La trama de bienes inmuebles y vehículos que rodea al ex jefe de Gabinete de Buenos Aires y su expareja suma ahora un capítulo que apunta directamente hacia el sector de tecnología vial y sistemas de control de infracciones. Mientras los investigadores continúan desentrañando la compleja red de setenta propiedades y más de doscientos vehículos registrados en el entorno del matrimonio, emerge un nuevo interrogante sobre cómo se constituyó esa fortuna. Esta línea de pesquisa adquiere especial relevancia porque se conecta con un área que ya ha generado escándalos institucionales de envergadura en la provincia, y porque involucra a actores cuyos nombres aparecen reiteradamente en expedientes judiciales relacionados con presuntas irregularidades en la contratación pública.
El punto de partida de esta investigación descansa en un dato aparentemente menor pero potencialmente significativo: Priscila Ferrante, identificada como la persona que facilitó el encuentro entre el ex intendente de Lomas de Zamora y la modelo, trabajó entre 2016 y 2018 como empleada en relación de dependencia para una empresa llamada All Ways Group S.A. Esta compañía opera en el rubro tecnológico y se dedica específicamente al desarrollo y provisión de equipos de radares y cámaras integrados en los sistemas que generan fotomultas en distintas jurisdicciones. El hallazgo cobra importancia cuando se observa que Ferrante, cuya trayectoria laboral había permanecido en la penumbra durante años, aparentemente no tenía historial profesional previo que justificara su incorporación a una firma de este perfil. Su pasado incluye un vínculo matrimonial con Heber Russo, actualmente procesado por fraude fiscal, lavado de dinero y emisión de documentación fraudulenta, lo que añade una capa de complejidad a su perfil dentro de la investigación penal.
El timing sospechoso de la inscripción y la firma de documentos
Lo que eleva esta situación de un dato curioso a un potencial indicador de irregularidades es la cronología de los eventos administrativos. All Ways Group S.A. fue registrada como proveedora del Gobierno provincial el 1 de octubre de 2021, una fecha que no puede ser casual en el contexto de los cambios en la administración bonaerense. Este registro ocurrió apenas diez días después de que Martín Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete de la provincia, el 20 de septiembre de ese mismo año. Más adelante, durante 2022, fue el propio Insaurralde quien, en su carácter de funcionario con responsabilidades en la administración pública provincial, procedió a firmar la homologación de los equipos de esta compañía.
Este trámite de homologación no constituye un acto administrativo menor. Se trata de un procedimiento fundamental que habilita a una empresa para operar comercialmente y, lo que es más importante, para ser contratada por gobiernos municipales y organismos del estado provincial. Los dispositivos involucrados son aquellos utilizados para el monitoreo del tránsito y la detección de infracciones viales, incluyendo específicamente los mismos equipamientos que el Municipio de Lomas de Zamora emplea en su sistema de fotomultas. La coincidencia de que Insaurralde firmara la homologación de una empresa que posteriormente proveería servicios a su propio municipio de origen genera interrogantes sobre los procesos de verificación y control que debieron haber operado en esa etapa.
Conexiones con otras administraciones y actores políticos
La investigación también identificó que All Ways Group S.A. figura como proveedora registrada en Almirante Brown, municipio gobernado actualmente por Mariano Cascallares, quien ocupó el cargo de intendente entre 2015 y 2021, y nuevamente desde 2023 hasta 2025. Cascallares, quien ahora se desempeña como legislador provincial por la bancada de Unión por la Patria, mantiene desde hace décadas una relación política histórica con Insaurralde. Este dato no es menor porque sugiere que los servicios de esta empresa podrían haber sido contratados por múltiples jurisdicciones durante los períodos en que el ex jefe de Gabinete ocupaba posiciones de poder en la administración provincial.
Además, la documentación analizados revela que tanto el domicilio legal de All Ways Group S.A. como los nombres de algunos de sus directivos coinciden con los de otras empresas que aparecen mencionadas en investigaciones previas sobre irregularidades en el sector de fotomultas. Este factor aumenta la complejidad de la trama porque conecta directamente a esta firma con un escándalo más amplio que ya ha generado consecuencias judiciales concretas. En 2024, el entonces ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, fue procesado por fraude cometido en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento injustificado. Su procesamiento se originó en investigaciones sobre irregularidades en contratos suscritos con empresas proveedoras de equipos de control de velocidad vial y servicios de Verificación Técnica Vehicular. El funcionario provenía del Frente Renovador, mismo espacio político del cual proviene Insaurralde.
La documentación que ha sido recopilada será remitida a los juzgados intervinientes para que puedan profundizar en cuestiones específicas que hasta ahora permanecen sin esclarecer. Entre los interrogantes que deberán responderse figuran si All Ways Group S.A. fue efectivamente contratada para prestar servicios en Lomas de Zamora y en otras comunas durante las distintas gestiones de Insaurralde, cuáles fueron los montos de esos contratos, bajo qué procedimientos se adjudicaron, y qué papel jugó la presencia de Ferrante dentro de la estructura de la empresa. También resultará relevante determinar si existió algún beneficio económico que revirtiera en Ferrante durante el período en que ocupó una posición laboral en la firma, y si ese beneficio coincidió con el crecimiento patrimonial que llamó la atención de los investigadores.
El contexto más amplio del escándalo de fotomultas
El hallazgo de estos vínculos debe enmarcarse dentro de un fenómeno que ha aquejado a la administración pública bonaerense durante años: la presencia de irregularidades en los procesos de contratación de empresas dedicadas a tecnología vial y sistemas de control. Este sector ha sido particularmente proclive a irregularidades porque combina varios elementos que lo hacen vulnerable: la disponibilidad de recursos públicos significativos, la complejidad técnica que dificulta el escrutinio ciudadano, la posibilidad de generar ingresos recurrentes a través de las multas, y la fragmentación de responsabilidades entre múltiples niveles de gobierno. En los últimos años, distintos medios de investigación y organismos judiciales han señalado patrones de comportamiento que sugieren que algunas empresas del ramo habrían aprovechado estas características para obtener ventajas comerciales a través de relaciones políticas privilegiadas más que por la calidad de sus servicios o la competitividad de sus ofertas.
Las implicancias de esta nueva línea investigativa trascienden lo meramente administrativo. Si se confirma que Insaurralde utilizó su posición como jefe de Gabinete para beneficiar a una empresa en cuya estructura laboral participaba Ferrante, estaríamos ante un caso clásico de conflicto de intereses y potencial enriquecimiento ilícito. La magnitud de los bienes registrados en el entorno de Insaurralde y su expareja, junto con los interrogantes sobre sus fuentes de ingresos durante los años en que ocuparon posiciones de poder, sugiere que los investigadores consideran plausible que existieron mecanismos de obtención de recursos que no se condice con las remuneraciones que recibieron por sus cargos públicos. En ese contexto, la actividad laboral de Ferrante en All Ways Group S.A. podría representar un puente explicativo entre la fuente de esos recursos y el patrimonio acumulado.
Las perspectivas sobre cómo evolucionará esta investigación son diversas. Desde una óptica estrictamente procesal, todo dependerá de la capacidad de los fiscales y jueces para obtener documentación comercial, registros tributarios y bancarios que demuestren transferencias de fondos entre las distintas personas involucradas. Desde una perspectiva política institucional, el caso refleja desafíos persistentes en los mecanismos de transparencia y control que operan en la administración pública provincial. Algunos analistas consideran que hallazgos de este tipo ilustran la necesidad de fortalecer los órganos de control interno, auditoría y prevención de conflictos de intereses. Otros sostienen que las dificultades para detectar estas prácticas demuestran que los sistemas de supervisión existentes operan con un retraso significativo, permitiendo que años transcurran antes de que irregularidades sean identificadas. Lo que permanece indiscutible es que cada nuevo elemento de prueba añade capas de complejidad a un caso que ya ha generado múltiples ramificaciones institucionales y que continuará siendo objeto de escrutinio judicial en los próximos meses.
