La semana pasada dejó en el banquillo a tres figuras envueltas en acusaciones de ilegalidad. Una sentencia condenatoria en el expediente Skanska. Una resolución llegada desde Paraguay en el caso Kueidery. Y la circulación de un registro audiovisual donde aparece un funcionario investigado por presunto enriquecimiento no declarado, disfrutando de momentos de esparcimiento mientras pesa sobre él una pesquisa que lleva tres años sin resolver. Los hechos son tangibles, las pruebas existen, pero algo peculiar sucede en la arena política: el silencio ensordecedor. Nadie grita victoria. Nadie agita estas victorias judiciales como evidencia de que el sistema funciona. Y esa apatía ante lo que debería ser motivo de celebración nacional revela una verdad incómoda sobre la Argentina contemporánea. La crisis macroeconómica, durante más de cuarenta años, fue el denominador común de todas las catástrofes nacionales. Hoy, por primera vez en décadas, esa ecuación se invierte: mientras la gestión económica muestra signos de estabilización, la corrupción enquistada en las estructuras del Estado —y la complicidad del aparato judicial— se perfila como el problema más urgente y menos resoluble. Es el desplazamiento de una crisis a otra. Y eso cambia todo.

Dos décadas de robo institucionalizado bajo la lógica del poder

El caso Skanska encarna de manera casi caricaturesca cómo funcionó la máquina de saqueo durante el período 2003-2023. Julio de Vido y José López volvieron a ocupar el banquillo en una sentencia que tardó veinte años en llegarse a primera instancia. Veinte años. En esa extensión temporal cabe toda una vida política, varios gobiernos, innumerables cambios en la correlación de fuerzas. El expediente documenta un esquema donde los peajes controlados desde las más altas esferas del poder ejecutivo se convirtieron en máquinas tragamonedas para el enriquecimiento ilícito. No había sutileza. No había capas de complejidad que desmenuzar. Era corrupción de manual, de esos manuales que enseñan en las facultades de Derecho como ejemplos de lo que no debe hacerse.

Lo paradójico es que esta sentencia, que debería generar un terremoto político, pasó casi desapercibida en los pasillos del poder. Ningún funcionario de peso alzó la voz para capitalizar políticamente la caída de sus adversarios históricos. Ningún legislador organizó una conferencia de prensa para demandar que casos similares avancen con celeridad. El silencio fue casi total. ¿Por qué una noticia de esa envergadura no provocó repercusiones significativas? La respuesta no es accidental: estamos frente a un consenso implícito, casi un acuerdo no escrito, de que nadie hurga demasiado profundo en el tema de la corrupción porque prácticamente todos tienen algo que perder. Es lo que algunos llaman omertá política: ese código de silencio donde las transacciones oscuras quedan protegidas porque el que levanta la voz sabe que alguien levantará más alto aún.

El caso Insaurralde: tres años, un video incómodo y una justicia que no llega

Mientras Skanska dormía el sueño de los expedientes cerrados, otro asunto mantiene a la justicia en un estado de parálisis. Martín Insaurralde, quien fuera jefe de Gabinete durante la administración de Axel Kicillof, lleva tres años bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En ese lapso, la máquina judicial no ha logrado ni siquiera tocar a su puerta con una imputación formal. Nada. Mientras tanto, un registro de video filtrado hace poco muestra al funcionario en un momento de relajación, ajeno a cualquier preocupación, en compañía de otros personajes. La imagen es potente: el investigado vive su vida cotidiana como si la pesquisa no existiera. Parece una ilustración visual de la impunidad.

Pero aquí surge un factor que complica cualquier aprovechamiento político del caso: en el video aparece Juan Nápoli, un inversor cercano a esferas mileístas, quien en 2023 organizó eventos para posicionar al actual presidente como figura viable en Wall Street. Nápoli fue candidato a senador por La Libertad Avanza. Fue anfitrión de Milei en actos en espacios culturales de relevancia. Su presencia junto a Insaurralde crea una zona gris incómoda para el Gobierno que debería ser su principal acusador. Cuando un funcionario del Poder Ejecutivo actual aparece en proximidad social con un investigado, la capacidad de ese Gobierno para exigir justicia rápida se ve socavada. La hipocresía se vuelve evidente. Y en la política, la hipocresía es moneda de cambio tan peligrosa como la corrupción misma.

El caso Insaurralde también toca estructuras transversales del poder provincial. Conecta con el mundo del juego clandestino en el conurbano, con operadores que aparecen en múltiples expedientes, con legisladores de distintas extracciones políticas. Es una telaraña donde el hilo se enreda sin importar de qué color sea el partido que lo sostiene. Por eso nadie quiere tirar del ovillo: el riesgo de que salgan a la luz conexiones propias es demasiado alto.

El dilema de Milei: haber prometido lo imposible

El actual Gobierno llegó al poder con una promesa clara y visceral: refundar la política argentina sobre bases éticas sólidas. No más robo. No más complicidades. Una ruptura radical con el modo anterior de hacer política. Esa fue la narrativa que movilizó votos, que indignó a una sociedad cansada de ver dirigentes enriqueciéndose a costa del erario público. La vara se fijó altísima. Demasiado alta, como los eventos posteriores han demostrado.

En materia económica, el Gobierno ha logrado lo que parecía imposible hace apenas dos años: avanzar en estabilización macroeconómica, reducir la inflación, cerrar el grifo de la emisión monetaria. Esos logros son reales. El ajuste fue impopular pero se ejecutó con una correlación de fuerzas que lo permitió. Otros gobiernos no pudieron ni quisieron hacer lo mismo. Pero esa capacidad de resolver en lo económico contrasta de manera violenta con la incapacidad para resolver en lo ético. Aparecieron denuncias de presuntos manejos irregulares en el seno del Gobierno. Surgieron casos como el del dólar blue, investigaciones sobre funcionarios de segundo nivel, conexiones incómodas con empresarios cuestionados. Nada de la escala de la corrupción kirchnerista, ciertamente. Pero eso es justamente el problema: la vara de medida que el mileísmo se autoimpuso era la de la inmaculatez total. No se permitía ni una mancha. Y las manchas llegaron.

Esa discrepancia le quita munición política al Gobierno. No puede pararse frente a sus adversarios y señalar con el dedo porque su propia mano no está completamente limpia. Es una limitación que el kirchnerismo nunca tuvo porque nunca se autoimpuso ningún estándar ético. Simplemente, no fue parte de su narrativa. El mileísmo, en cambio, hizo de eso su bandera. Y ahora esa bandera pesa como un ancla.

El Poder Judicial: donde se disuelve cualquier promesa de cambio

Existe un factor que amplifica todos estos problemas: la naturaleza del Poder Judicial argentino. La lentitud es un síntoma, pero no la enfermedad de fondo. El verdadero problema es la falta de independencia estructural y la captura política de sus órganos decisorios. El Gobierno actual ha puesto especial énfasis en el nombramiento de magistrados. Esos nombramientos han estado atravesados por controversias. Los vínculos entre la administración y sectores judiciales no auguran una purificación del sistema judicial, sino la continuidad de prácticas de cooptación. El aprendizaje que el mileísmo desarrolló rapidamente fue que es mejor negociar con la máquina judicial que enfrentarla. Eso es un aprendizaje pragmático: significa que el Gobierno abandonó la idea de transformación del sistema y optó por la administración de sus problemas dentro de él.

Cuando un caso como el de Skanska tarda veinte años en llegar a primera instancia, no se trata de un problema de recursos o de carga de trabajo. Es un síntoma de una justicia que funciona a dos velocidades: rápida cuando conviene a ciertos intereses, lenta cuando conviene a otros. El caso Insaurralde es ilustrador: tres años sin avances significativos. El caso Adorni, funcionario del Gobierno, llegó a resoluciones más ágiles. La discrepancia es evidente. Y esa discrepancia confirma que el Poder Judicial es menos un aparato de justicia que un espacio de negociación política donde los hilos son tirados desde múltiples puntos de poder.

El reordenamiento de prioridades en vísperas electorales

El Gobierno actual concentra sus fichas políticas en objetivos específicos: reforma del Banco Central, consolidación macroeconómica, negociación legislativa. El discurso anticasta que marcó el inicio de la administración está prácticamente fuera de juego. Ya no se habla de él. Se reorganizaron las prioridades con precisión quirúrgica: recursos políticos para los temas donde el Gobierno sabe que puede avanzar, alejamiento estratégico de los temas donde el costo político es prohibitivo. La cruzada contra la corrupción no figura en esa cartera de herramientas blindadas. Es un reconocimiento implícito de los límites del reformismo mileísta. No todo es resoluble. Algunas madrigueras son demasiado profundas, demasiado ramificadas, demasiado enraizadas en el tejido institucional como para que un Gobierno pueda atacarlas sin sufrir daño colateral.

En los próximos años, la política argentina se debatirá entre la consolidación de los logros macroeconómicos alcanzados y la incapacidad estructural para resolver el tema de la corrupción y la justicia. Esa tensión definirá cómo la sociedad evalúa el legado de esta gestión. Se trata de una encrucijada donde los números de la inflación y del déficit no son lo único que importa, pero tampoco son lo menos importante. La pregunta que sobrevuela todo es si una Argentina con macroeconomía ordenada pero justicia capturada es sostenible en el tiempo o si, eventualmente, el costo de ese desequilibrio terminará erosionando los logros alcanzados en el terreno económico.