Un movimiento inesperado en las entrañas del Palacio Legislativo pone en jaque una de las columnas vertebrales de la reforma electoral que impulsa la administración nacional. Mientras los senadores retomaban la discusión sobre cambios en el sistema de votación, emergió un cuestionamiento que trasciende el ámbito parlamentario: la posible desaparición de los debates presidenciales como acto obligatorio. Este giro no proviene de bancadas opositoras, sino de un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que levanta la voz para advertir sobre las consecuencias de una medida que calificó como un retroceso democrático de magnitud considerable.

La iniciativa legislativa en cuestión incluye una cláusula que, de aprobarse sin modificaciones, borraría del Código Electoral Nacional los artículos que garantizan la obligatoriedad de estos encuentros entre postulantes a la presidencia. Específicamente, el artículo 30 del proyecto busca suprimir no solo la norma que obliga a realizarlos, sino también todas las disposiciones relativas a su organización, ejecución y difusión pública. En otras palabras, el Código Electoral perdería su fundamento legal para exigir que los candidatos a la Casa Rosada se presenten ante los ciudadanos en un mismo espacio, bajo iguales condiciones, para exponer y debatir sus propuestas.

Una amenaza que une a actores diversos

El reclamo no proviene de una sola organización marginal o de perfil bajo. Nueve entidades de peso en el ámbito cívico argentino—Argentina Debate, Fundación Avina, CIPPEC, Club Político Argentino, Constituya, Directorio Legislativo, Integridad Republicana, Poder Ciudadano y Ser Fiscal—enviaron una petición formal a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en el preciso momento en que se reanudaba el debate sobre esta materia. La coincidencia temporal no es casual: se trata de un movimiento coordinado para ejercer presión legislativa en tiempo real, sobre el documento que está siendo analizado por los senadores.

Estos espacios, que abarcan desde redes de análisis parlamentario hasta fundaciones especializadas en regeneración institucional y fiscal, comparten una preocupación común: distinguen claramente entre dos asuntos que el proyecto de reforma fusiona de manera problemática. Por un lado, está la discusión legítima sobre las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un mecanismo electoral que el Gobierno ha expresado su intención de eliminar o suspender. Por otro lado, se encuentran los debates presidenciales obligatorios, que funcionan en una lógica completamente distinta. La propuesta de las organizaciones es quirúrgica: modifiquen las referencias a las PASO, pero dejen intacta la infraestructura legal que sustenta la obligatoriedad de los debates.

El derecho ciudadano en el centro del argumento

El fundamento de esta posición descansa en una distinción conceptual que tiene implicancias profundas. Según argumentan estas organizaciones, los debates presidenciales no constituyen un derecho de los candidatos sino un derecho de la ciudadanía. Esta diferencia de enfoque cambia radicalmente la perspectiva del problema. Si se considera que el debate es un derecho de los aspirantes a la presidencia, entonces tendría sentido permitirles decidir si participan o no. Pero si se entiende que es un derecho de los electores a acceder a información sobre quiénes aspiran a gobernarlos, entonces la obligatoriedad cobra otro sentido: no se trata de una imposición arbitraria, sino de una garantía democrática.

Esta lectura se apoya en un antecedente legislativo reciente. En 2016, mediante la ley 27.337, el Congreso Nacional aprobó con amplias mayorías la incorporación de la obligatoriedad de los debates al Código Electoral. Antes de esa reforma, la realización de estos encuentros dependía exclusivamente de acuerdos voluntarios entre los candidatos. Ocurría entonces que un postulante podía declinar su participación si consideraba que no le convenía electoralmente. La ley de 2016 buscó precisamente romper esa lógica: establecer que los debates forman parte del proceso electoral no como una cortesía entre competidores, sino como un componente estructural del sistema democrático. Esta decisión fue tomada con consenso parlamentario amplio, lo que indica que en ese momento existía un acuerdo transversal sobre su importancia.

Las organizaciones civiles profundizan en las múltiples dimensiones de lo que perderíamos si se permitiera que los debates quedaran librados al arbitrio de los candidatos. En primer lugar, está el aspecto informativo: un debate presidencial obligatorio garantiza que todos los ciudadanos, sin importar su afiliación política, accedan simultáneamente a un mismo contenido bajo reglas de igualdad. Ningún candidato podría decidir no confrontar su plataforma, lo que evita asimetrías informativas. Además, el carácter obligatorio asegura una transmisión pública, gratuita y de cobertura federal, llegando a rincones del país que de otro modo podrían quedar fuera del circuito electoral. En un país tan vasto como Argentina, donde las distancias geográficas y las diferencias en acceso a medios persisten, esta universalidad del debate cobra especial relevancia.

En segundo término, está la cuestión de la rendición de cuentas. Un debate presidencial deja un registro textual y visual de los compromisos que asumen los candidatos, sus propuestas específicas, sus respuestas ante preguntas de actualidad. Este registro puede ser confrontado posteriormente, durante la administración de quien finalmente resulte electo. Si un presidente luego no cumple con lo que ofreció en el debate, existe un documento público que lo evidencia. Esto introduce un elemento de responsabilidad política que trasciende el momento electoral. Sin la obligatoriedad, algunos candidatos podrían simplemente eludir estos compromisos públicos desde el principio, eliminando incluso la posibilidad de un control posterior.

Belén Amadeo, referente de Argentina Debate, sintetizó esta perspectiva al señalar que perder esta instancia sería "muy contraproducente" para el sistema democrático. Según su análisis, los debates funcionan bajo "reglas de juego acordadas y firmadas por todos los candidatos", lo que les confiere legitimidad y les otorga el estatus de un bien público. No son, entonces, un favor que los candidatos hacen a los ciudadanos, sino un acuerdo institucional que beneficia al conjunto de la sociedad. La cita de Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, añade una dimensión empírica a este razonamiento: los debates presidenciales generan audiencias masivas, comparables a las de un partido de la Selección Nacional. Esto indica que existe demanda ciudadana real por este tipo de contenido, que no es un evento marginal sino central en la vida política nacional.

El formato como vehículo para el voto informado

Más allá del acceso a la información, las organizaciones también hacen hincapié en cómo el formato mismo de un debate contribuye a mejorar la calidad de la deliberación pública. Un debate presidencial obligatorio, en su dinamismo y confrontación de ideas en tiempo real, facilita lo que Secchi denomina el "voto informado": la capacidad del ciudadano de tomar una decisión electoral basada en una evaluación directa de los candidatos, sus capacidades retóricas, sus reacciones ante preguntas inesperadas, sus posturas en temas controversiales. Un debate bien estructurado pone a los candidatos en una situación donde no pueden simplemente recitar un guión preparado; deben pensar sobre la marcha, responder críticas, defender posiciones.

Esta dimensión cualitativa del debate es especialmente importante en una época de proliferación de información fragmentada. Los ciudadanos están expuestos a infinidad de fuentes, a menudo contradictorias, sesgadas o directamente falsas. Un debate presidencial obligatorio, transmitido en vivo y a nivel nacional, ofrece un espacio de encuentro común donde todos reciben simultáneamente el mismo mensaje, interpretado por cada uno según sus propios criterios. No es, entonces, solo una cuestión de acceso a información, sino de acceso a una información de calidad, verificable y pública.

La petición elevada a los senadores no busca frenar la reforma electoral en su totalidad, ni cuestiona la legitimidad del Gobierno para proponer cambios. Lo que solicita es una cirugía legislativa precisa: permitir que se avance en la discusión sobre las PASO, pero separando ese debate del concerniente a los debates presidenciales obligatorios. Como señalan las organizaciones, "una reforma electoral no debería implicar un retroceso en ese derecho ciudadano". En otras palabras, los cambios al sistema electoral pueden ser vastos y profundos, pero no deberían producir, como "efecto colateral", la eliminación de instituciones democráticas que gozan de amplio respaldo y que cumplen funciones específicas y reconocidas.

Las implicancias de una decisión en ciernes

Lo que está en juego en los próximos días, mientras los senadores debaten esta cuestión, es la definición de qué tan profundamente la reforma electoral modificará el andamiaje democrático nacional. Si se aprueba el proyecto tal como está redactado, Argentina pasaría de un sistema donde los debates presidenciales son obligatorios a uno donde su realización dependa, nuevamente, de acuerdos voluntarios entre candidatos. Esto abriría una serie de escenarios posibles. En algunos casos, los candidatos competitivos podrían acordar debatir de todas formas, movidos por el interés en demostrar sus capacidades. Pero en otros, algunos postulantes podrían calcular que no les conviene enfrentar ciertas preguntas o competir en ciertos formatos, y simplemente optar por no participar.

Los eventuales beneficiarios de esta ausencia de obligatoriedad serían, presumiblemente, aquellos candidatos que perciben que el debate les perjudica, mientras que los perjudicados serían los ciudadanos, quienes verían reducida su capacidad de acceso a información sobre todas las opciones presidenciales disponibles. Esto podría generar, además, una desigualdad competitiva: algunos candidatos llegarían a los electores a través de múltiples canales (sus propios medios, redes sociales, campañas), mientras que otros evitarían el debate público directo. La consecuencia sería un sistema electoral menos simétrico, donde no todos los candidatos se someten a las mismas pruebas públicas.

Desde otra perspectiva, es posible argumentar que obligar a los candidatos a debatir limita su libertad de acción y que, si los ciudadanos desean conocer sus posiciones, existen múltiples medios alternativos para hacerlo. En esta lógica, la obligatoriedad constituiría una intrusión estatal innecesaria en las decisiones de los postulantes. Sin embargo, esta perspectiva choca con el argumento de que no se trata de un derecho de los candidatos sino de un derecho de la ciudadanía, lo que cambiaría el balance de intereses en juego.

Lo que ocurra en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en las próximas semanas tendrá implicancias que trascenderán el texto legal. Establecerá un precedente sobre cómo el sistema democrático argentino resuelve los dilemas entre reforma y continuidad institucional, entre la voluntad de cambio y la preservación de conquistas cívicas previas. Definirá también si los debates presidenciales seguirán siendo, como han sido desde 2016, una institución democrática con fundamento legal sólido, o si revertirán al status anterior donde su realización dependa de negociaciones entre candidatos.