El asalto político a la obra social del Estado
La tranquilidad de la sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial ubicada en el corazón de La Plata se quebró el jueves pasado cuando un contingente legislativo comandado por figuras de la bancada libertaria ingresó con un documento de reclamo que resume, como en pocas ocasiones, el estado de fracturas políticas que atraviesa la provincia de Buenos Aires. No se trató de una simple visita de control. El despliegue de más de 15 senadores y diputados provinciales respondió a una estrategia deliberada: trasladar hacia las puertas de una institución que administra recursos de más de dos millones de bonaerenses las acusaciones que circulan en los pasillos legislativos. El timing no fue casual: apenas veinticuatro horas después de que el sector sanitario nacional marchara contra la gestión de Javier Milei, los diputados y senadores alineados con el Presidente optaron por canalizar su respuesta cuestionando la administración provincial de una obra social que comanda Homero Giles, cercano a La Cámpora.
Los nombres de quienes encabezaron la delegación resultan significativos para comprender las dinámicas internas del espacio libertario bonaerense. Carlos Curestis, al frente del bloque de senadores, y Juan Osaba, quien ocupa la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, lideraron el operativo que incluyó además a Analía Balaudo, Diego Valenzuela, Matías de Urrazay y Luciano Olivera en el Senado, mientras que por Diputados participaron Analía Corvino, Ramón Vera, Pablo Morillo, Maximiliano Bondarenko, Geraldine Calvella, Luis Ontiveros, Mariela Vitale, Fernanda Coithino, Carla Pannelli, Florencia Retamoso y Oriana Colugnatti. Su presentación en la mesa de entradas del IOMA no fue un acto espontáneo sino una movida coordinada que buscaba visibilidad mediática y, simultáneamente, documentar formalmente sus demandas ante la administración estatal.
Un inventario de grietas sin resolver
El petitorio que los legisladores depositaron ante la entidad sintetiza un cúmulo de problemas cuya existencia trasciende las posiciones políticas. Entre los puntos solicitados figuran datos pormenorizados respecto de deudas acumuladas con prestadores de servicios médicos, registros sobre interrupciones de cobertura, expedientes de demandas judiciales que pesan sobre la obra social, información relativa a la situación de afiliados con discapacidad, disponibilidad de prestaciones en salud mental, esquemas de copagos, estado de los convenios suscritos con profesionales y clínicas, y ejecución presupuestaria completa. El documento también incorporó proyectos de ley, pedidos de informes previos y resoluciones que distintos legisladores habían presentado en ambas cámaras, buscando así compilar un expediente integral de reclamos que permita visualizar la magnitud del fenómeno.
Los propios legisladores libertarios argumentaron que la presentación directa en la sede obedecía a una frustración institucional específica: la parálisis legislativa que caracteriza al Parlamento bonaerense desde el comienzo del año. Aunque Axel Kicillof inauguró formalmente el período ordinario de sesiones el 2 de marzo, ninguna de las dos cámaras legislativas ha conseguido realizar una sesión ordinaria efectiva. La interna del oficialismo bonaerense, dilacerada por fracturas entre distintos sectores, impide que se avance en la agenda legislativa. Ante este cuadro de bloqueo institucional, la estrategia libertaria consistió en desplazarse territorialmente hacia donde se ejecutan las decisiones administrativas que critican. Curestis señaló públicamente que los afiliados a la obra social "todos los días encuentran más dificultades para acceder a atención médica", mientras que Osaba fue más directo al apuntar hacia la "preocupante demora de pago a los prestadores médicos, la grave deficiencia en el servicio de salud y la absoluta falta de transparencia sobre el destino de los fondos públicos que se desvían hacia la pauta publicitaria".
El telón de fondo: prestadores en alerta y familias en duelo
La irrupción legislativa no ocurre en el vacío sino que se inscribe en un contexto de crisis prestacional que adquiere dimensiones cada vez más visibles. El viernes inmediato a la presentación del pliego libertario, psicólogos que trabajan para el IOMA decretaron un paro de actividades argumentando que la obra social mantiene facturas sin pagar desde hace más de treinta días, con documentación de remito pero sin órdenes de pago emitidas. El Colegio de Psicólogos de La Plata describió el escenario como generador de "incertidumbre e incumplimiento sostenido" hacia los prestadores. Días antes, durante la semana previa, familias se congregaron frente a la sede de la obra social en Mar del Plata para protestar por lo que consideran fue negligencia médica que derivó en la muerte de Silvia Nancy González, una paciente de 56 años, cuyo fallecimiento atribuyeron a "abandono y deshumanización" durante su tratamiento en clínicas del IOMA y en los procesos de traslado.
La judicialización del conflicto ya había comenzado meses atrás. En noviembre del año pasado, Marcelo Mazzeo, concejal libertario de Esteban Echeverría, radicó una denuncia ante la Justicia pidiendo que se investigue tanto a Giles como al gobernador Kicillof por "administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita". A pesar de estas denuncias y del caudal de reclamos que llegan desde distintos sectores, el gobernador sostuvo públicamente su respaldo hacia la conducción de la obra social, dando señales de que la gestión de Giles mantiene su confianza política.
La contracara oficial y los argumentos sobre el contexto
Desde el oficialismo provincial no tardó en llegar la respuesta. Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense y militante de La Cámpora al igual que Giles, caracterizó la presentación legislativa libertaria como un acto de politización destinado a evadir responsabilidades que considera propias del gobierno nacional. Kreplak sostuvo que "frente a una crisis sanitaria cada vez más profunda, la única respuesta que encuentran es atacar al IOMA y politizar la discusión, para no hablar de los problemas reales que atraviesa todo el sistema de salud". En su argumentación, el funcionario enfatizó que "lo que sucede con el IOMA no excede a la situación que atraviesa el conjunto de las obras sociales y del sistema de seguridad social argentino" e insistió en que "aun en este contexto, el IOMA sigue aumentando prestaciones y sosteniendo cobertura".
Esta línea argumentativa busca inscribir los problemas del IOMA dentro de una crisis sistémica más amplia, atribuyendo buena parte de las dificultades al contexto macroeconómico nacional. Sin embargo, tal perspectiva no desvanece las quejas específicas que se concentran en la obra social bonaerense: prestadores sin cobrar, afiliados sin acceso a servicios cubiertos, y familias que atraviesan situaciones de abandono asistencial. La tensión entre la lectura que sitúa los problemas en el plano de factores estructurales versus aquella que los ubica en decisiones administrativas locales constituye el núcleo del debate que enfrenta al oficialismo bonaerense con la oposición libertaria.
Implicancias políticas y proyecciones futuras
El episodio de la presentación legislativa ante el IOMA refleja dinámicas que probablemente se intensificarán en los próximos meses. Por un lado, la incapacidad del Poder Legislativo bonaerense para sesionar de modo ordinario crea un vacío que los actores políticos tienden a llenar mediante acciones más visibles pero menos institucionalizadas. Por otro lado, los reclamos relacionados con prestaciones sanitarias y pagos a prestadores constituyen un terreno fértil para la acumulación de presión política, particularmente si continúan documentándose casos de personas que no acceden a servicios o cuya salud se ve comprometida por deficiencias administrativas. La reiteración de paros sectoriales, manifestaciones de familias afectadas y denuncias judiciales incrementa el costo político de la situación para cualquier gestión. Mientras tanto, la pregunta sobre si esta crisis responde primordialmente a decisiones locales o si constituye un reflejo de problemas sistémicos más amplios seguirá siendo disputada desde distintas perspectivas políticas, cada una enfatizando aspectos que refuerzan sus propias interpretaciones sobre responsabilidades y soluciones.
