La Argentina ha ingresado en una fase donde las formas de conducción política se han transformado en algo más grave que meras excentricidades o rarezas del signo de los tiempos. Lo que comenzó como una característica llamativa del estilo presidencial ha cristalizado en un modelo de gestión estructurado, con consecuencias medibles y patrones que se reproducen sistemáticamente. No se trata de un episodio aislado sino de una metodología que permea todas las capas del aparato estatal y que genera efectos que se acumulan, interactúan y retroalimentan, creando un ciclo donde los problemas económicos reales se entremezclan con dinámicas de polarización que amplifican el malestar social.

Los indicadores más recientes pintan un cuadro complejo. La inflación se mantiene tercamente por encima del 2% mensual durante diez meses consecutivos, la actividad económica sigue contraída, y el empleo sufre destrucción notable en los centros urbanos más poblados. Sin embargo, mientras estas realidades golpean los bolsillos de empleados públicos y privados, desocupados e informales, la respuesta desde el poder ejecutivo no ha sido la búsqueda de consensos ni la apertura al diálogo. Por el contrario, la respuesta ha sido intensificar una estrategia de confrontación verbal que escala en tonalidad y alcance cada semana que pasa. Esto resulta especialmente significativo porque marca una diferencia crucial respecto al comportamiento electoral: durante la campaña, el actual mandatario se impuso restricciones en su lenguaje; una vez en el poder, esas restricciones se disolvieron completamente.

La presentación parlamentaria que selló un patrón

El miércoles pasado, durante la comparecencia del jefe de gabinete ante la cámara baja, sucedió algo que condensó todas estas tendencias en un único acontecimiento. La presencia del presidente en el recinto legislativo no fue la de un ejecutivo respondiendo ante sus pares o explicando su gestión. Fue la de alguien que llegó acompañado por una comitiva de ministros, rodeado de lo que podría describirse como un séquito de seguidores incondicionales distribuidos en las bancas y las galerías, para ejercer una forma de intimidación mediante la proximidad física y la hostilidad gestual. Los intercambios no fueron argumentativos sino agresivos. Los diputados de la oposición fueron objeto de insultos y gestos que remitían más a las dinámicas de violencia que caracterizan a ciertos liderazgos de hinchadas de fútbol que a la deliberación republicana que debería primar en una cámara legislativa.

Apenas dos meses antes, en ese mismo recinto, el presidente había realizado una proclama enfática sobre la moral como política de Estado. La ironía resulta tan evidente que casi carece de necesidad de explicación. Lo que ocurrió fue que, de facto, se reemplazó esa promesa con una política explícita de intolerancia hacia la crítica y de descalificación sistemática del adversario político. La defensa de Manuel Adorni, funcionario envuelto en cuestionamientos sobre gastos suntuarios e incrementos patrimoniales que no ha logrado aclarar satisfactoriamente luego de más de un mes, se convirtió en una demostración de lealtad personal antes que en un acto de rendición de cuentas. El jefe de gabinete se amparo en referencias formales a la división de poderes y al respeto por las investigaciones judiciales, pero estas palabras quedaron vaciadas de sentido ante la actuación simultánea del presidente, cuya presencia dominante y confrontacional desmentía en la práctica cada una de esas afirmaciones.

Cuando la vigilancia interna se vuelve paranoia institucional

Detrás de puertas cerradas, funcionarios del gobierno con trayectoria previa y credibilidad acumulada relatan un ambiente radicalmente diferente al que se proyecta hacia afuera. La desconfianza interna es tal que varios integrantes del gabinete han reducido drasticamente sus contactos externos. Conversan únicamente con interlocutores que podrían soportar el escrutinio de los hermanos Milei, evitan hablar en dependencias públicas, y pesan cada palabra como si fuera un recurso escaso. La competencia dentro del oficialismo no es por eficiencia en la gestión sino por quién demuestra mayor adulación hacia el líder. Incluso funcionarios experimentados y respetados en sus campos se ven empujados a participar en esa dinámica, comprometiendo su propio prestigio en el proceso.

Este contexto de paranoia institucional explica tanto el comportamiento presidencial como la ausencia de defensa genuina en la comparecencia de Adorni. Lo que rige ahora es una fórmula específica: descalificar sin matices a quien cuestiona, evitar aclaraciones profundas, machacar con predicciones optimistas sin respaldarlas con indicadores sólidos, blindarse ante todo cuestionamiento y, cuando sea necesario, forzar o seleccionar cifras para mostrar un aspecto positivo. Esta receta funciona mientras exista una base de votantes dispuesta a creer sin verificar. Pero ese núcleo duro no es suficiente para sostener un gobierno cuando la realidad cotidiana contradice el discurso oficial.

Los economistas observaron con atención que, durante su exposición en la cena de la Fundación Libertad, el presidente utilizó gráficos de una consultora privada antes que indicadores oficiales. Esa selección narrativa, ese recorte de la realidad en beneficio propio, es síntomatico de una estrategia donde la construcción de narrativa prima sobre la modificación efectiva de las condiciones económicas. Las proyecciones de consultoras privadas sobre una caída de casi un punto en la inflación de abril, situándola alrededor del 2,5%, serán sin duda aprovechadas al máximo por la propaganda oficial. Pero ni esa mejora modesta alcanzará para revertir el malestar, porque el problema no es únicamente la inflación: es la combinación de inflación persistente, desempleo creciente, caída del poder adquisitivo y, ahora, la percepción de que el gobierno está más preocupado por consolidar lealtades internas que por resolver los problemas que afectan a la mayoría.

De la herencia a la responsabilidad propia: el cambio de narrativa que debilitó al gobierno

Durante los primeros dos años de gestión, existe una narrativa que funcionó con considerable éxito: los problemas económicos eran herencia. Ese relato permitía al gobierno acumular paciencia entre sectores que estaban dispuestos a tolerar dificultades en el corto plazo a cambio de la promesa de reordenamiento futuro. Las expectativas positivas hacia adelante eran un activo real del gobierno, quizás su activo más valioso. Incluso personas cuya situación personal no era positiva mantenían la esperanza de que las cosas mejorarían. Pero esa ecuación ha comenzado a invertirse. Ahora, pasados más de veinticuatro meses, los problemas económicos comienzan a atribuirse al gobierno mismo, no a sus predecesores. Exceptuando al núcleo duro de votantes, la opinión pública ha hecho ese cambio de atribución causal, y eso ha impactado directamente en la confianza.

El índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella registró una caída del 12% respecto al mes anterior, y esa disminución es la quinta consecutiva desde la victoria electoral de octubre pasado. Lo relevante no es solo la magnitud de la caída sino la dirección y la persistencia. Comparativamente, el nivel actual es ligeramente inferior al que tenían Néstor Kirchner y Mauricio Macri a esta altura de sus mandatos, y significativamente superior al que registraba Cristina Kirchner en sus administraciones o Alberto Fernández. Pero ese dato comparativo es menos importante que la tendencia en sí: un gobierno que ve erosionarse su soporte sistemáticamente semana tras semana enfrenta un problema de dinámicas, no de niveles absolutos. Según analistas especializados en política pública, lo que preocupa es precisamente eso: que no haya un piso donde la caída se detenga, sino una trayectoria descendente que se auto-alimenta.

El caso Adorni se convierte entonces en un acelerador de esa erosión. La obstinación del gobierno en sostener al funcionario bajo sospecha, cuando existe claridad en torno a que cada día que permanece en el candelero representa una pérdida neta de capital político, sugiere prioridades fuera de sintonía con lo que la sociedad considera urgente. Otros funcionarios enfrentados con acusaciones similares fueron removidos con rapidez. La diferencia en el trato implícitamente comunica algo sobre lealtades personales y sobre dónde se centran realmente los incentivos dentro del gobierno. Eso impacta especialmente porque el gobierno había colocado el nivel de expectativas muy alto en torno a temas de transparencia y anticorrupción. Cuando no se alcanzan esos estándares que uno mismo estableció, la brecha entre lo prometido y lo entregado se convierte en una fuente de legitimidad perdida difícil de recuperar.

Un récord incómodo: la palabra como arma

En el contexto del día mundial de la libertad de expresión, fueron publicados reportes que cuantifican algo que la sociedad percibe cada día: el deterioro significativo de ese derecho fundamental en la Argentina bajo la actual administración. El monitoreo de la Libertad de expresión del Foro de Periodismo Argentino reveló datos que no admiten ambigüedad: en 2025 se alcanzó un récord histórico de agresiones contra la libertad de prensa, considerando dieciocho años de registros. De esa cifra total, el 42% de los ataques fueron atribuibles al presidente. Esa proporción es especialmente relevante porque indica que no se trata de casos aislados o de exabruptos ocasionales, sino de un patrón sistemático donde el jefe de Estado es el principal agresor. Los números superan incluso los registrados en 2013, cuando la administración Kirchner enfrentaba tensiones políticas y económicas acuciantes que generaron enfrentamientos públicos con sectores mediáticos.

Un análisis exhaustivo de más de ciento trece mil publicaciones y republicaciones del presidente en la red social X permitió identificar que aproximadamente una de cada siete contiene insultos. Eso se traduce a un promedio de sesenta publicaciones diarias que incluyen agravios. Las categorías dominantes de esos insultos siguen patrones específicos: la descalificación directa, la estigmatización de grupos, la animalización de los destinatarios. Se trata de un lenguaje que no busca persuadir sino humillar, que no intenta argumentar sino eliminar al adversario del diálogo mediante la invalidación personal. El presidente sostiene que sus expresiones no constituyen ataques contra la libertad de expresión sino ejercicios de ese mismo derecho, y que él es objeto de una relación asimétrica de la cual es víctima. Esa posición, sin embargo, contradice la totalidad de la literatura académica sobre comunicación política, los pronunciamientos de múltiples organismos internacionales de derechos humanos, y jurisprudencia constitucional que diferencia entre el derecho a expresar opiniones y la incitación sistemática al menosprecio de personas e instituciones.

Lo que sorprende a observadores especializados es la velocidad con la cual la intolerancia a la crítica y el insulto a los contradictores se consolidaron como política de Estado, con mayor celeridad y consistencia incluso que la promesa moral de la que tanto se habló. Múltiples miembros del gabinete han emulado esa práctica, generando un efecto imitación que ahora caracteriza al oficialismo. El ministro de Economía, por ejemplo, ha publicado defensas del presidente en las redes donde invertía la lógica de la confrontación, afirmando que "la guerra hoy es del periodismo contra el gobierno, no viceversa". Esa frase resume la lógica inversora que domina: presentarse como víctima mientras se agrede sistemáticamente, reivindicar la libertad de expresión propia mientras se condiciona la de otros.

Las expectativas se desmorona cuando chocan con la realidad

Directoras de consultoras que rastrean opinión pública y comportamiento electoral señalan que "el esfuerzo se está haciendo demasiado largo a muchos que inicialmente apoyaban al gobierno, aunque su situación personal no fuera positiva". Esa frase resume un cambio de ánimo profundo: durante meses, personas que la estaban pasando mal electoralmente apostaban a que las cosas mejorarían. Esa esperanza fue un lujo que muchos se permitían incluso con sus bolsillos vacíos. Ahora, esas expectativas están cambiando. Cuando se pide paciencia durante meses, esa paciencia tiene un límite. Cuando se culpa a gobiernos anteriores indefinidamente, la sociedad eventualmente comienza a mirar quién está en el poder ahora.

Los retornos de precios volvieron a encabezar los rankings de principales problemas del país en las encuestas. Junto a eso, la pobreza y el desempleo se mantienen como preocupaciones centrales. Estas tres cuestiones tocan el núcleo de cómo la población evalúa a un gobierno y, por extensión, cómo evalúa la imagen del presidente. El malestar social que crece no es causado únicamente por dificultades económicas: es amplificado por la sensación de que quien dirige el Estado está más concentrado en ejercer poder sobre sus críticos que en resolver los problemas que generan esa crítica en primer lugar. Cada insulto presidencial, cada confrontación con periodistas, cada demostración de lealtad ciega dentro del gabinete, refuerza la impresión de que el gobierno carece de respuestas genuinas a los desafíos estructurales que enfrenta.

Lo que sucedió en el Congreso con la presentación de Adorni no cambió significativamente su situación ni lo recuperó de la pérdida de reputación acumulada. Tampoco lo hundió más. Fue simplemente la confirmación de que el patrón establecido se mantiene: cuando no hay respuestas, hay confrontación; cuando no hay resultados, hay insultos. Y ese patrón es cada vez más difícil de sostener cuando la realidad económica y social no acompaña. El gobierno puede controlar el tono de sus comunicaciones, puede disciplinar a sus funcionarios, puede vigilar lealtades internas. Lo que no puede controlar es el comportamiento de millones de argentinos que enfrentan día a día dificultades económicas crecientes y que inevitablemente ajustan sus expectativas a la baja cuando los meses pasan sin que las promesas se conviertan en realidades tangibles.

Perspectivas divergentes sobre lo que viene

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