El mecanismo más simple puede convertirse en el peor enemigo cuando se trata de distribuir esperanzas. En Las Flores, localidad del interior bonaerense, un acto de sorteo destinado a adjudicar 72 viviendas sociales a familias en lista de espera terminó en un desastre administrativo de proporciones considerables. Lo que comenzó como un procedimiento rutinario el 4 de junio pasado, organizado conjuntamente por la administración municipal y la cartera provincial de Hábitat, se transformó en un escándalo que no solo afectó a quienes quedaron sin participar, sino que también hirió a los que creyeron haber ganado. El error que lo provocó fue casi risible en su simplicidad: olvidaron colocar una bolilla dentro del bolillero. Solo una. Pero esa ausencia invalidó completamente el proceso y forzó a las autoridades a pedir disculpas públicas, anular todo lo decidido y prometer comenzar nuevamente.

El descubrimiento del desastre: cómo se supo que algo estaba mal

Durante los últimos sorteos de la compulsa, los organizadores cometieron un error que ninguno de los presentes —funcionarios, concejales, escribana, vecinos— advirtió en tiempo real. Faltaba la bolilla con el número cero (0) dentro del bolillero de las centenas. Esta omisión tuvo una consecuencia directa y matemática: 139 familias cuyos números de expediente comenzaban con un cero quedaron automáticamente excluidas de cualquier posibilidad de resultar sorteadas. No fue culpa de la suerte. Fue culpa de la logística.

Lo notable del episodio es que el error no fue detectado por quienes estaban presentes en el acto, aquellos que supuestamente tienen la responsabilidad de fiscalizar y garantizar la transparencia del procedimiento. Fueron los vecinos que seguían la transmisión en vivo por internet quienes notaron la irregularidad, comenzaron a hacer cálculos y advirtieron que algo no cerraba. Solo entonces, a través de los reclamos que llegaron, se confirmó lo que había ocurrido. La escribana Andrea Carelli, a cuyo cargo estaba la conducción del acto, asumió responsabilidad por el descuido. La omisión había sucedido bajo su supervisión directa.

Las implicancias: ganadores que se vuelven perdedores

La situación generó un conflicto de intereses particulares y expectativas contradictorias. Las personas que habían resultado sorteadas en esa primera ronda —es decir, las que creyeron haber ganado una casa propia— ahora enfrentaban la posibilidad de perder todo. El intendente interino Fabián Blanstein presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que declaraba inválido y sin efecto el sorteo del 4 de junio. Esto significaba que la adjudicación no tendría validez legal y que habría que repetir el proceso desde el principio.

La reacción de los vecinos beneficiados fue de bronca comprensible. Habían ganado. Tenían boletas, esperanza, y probablemente ya habían comenzado a imaginar sus vidas en esas casas. La ilusión del acceso a la vivienda propia —un sueño que para muchas familias argentinas se ha vuelto cada vez más lejano— se evaporó por culpa de una bolilla faltante. Nadie en Las Flores ignoraba que el mercado inmobiliario estaba fuera del alcance de la mayoría, que los alquileres consumían porcentajes insostenibles de los ingresos familiares, y que estos sorteos de viviendas sociales representaban una de las pocas oportunidades concretas de acceso a la propiedad. Por eso, la anulación no fue un mero trámite administrativo. Fue un golpe directo a la esperanza.

El nuevo proceso: automatización y compensaciones pendientes

Para evitar que se repita un fiasco de estas características, la nueva ronda de sorteo quedará a cargo de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, que utiliza sistemas automatizados. La idea es sustituir la vulnerabilidad del factor humano —las bolillas, el bolillero, la posibilidad de olvidar— por máquinas que no olvidan, que no se distraen, que operan conforme a protocolos que no dejan lugar a interpretaciones. Aunque racional, esta decisión implica un reconocimiento implícito de que los procedimientos manuales no son confiables cuando está en juego el bienestar de cientos de familias.

El nuevo sorteo alcanzará a todos los postulantes originales, una cifra que oscila entre 1.038 y 1.400 personas. Eso significa que la compulsa será más grande, involucrará a más actores, más tiempo administrativo. Mientras tanto, queda el asunto de las compensaciones. El municipio ha reconocido que podría enfrentar demandas judiciales de los vecinos perjudicados y está evaluando formas de resarcir al grupo que salió beneficiado en el primer sorteo y ahora lo pierde. Una de las opciones consideradas es entregarles lotes, solo la tierra, sin las casas construidas que esperaban recibir. Es una forma de redistribuir los costos del error, aunque claramente no es lo mismo: tener una vivienda lista para habitar que tener un terreno vacío implica diferencias enormes en costo, en tiempo de construcción, en acceso a financiamiento adicional.

Posiciones políticas frente al desastre

Desde la bancada de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante, el concejal Bernardo Lemma fue vocal sobre la situación. Describió lo que había sucedido en términos de claro señalamiento: "El sorteo fallido se dividió en dos: un lote de 38 casas y otro de 72. El de las 72 viviendas se hace de nuevo. Afecta a las familias. Esto es más que un papelón". El bloque tomó la decisión de abstenerse al momento de votar la ordenanza que invalida el sorteo anterior. No apoyó, pero tampoco se opuso. Una posición que permite mantener distancia del escándalo sin necesidad de votar en contra de la anulación —algo que hubiera sido políticamente tóxico—, pero que tampoco da respaldo explícito a las medidas correctivas propuestas por el intendente.

La cartera provincial de Hábitat y Desarrollo Urbano, bajo la dirección de Silvina Batakis, había participado en la organización conjunta del sorteo. Batakis es una funcionaria con trayectoria en la administración pública provincial y una breve pero notoria paso por la cartera de Economía a nivel nacional en 2022, durante una de las etapas más turbulentas de ese ministerio. Su participación en la organización del sorteo fallido no la eximía de responsabilidad en los resultados, aunque el mayor peso del error administrativo recayó sobre los organismos locales y sobre la escribanía que condujo el acto.

Perspectivas y consecuencias abiertas

Lo que quedó tras el escándalo es un escenario complejo con múltiples aristas sin resolver. Por un lado, están las familias que nunca participaron en la compulsa porque sus números estaban ligados a la bolilla del cero: 139 hogares que finalmente tendrán una segunda oportunidad, aunque el hecho de que haya fallado una vez genera dudas sobre si el nuevo proceso será verdaderamente más seguro. Por otro lado, están los ganadores del primer sorteo que ahora son perdedores: personas que experimentaron la alegría de haber salido sorteadas, que quizá ya habían comenzado trámites, que imaginaban sus vidas cambiadas, y que ahora deben volver a competir con todos los demás, sin garantía de que vuelvan a ganar.

La decisión de trasladar el nuevo sorteo a la Lotería de la Provincia, con sistemas informatizados, puede reducir la probabilidad de errores operacionales similares, pero no elimina la incertidumbre inherente a cualquier proceso aleatorio. Las personas que pierdan esta segunda vez no podrán culpar a una bolilla faltante, pero experimentarán la misma frustración de no haber sido seleccionadas. Las compensaciones con lotes a los perjudicados del primer sorteo generarán su propia serie de problemas: diferencias de valor entre un lote y una casa construida, dificultades en la financiación, tiempos de construcción impredecibles. La vivienda social, que debería ser una política que alivie tensiones, se convierte en fuente de conflictividad administrativa y humana. Lo sucedido en Las Flores expone vulnerabilidades en los procesos de asignación de bienes públicos, independientemente de la voluntad de quienes los ejecutan.