La discusión que mantienen los gobernadores con el Ejecutivo Nacional en estos días no transcurre en igualdad de condiciones. Mientras avanzan conversaciones sobre temas que van desde reformas electorales hasta cuestiones presupuestarias, existe un factor estructural que nivela hacia abajo cualquier posibilidad de que las provincias impongan sus demandas con firmeza: tienen menos plata que hace tres años. Los datos son contundentes y revelan una realidad que atraviesa jurisdicciones de distinto color político, tamaño económico y estructura productiva. Después de casi 36 meses de ajustes consecutivos, los gobiernos subnacionales no cuentan con la disponibilidad de recursos que les permitiría negociar desde una posición de mayor fortaleza. Esta debilidad fiscal, que se distribuye de manera desigual según cada provincia, condiciona el alcance de cualquier acuerdo que pueda cerrarse en los próximos meses.
La brecha entre Nación y provincias: quién ajustó más y por qué
Un análisis comparativo de los números durante el período 2023-2025 expone una asimetría que favorece al gobierno central a costa del sector subnacional. Mientras la administración nacional logró reducir su gasto primario en 27,8% en términos reales, las provincias tuvieron que conformarse con un recorte de 10,6%. Pero aquí viene lo paradójico: aunque el gasto provincial cayó menos proporcionalmente, sus ingresos se derrumbaron significativamente más. Los ingresos nacionales retrocedieron 5,5% en términos reales durante esos dos años, mientras que los ingresos provinciales se contrajeron 11,2%. En otras palabras, las provincias no solo tuvieron que ajustar sus gastos, sino que además enfrentaron una caída más pronunciada en lo que perciben.
Cuando se observa la relación entre estos números y el Producto Bruto Geográfico, la pintura se vuelve aún más clara. Los recursos de las provincias pasaron de representar 16,8% de su PBI combinado en 2023 a apenas 15,4% en 2025, una caída de 1,4 puntos porcentuales. En contraste, a nivel nacional la reducción fue de apenas 0,3 puntos (de 14,5% a 14,2%). Esta diferencia, aunque pueda parecer técnica, tiene consecuencias muy reales: la Nación logró pasar de un déficit primario cercano al 3% del PBI en 2023 a un superávit superior al 1% en 2024 y 2025. Las provincias, con un ajuste más moderado del gasto pero una caída proporcionalmente mayor de ingresos, apenas lograron mantener el equilibrio. En 2025, su gasto primario equivalió al 15,5% del PBI, frente a ingresos por 15,4%: una cuerda floja sin red de contención.
La geografía de la crisis: algunas provincias se hunden mientras otras nadan
Aunque la tendencia general apunta hacia la contracción, los números esconden realidades territoriales radicalmente distintas. Algunas jurisdicciones están sumidas en una crisis fiscal profunda, mientras que otras logran mantener cierto nivel de actividad económica. Esta disparidad es crucial para entender por qué los gobernadores no llegan a la mesa de negociación con una posición unificada.
Tomemos dos casos extremos que ilustran la magnitud de las diferencias. En Formosa, el gasto primario alcanza el 50% de su PBG—una proporción insostenible que refleja una economía provincial prácticamente dependiente de transferencias externas. En el otro extremo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ese mismo indicador apenas representa el 9%. El promedio nacional de todos los distritos se ubica en 22%. Más allá de CABA, que es un caso especial, esta variación explica por qué gobiernos provinciales tienen márgenes completamente distintos para maniobrar.
Un caso que merece atención especial es el de Neuquén, la única de las 24 jurisdicciones que logró aumentar sus ingresos en términos reales entre 2023 y 2025. Los números del territorio patagónico revelan el impacto de Vaca Muerta: mientras el resto del país sufría contracción económica y fiscal, Neuquén crecía. En el extremo opuesto, La Rioja experimentó una caída real del 24% de sus ingresos y del 22% de sus gastos primarios. Estas realidades opuestas no son anécdotas sino indicadores de que la Argentina federal no está atravesando una crisis única, sino múltiples crisis simultáneas según la capacidad productiva de cada provincia.
El colapso de la recaudación propia: la pérdida de autonomía fiscal
Quizás el dato más preocupante para los gobiernos provinciales sea la caída en sus propios recursos tributarios. Estos ingresos son fundamentales porque representan la única herramienta que tienen las provincias para amortiguar las variaciones en las transferencias que reciben de Nación. Sin ellos, quedan completamente a merced del gobierno central. La recaudación consolidada entre enero y agosto de este año cayó 3,2% en términos reales respecto del mismo período de 2025. Pero cuando se compara con 2023, el retroceso es más profundo: 9,4%. Si se excluye CABA de los cálculos, la baja es de 5,3%.
Analizando provincia por provincia, el panorama es desolador. De las 24 jurisdicciones, 19 recaudaron menos en términos reales cuando se las compara con 2023. Las caídas más severas corresponden a Misiones con una reducción de 31,1%; Chaco con 21,8%, y Formosa con 20,9%. Solo tres provincias lograron aumentar significativamente su recaudación: Córdoba con una mejora de 2,7%; Río Negro con 22,2%, y Neuquén con 24,5%. Esta disparidad es fundamental porque explica las distintas posturas que asumen los gobernadores en cualquier negociación: no están parados sobre la misma base económica.
La foto de 2026: equilibrios frágiles y déficits explosivos
Durante el primer semestre del año en curso, la situación se vuelve más precaria aún. Los ingresos totales cayeron 0,5% en términos reales de manera interanual, mientras que el gasto total se mantuvo prácticamente estable. Este aparente equilibrio, sin embargo, esconde tensiones que se distribuyen de forma muy desigual entre las provincias. El superávit primario consolidado equivale solo a 2,2% de los ingresos totales, frente a 2,5% en el mismo período de 2025. Más preocupante aún es el superávit financiero, que incluye el pago de intereses de la deuda: fue de apenas 0,2% de los ingresos contra 0,8% de un año atrás. Este margen de apenas dos décimas es prácticamente inexistente.
De las 21 jurisdicciones para las cuales existe información disponible (La Pampa, San Luis y Santiago del Estero no tienen datos actualizados), 15 cerraron el primer semestre con superávit primario. Sin embargo, los números varían enormemente. CABA logró un superávit equivalente a 12,6% de sus ingresos; Jujuy alcanzó 12,2% y Mendoza llegó a 11,4%. En el otro extremo, Corrientes apenas logró un superávit de 1,5% y Misiones apenas de 0,2%. Las seis jurisdicciones restantes experimentaron déficit primario durante esos seis meses. Tierra del Fuego mostró el desequilibrio más pronunciado, equivalente a 21,9% de sus ingresos, seguida por Santa Fe con 11,3%. Estos números indican que varias provincias están quemando reservas o endeudándose para poder funcionar.
Cuando se incluye el pago de intereses de la deuda en el cálculo, el panorama se oscurece. El resultado financiero fue positivo en solo 14 jurisdicciones. CABA, Jujuy y Mendoza nuevamente mostraron el mejor desempeño, pero Misiones quedó en equilibrio financiero—es decir, sin margen alguno. Tierra del Fuego registró un déficit de 23,1% de sus ingresos; Santa Fe de 12,5%, y Santa Cruz de 10,2%. Estos números indican que después de pagar los intereses de lo que deben, varias provincias no tienen un centavo disponible para gastar en servicios o inversión.
La negociación con cartas marcadas: por qué los gobernadores no pueden resistir
Es en este contexto donde debe interpretarse la actual ronda de negociaciones entre gobernadores y el gobierno nacional. El jefe de Gabinete ha mantenido encuentros con distintos mandatarios provinciales durante la última semana, con temas que van desde reformas electorales hasta asuntos presupuestarios. Pero estas conversaciones no se desarrollan en terreno parejo. Los datos económico-financieros revelan exactamente por qué los gobernadores no logran una posición homogénea en la mayoría de los temas: simplemente no están en el mismo bote.
Chaco, gobernada por una administración radical que se alinea con el proyecto libertario, es un ejemplo ilustrativo. Durante el período 2023-2025, su recaudación propia se desplomó 21,8% en términos reales. El distrito requiere asistencia financiera casi permanente de la Nación para poder funcionar. Paradójicamente, durante el primer semestre de 2026, logró pasar de un déficit primario de 3,8% de sus ingresos en igual período de 2025 a un superávit de 7,2%. ¿Cómo? Solo gracias a una mayor transferencia nacional. Misiones presenta un cuadro aún más dramático: su recaudación propia acumulada hasta agosto cayó 31,1% respecto de 2023. El superávit primario del primer semestre quedó reducido a apenas 0,2% de los ingresos, y su equilibrio financiero fue nulo. Con estos números, cualquier gobernador tiene poco espacio para negociar.
Córdoba es un tercer caso que ilustra cómo incluso las jurisdicciones que mantienen resultados positivos están bajo presión. Aunque registró una mejora de 0,3% interanual de sus ingresos totales durante el primer semestre, su gasto total aumentó 3,4%. Su superávit primario equivalió a 5,4% de los ingresos, por debajo del 8,5% registrado en el mismo período del año anterior. En otras palabras, aunque Córdoba no está en crisis, sí está comprimida. Su margen de maniobra se achica año tras año.
Las implicancias de una negociación asimétrica
Cuando un gobernador se sienta a negociar con el gobierno nacional desde una posición de debilidad fiscal extrema, las cartas están marcadas de antemano. Los números que hemos reseñado sugieren múltiples escenarios posibles en los meses venideros. Por un lado, existe la posibilidad de que las provincias con mayores dificultades (Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, Formosa, entre otras) terminen aceptando acuerdos que, en otras circunstancias, hubieran rechazado, simplemente porque no tienen alternativas viables. El costo político de un colapso administrativo—falta de salarios, servicios públicos desfinanciados, paralización de obra pública—es tan alto que cualquier transacción puede parecer aceptable. Por otro lado, aquellas provincias que logran mantener márgenes positivos (como Córdoba, Mendoza, Jujuy y CABA) podrían intentar diferenciarse en la negociación, buscando acuerdos que reconozcan su mejor desempeño fiscal. Sin embargo, estas también están bajo presión y es probable que terminen alineándose con las posiciones del gobierno nacional para asegurar que las transferencias no se corten. Finalmente, existe el riesgo de que la heterogeneidad fiscal genere divisiones permanentes entre gobernadores, fragmentando aún más la capacidad de las provincias para actuar como contrapeso institucional frente al poder central. La realidad es que, con arcas vacías, cualquier gobierno subnacional tiene muy poco que ofrecer en una negociación y mucho que temer de una ruptura con quien controla las transferencias.
