Un ciclo de retroceso que busca revertirse
Los movimientos sociales atraviesan un período de contracción sin precedentes en los últimos años. Las principales organizaciones que nuclean al peronismo social y a sectores piqueteros enfrentan una simultaneidad compleja: reconocen públicamente su debilitamiento institucional mientras sostienen que las bases materiales para un resurgimiento se están consolidando. Este escenario marca un quiebre significativo respecto a ciclos anteriores, donde estas agrupaciones funcionaban como actores determinantes en la movilización callejera y la prestación de servicios sociales en territorios vulnerables.
Lo que está en juego trasciende los números de militantes perdidos o comedores cerrados. Se trata de una reconfiguración de la capacidad de organización política en barrios y localidades del conurbano bonaerense y el interior del país. Las políticas implementadas durante la actual gestión han golpeado directamente la estructura operativa de estas organizaciones: se redujeron drásticamente los fondos destinados a programas asistenciales, se judicializaron a sus dirigentes y se modificaron las reglas de acceso a beneficios estatales que estas agrupaciones intermediaban.
El Polo Obrero: entre la contracción y la esperanza de reorganización
El Polo Obrero proporciona cifras que documentan el alcance de la crisis. La organización que opera principalmente en la zona sur del conurbano y tiene presencia en varias provincias redujo su base de militantes activos a entre 15.000 y 17.000 compañeros, según informó Eduardo Belliboni, su máximo referente. Esta cifra representa una caída significativa respecto a sus épocas de mayor influencia, cuando la organización podía convocar a decenas de miles de personas en movilizaciones conjuntas con otras agrupaciones piqueteras.
El deterioro se observa especialmente en la red de comedores que administra. La organización pasó de casi 3.000 espacios de distribución de alimentos a aproximadamente 1.300, un retroceso de más del 50 por ciento. Belliboni atribuye esta caída a la decisión del gobierno de suspender el envío de alimentos destinados a estos espacios, medida que, según su interpretación, vulneró un fallo judicial. Sin embargo, simultáneamente reporta un fenómeno paradójico: aunque disminuyó la cantidad de comedores operativos, aumentó la cantidad de personas que se acerca a solicitar asistencia alimentaria. Esto sugiere una concentración de la demanda en menos puntos de distribución, lo que genera presiones operacionales adicionales.
A pesar de este diagnóstico desalentador, Belliboni proyecta una recuperación inminente. Señala que el movimiento piquetero comienza nuevamente a organizarse con intensidad, ejemplificando con la movilización del 7 de abril, cuando aproximadamente 80 organizaciones piqueteras convergieron en una acción conjunta que incluyó cortes en 100 puntos del país. Esta convergencia resulta relevante porque indica que, aunque individualmente las organizaciones han perdido poder, existe un potencial de recomposición mediante alianzas amplias.
Un aspecto central en el diagnóstico de Belliboni refiere al carácter de la persecución que enfrentan los dirigentes sociales. Sostiene que el gobierno utiliza argumentaciones políticas disfrazadas de cargos legales. Belliboni mismo se encuentra procesado en una causa en la que se lo acusa, junto a otros dirigentes, de desvío de fondos sociales y extorsión. Desde su perspectiva, se trata de un mecanismo de intimidación dirigido a desarticular la capacidad organizativa de estas agrupaciones mediante instrumentos judiciales.
El Movimiento Evita: la persistencia de la estructura territorial
El Movimiento Evita, integrado mayoritariamente por sectores vinculados al peronismo tradicional, presenta un análisis del retroceso que enfatiza la persistencia de estructuras de base. Según Patricio Cubría, referente de la organización, la militancia "sigue en todos lados" pero experimentó una drástica reducción en la capacidad de movilización pública. Lo que se retiró, según su interpretación, fue principalmente el financiamiento estatal que permitía sostener y expandir iniciativas de acción social.
El Movimiento Evita reporta una base de aproximadamente 16.700 militantes distribuidos en múltiples ramas de actividad. Estos se desagregan de la siguiente manera: 5.000 personas se desempeñan como trabajadores de espacios públicos (feriantes, vendedores ambulantes en transporte, artistas callejeros, cuidacoches); 1.500 integrantes del área de liberados, es decir, personas con antecedentes penales que trabajan en cooperativas; aproximadamente 3.000 mujeres realizan tareas de cuidado de adultos mayores; 300 productores de agricultura familiar y 200 dedicados a producción textil.
La estructura de frentes temáticos amplifica la penetración territorial. El frente estudiantil concentra alrededor de 1.500 estudiantes de nivel secundario y superior; el Frente de Mujeres Evita agrega una cantidad similar; el frente de juventud nucleaba aproximadamente 3.000 jóvenes; mientras que estructuras especializadas en técnicos y profesionales, educación e igualdad de género completan la trama organizativa con entre 200 y 300 integrantes cada una. Esta diversificación temática y sectorial distingue al Movimiento Evita de otras agrupaciones piqueteras, permitiéndole mantener una presencia multifacética en territorios urbanos y rurales.
La red de comedores del Movimiento Evita funciona en aproximadamente 2.000 espacios, aunque operan de forma irregular. Desde la organización reconocen una contradicción sistémica: la demanda por alimentos crece, pero la capacidad financiera y logística para mantener una operación diaria sostenida disminuye. Esta tensión refleja una realidad más amplia: las condiciones de vida se deterioran, ampliando la base potencial de beneficiarios, pero al mismo tiempo se erosiona la infraestructura de asistencia que estas organizaciones construyeron en décadas anteriores.
La Corriente Clasista y Combativa: movilización versus supervivencia cotidiana
La CCC, vinculada al Partido Comunista Revolucionario, reporta dinámicas similares a las observadas en otras agrupaciones. La organización admite una caída en la cantidad de personas que participa en movilizaciones callejeras, pero simultáneamente registra un incremento del 30 por ciento en la concurrencia a sus comedores. Este desplazamiento sugiere que la lógica de la acción política se reorientó: en contextos de precarización económica extrema, la búsqueda de alimentación cotidiana cobra prioridad sobre la participación en protestas públicas.
Los dirigentes de la CCC explicitan que "hay una baja en el grado de movilización debido a que la mayoría necesita hacer changas para subsistir". Esta caracterización resulta analíticamente relevante porque desplaza el foco de responsabilidad de factores represivos o de cooptación institucional hacia una lógica material: cuando el tiempo debe dedicarse por completo a la generación de ingresos informales para cubrir necesidades básicas, la capacidad de participación en acciones colectivas se contrae naturalmente.
El contexto de persecución institucional
Paralela a la contracción orgánica de estas agrupaciones, existe un vector de presión institucional que todas ellas identifican. Múltiples dirigentes enfrentan procesos judicales que, según sus propias interpretaciones, utilizan instrumentos legales con propósitos políticos. La judicialización de la política social representa un mecanismo de incidencia que trasciende el mero encarcelamiento de individuos: funciona como disciplinamiento de una clase política que puede ser desarticulada mediante aperturas de causas legales.
El gobierno, por su parte, sostiene métricas alternativas para evaluar el impacto de sus políticas. En el discurso de apertura de sesiones, el presidente destacó aumentos porcentuales significativos en programas de asistencia: la Asignación Universal por Hijo creció 492,9 por ciento respecto a 2023, se incorporaron 600.000 chicos nuevos a este programa, la Prestación Alimentar se incrementó en 137,5 por ciento, mientras que las becas de Primera Infancia se elevaron más de 500 por ciento y la prestación Primeros Mil Días creció más de 1.100 por ciento. Estos números, según el gobierno, indican que la asistencia estatal se fortaleció, aunque canalizándose directamente desde el Estado en lugar de intermediada por organizaciones sociales.
Adicionalmente, el oficialismo reporta una reducción en la cantidad de piquetes realizados, pasando de 9.000 anuales a cero, cifra que caracteriza como un éxito de su gestión. Sin embargo, la propia definición de qué constituye un "piquete" y cómo se computan estas acciones permanece bajo disputa. Las organizaciones sociales argumentan que existen metodologías de registro que no capturaría movilizaciones de menor escala o aquellas que no derivan en conflictividad directa con fuerzas de seguridad.
Perspectivas futuras y reconfiguraciones en ciernes
Más allá de los números actuales, existe una cuestión que trasciende el debate inmediato sobre cifras de militantes y comedores. El comportamiento de estas organizaciones durante los próximos meses podría indicar si estamos ante un debilitamiento estructural duradero o ante un paréntesis temporal en un ciclo más extenso. Las propias agrupaciones sostienen que el empeoramiento de condiciones económicas generará nuevos afiliados y reforzará las estructuras territoriales. Esta hipótesis descansa en la premisa de que la demanda por servicios asistenciales crecerá más rápidamente que la capacidad del Estado de satisfacerla, permitiendo que las organizaciones sociales recobren relevancia como canales de distribución de recursos y como espacios de articulación política.
Alternativamente, el debilitamiento podría consolidarse si el Estado logra desactivar las redes comunitarias mediante sistemas de asistencia directa y digitalizada, eliminando intermediarios. En este escenario, las organizaciones sociales perderían funcionalidad incluso si persisten estructuralmente. Un tercer escenario contempla una reconfiguración hacia modelos menos orientados a la movilización de masas y más enfocados en la prestación de servicios territoriales con baja visibilidad pública, permitiendo que estas agrupaciones continúen incidiendo en territorios sin protagonismo mediático.
Lo que está en claro es que la arquitectura política y social que caracterizó a los gobiernos precedentes se modificó significativamente. Independientemente de cuál sea el resultado final, las condiciones bajo las cuales operan estas organizaciones cambiaron, sus recursos disminuyeron, sus estructuras se contrajeron y sus bases sociales se recomponen bajo presiones materiales intensas. Las próximas etapas dirán si se trata de un ajuste transitorio o de una reconfiguración más profunda del mapa de fuerzas que actúan en territorios urbanos y rurales del país.
