación y características lo hacían propicio para un club de primera división que busca expandir su infraestructura de entrenamientos. Martín Suárez, titular del elenco del Mataderos, confirmó públicamente que la operación ya cuenta con compromisos firmados, aunque todavía restan formalidades notariales para su conclusión definitiva. Los planes de Tigre contemplan mejoras significativas en las instalaciones: modernización de aproximadamente diez campos de juego y refacción integral de los espacios de vestuarios.
El rol de Massa y las gestiones tras bambalinas
Lo que resulta particularmente revelador de esta transacción es quién ofició de intermediario en las negociaciones. Sergio Massa, figura política con dos décadas de influencia en las estructuras administrativas de Tigre, se desempeñó como nexo crucial entre los Moyano y la dirigencia deportiva. Su presencia en estos arreglos no representa novedad alguna: Massa mantiene una presencia constante en el club a través de colaboradores cercanos como Rodrigo Molinos, quien actualmente ostenta la vicepresidencia tercera, y Ezequiel Melaraña, histórico operador político que acompañó al ex candidato presidencial en sus años legislativos. Desde espacios cercanos al Frente Renovador se intentó desmentir esta participación, argumentando que Massa ha tomado distancia de las operaciones cotidianas del club y de los Moyano. Sin embargo, los testimonios de quienes participaron directamente en las negociaciones señalan a Massa como figura articuladora del encuentro entre sectores que, en apariencia, podrían no haber conectado de forma orgánica.
La negociación reunió a Hugo Moyano, máximo referente del sindicato camionero, con su hijo Pablo, quien preside la mutual del gremio. Del lado deportivo participaron Suárez y Agustín Ignolotti, tesorero de la institución. La operación se cerró en un rango que expertos inmobiliarios ubicaron entre los tres millones trescientos mil y los seis millones de dólares, en función de los valores de plaza para terrenos en esa zona de la provincia bonaerense, donde el metro cuadrado oscila entre treinta y sesenta dólares estadounidenses. El monto específico de cuatro millones de dólares mencionado por fuentes sindicales se alinea razonablemente con estos parámetros de mercado, situándose en una posición intermedia dentro del rango estimado.
El agujero financiero que nadie quiere ver
Detrás de esta transacción late una realidad muy problemática. La obra social de Camioneros, conocida como Oschoca, presenta un déficit que alcanza aproximadamente sesenta mil millones de pesos, según documentación de la Federación Nacional de Camioneros a la que se accedió. Esta cifra representa un deterioro dramático en comparación con las cifras oficiales del balance correspondiente al ejercicio 2024, cuando el pasivo se consignaba en algo más de veintisiete mil millones de pesos. El salto es tan significativo que implica prácticamente una duplicación de la deuda en poco tiempo. Desde hace apenas días, la prestadora sanitaria implementó recortes agresivos: restricciones en servicios, limitaciones en prestaciones médicas y restricciones en la entrega de medicamentos entre los afiliados. Una tercera parte de la deuda total se debe específicamente al proveedor farmacéutico, lo que ilustra el alcance de la crisis: ni siquiera puede garantizar el acceso a medicamentos esenciales para sus afiliados.
Aquí surge un interrogante incómodo que la dirigencia camionera evita responder con claridad: ¿hacia dónde irán los fondos derivados de la venta del predio? Desde las estructuras internas del sindicato rehusaron precisar el destino de los recursos. Lo que trascendió, sin embargo, apunta a tensiones internas significativas. Pablo Moyano, administrador de la mutual, se resiste a canalizar estos fondos hacia el auxilio de Oschoca, argumentando que no existe vinculación patrimonial entre ambas estructuras y que el dinero corresponde a los afiliados. Esta postura genera fricciones evidentes, porque mientras la obra social se desmorona financieramente, existe la posibilidad de que parte de la recaudación se oriente hacia el Club Social y Deportivo Camioneros, una institución deportiva que milita en la Primera B del fútbol argentino y que ya desarrolla actividades profesionales.
Las complejidades en la administración y el control
La estructura de poder y administración de Oschoca presenta características que merecen análisis cuidadoso. El fondo de comercio de la obra social está en manos de Iarai SA, una empresa de servicios médicos vinculada a Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano. En el directorio de esta firma figuran Valeria Salerno, de cuarenta y cinco años, y Juan Noriega Zulet, de treinta y nueve, ambos hijos que Zulet tuvo en matrimonios anteriores a su unión con el líder camionero. Recientemente, la obra social realizó transferencias de fondos hacia la compañía de Zulet mediante un instrumento financiero denominado fideicomiso Dhanvantari, cuya domiciliación fiscal coincide con la de Iarai y otras dos empresas de la familia que mantienen relaciones comerciales con el sindicato. Esta arquitectura administrativa suscita preocupaciones respecto a la independencia de gestión y la transparencia en la utilización de recursos que, en esencia, pertenecen a los afiliados al sistema.
La legisladora porteña Graciela Ocaña, quien denuncia públicamente los manejos de Moyano desde hace una década y media, elevó un petitorio formal ante la Superintendencia de Servicios de la Salud solicitando la intervención de Oschoca. Su argumentación se centra en la caracterización de la administración como si fuera patrimonio privado de Moyano y su círculo familiar. Hasta el presente, la Superintendencia no ha mostrado signos de avanzar en esta dirección. En el plano judicial, el único frente actualmente abierto involucra a la fiscalía de Mar del Plata, que investiga un presunto fraude de trece mil millones de pesos relacionado con operaciones del Hotel 15 de Diciembre, propiedad del gremio. La jueza Lucrecia María Bustos citó a indagatoria a María Montero, directora de una empresa que facturaba servicios al hotel pero que paralelamente se desempeñaba como abogada del sindicato, una circunstancia que presenta evidentes conflictos de interés.
Perspectivas y consecuencias del movimiento
La venta del predio en Escobar genera múltiples lecturas según desde dónde se analice la situación. Para Tigre, representa una oportunidad concreta de modernizar sus instalaciones de entrenamiento, incrementando su capacidad competitiva en una Primera División que requiere infraestructuras de clase mundial. Desde la óptica de los Moyano, la operación constituye una válvula de escape temporal frente a presiones financieras acuciantes que amenazan con colapsar servicios esenciales para trabajadores del transporte. Para los afiliados a la obra social, el desenlace resulta más ambiguo: dependerá de si los fondos efectivamente canalicen recursos hacia el sostenimiento del sistema médico o si, por el contrario, se desvíen hacia otros destinos. Desde la perspectiva regulatoria, esta operación ilustra el desafío permanente que enfrentan organismos de control respecto a la supervisión de estructuras sindicales cuya complejidad administrativa se incrementa constantemente. La capacidad de intervención estatal, los mecanismos de transparencia y las garantías de que los recursos de trabajadores se utilicen conforme a su destino original conforman interrogantes que trascienden este caso particular y tocan aspectos estructurales del modelo de administración de obras sociales en el país.
