Un nuevo escenario de fuerzas en el Congreso
La configuración del poder legislativo atraviesa un giro estratégico que marca distancia con los primeros meses de gestión gubernamental. Los mandatarios provinciales del norte argentino han comenzado a reorganizar sus posiciones dentro del Congreso Nacional, estableciendo una nueva matriz de negociación que promete ser más exigente y selectiva. Este movimiento no representa un quiebre total con la administración nacional, sino más bien un recalibrado de fuerzas donde los gobernadores buscan incrementar su capacidad de influencia a través de la coordinación territorial. Lo que está en juego es nada menos que la capacidad de estas provincias para obtener recursos y políticas públicas ajustadas a sus realidades locales en un contexto donde el calendario electoral se acerca con rapidez.
Los referentes políticos del norte —provenientes de Misiones, Salta, Tucumán y Catamarca— han acordado transitar una senda diferente respecto a los últimos dos años de gestión. Durante ese período, las transferencias presupuestarias conocidas como Aportes del Tesoro Nacional (ATN) funcionaron como el principal mecanismo de negociación y compensación política. Ahora, estos gobernadores plantean una estrategia radicalmente distinta: negociar "ley por ley" y con beneficios concretos y verificables para sus provincias. Un funcionario misionero resumió así la nueva postura en las instalaciones de Diputados: "Vamos a discutir políticas públicas". El cambio de retórica no es menor. Implica pasar de un sistema de negociación opaco, centrado en la asignación discrecional de fondos, hacia uno que exige transparencia normativa y especificidad territorial en los beneficios.
La apuesta de estos gobernadores descansa en una premisa clara: los votos tienen un precio que debe ser pagado en políticas concretas, no en promesas difusas. Uno de los referentes norteños expresó con claridad: "Ya no se negociará por ATN". Esta declaración resume el quiebre con la lógica anterior. La intención declarada no es conformar un bloque unificado que se oponga al Ejecutivo, ni tampoco transitar hacia las filas de la oposición pura. Se trata de una operación más sofisticada: mantener una posición de independencia relativa que les permita extraer mayores concesiones legislativas. En el contexto actual, donde el Gobierno enfrenta desafíos para consolidar mayorías parlamentarias en múltiples temas, esta actitud de los gobernadores norteños adquiere considerable relevancia.
Grandes inversiones y privatizaciones en marcha
Mientras las negociaciones parlamentarias se tensan, la administración ejecutiva avanza sin pausas en la implementación de su agenda de reformas estructurales. El Ministerio de Economía ha suscrito durante estos días un conjunto de resoluciones destinadas a facilitar inversiones significativas en sectores estratégicos. La más prominente involucra a Tecpetrol, la empresa petrolera del Grupo Techint, que ha obtenido la aprobación formal para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) con su proyecto denominado Los Toldos II Este, localizado en la formación de Vaca Muerta. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien comunicó este hito durante la jornada de miércoles.
Los números del proyecto petrolífero resultan relevantes para comprender la magnitud de lo que está en desarrollo. Tecpetrol destinará aproximadamente 6.400 millones de dólares en inversión total, lo que constituye el desembolso más significativo en la historia de la compañía hasta el momento. La meta productiva fijada es alcanzar 70.000 barriles diarios de petróleo para el año 2027. Este cronograma y estos montos colocan a Vaca Muerta nuevamente en el centro de la estrategia energética nacional, reafirmando su condición de región clave para la generación de divisas y empleo sectorial. El proyecto representa, además, una validación de confianza en la continuidad de las políticas macroeconómicas del Gobierno, al menos por parte de uno de los mayores conglomerados empresarios del país.
Paralelamente, el Ejecutivo ha iniciado el proceso de privatización del Belgrano Cargas, una empresa estatal que opera tres líneas ferroviarias de carga. La resolución que autoriza el llamado a licitación fue firmada por Caputo el miércoles a las 13.03 horas y será publicada en el Boletín Oficial durante la jornada siguiente. Las características del proceso merecen atención específica. La concesión será otorgada por un período de 50 años, y se espera que las empresas interesadas realicen inversiones de aproximadamente 1.000 millones de dólares. El régimen de incentivos fiscales (RIGI) estará disponible para los adjudicatarios, lo que reduce significativamente la carga tributaria de estos emprendimientos. Existe, además, una cláusula explícita que prohíbe la participación de empresas controladas por Estados extranjeros, un criterio que el Gobierno ha denominado en medios especializados como "cláusula anti-China". Este mismo principio fue aplicado en procesos anteriores relativos a la Hidrovía y al proyecto AMBA I.
Las tres líneas ferroviarias incluidas en esta primera etapa —Belgrano, San Martín y Urquiza— comprenden tanto las vías como los inmuebles aledaños. Los potenciales oferentes dispondrán de tiempo hasta el 28 de octubre para presentar consultas técnicas, mientras que el plazo para depositar las ofertas cierra el 11 de noviembre a las 9.59 horas, con apertura de sobres programada un minuto después. Las licitaciones correspondientes a las restantes unidades de negocio, entre ellas los talleres de mantenimiento, quedarán agendadas para los primeros meses del año 2025. Esta estructuración por etapas permite al Gobierno mantener el proceso visible públicamente mientras mantiene cierta discrecionalidad en los tiempos de implementación.
Mercados de capitales en expansión y advertencias del peronismo
El fenómeno más llamativo en el sector financiero durante los últimos tres años ha sido la aceleración exponencial del mercado de capitales. Los datos disponibles demuestran que en lo corrido del año actual, el volumen de emisiones ya duplicó el total registrado durante todo el ejercicio 2023. Este dinamismo responde a múltiples factores concurrentes: el incremento en la cantidad de inversores participantes, una renovada disposición al riesgo en activos argentinos y un marco regulatorio que explícitamente busca minimizar obstáculos administrativos para que las empresas puedan financiarse a través del mercado de valores. En términos cuantitativos, tomando los últimos 12 meses, el volumen de emisiones alcanzó aproximadamente 40.000 millones de dólares.
Un detalle paradójico emerge de los números de regulación emitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV), la entidad encargada de supervisar la seguridad de los inversores. Mientras los funcionarios de esta institución repiten el mantra de "regular tanto como sea necesario, pero tan poco como sea posible", la gestión actual ha dictado 174 resoluciones en materia regulatoria. Esto contrasta radicalmente con el promedio histórico de 16 regulaciones anuales. Aunque muchas de estas resoluciones están orientadas a desmantelar trámites del pasado considerados innecesarios, el volumen mismo de cambios normativos resulta significativo. Esta contradicción entre el discurso desregulatorio y la actividad normativa intensiva revela la complejidad de transformar sistemas heredados del pasado.
Mientras tanto, desde el campo peronista surgen advertencias dirigidas a los inversores que pudieran creer en la solidez indefinida del rumbo actual. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anticipó hace poco días que si el peronismo retoma el poder en los próximos comicios electorales, su administración llevaría adelante políticas de expropiación y nacionalización de activos. "Hay que avisarles a los inversores: el peronismo va a revisar absolutamente todo. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar", manifestó Quintela el 6 de agosto en declaraciones radiales. El gobernador riojano tiene experiencia documentada en estas materias: durante su gestión anterior expropió el predio del Golf Club de La Rioja y casi 5.000 hectáreas que pertenecían al director técnico Ramón Díaz. Estas declaraciones no constituyen una amenaza abstracta, sino una promesa basada en antecedentes concretos de ejecución.
Movilización social contra el endeudamiento y reposicionamientos políticos
La próxima jornada de jueves contempla una nueva manifestación ciudadana convocada para protestar contra la política económica del Gobierno, específicamente orientada a visibilizar la problemática del endeudamiento de los hogares argentinos. La concentración iniciará a las 14 horas en el punto de encuentro de Paseo Colón e Independencia, desde donde los manifestantes se dirigirán hacia el Ministerio de Economía ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen número 250. La convocatoria reúne a actores provenientes de espectros políticos y sociales diversos: las tres centrales sindicales mayoritarias del país, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), movimientos sociales y territoriales de base, el colectivo Ni Una Menos especializado en violencia de género, además de sectores autoconvocados que se agrupan bajo la denominación Endeudadxs Organizadxs. Esta confluencia de actores refleja la amplitud del descontento respecto a aspectos específicos de la gestión económica, más allá de las divisiones políticas partidarias.
En el terreno de los reposicionamientos políticos intraperonistas, el autodenominado "peronismo federal" también conocido como "Grupo Parque Norte" profundiza su estrategia de construcción de alianzas territoriales. El objetivo declarado es fijar acuerdos en provincias que contemplan tomar cierta distancia respecto a la Casa Rosada, sin necesariamente integrarse a las terminales justicialistas tradicionales. Un despliegue territorial reciente de este espacio incluyó la visita de un equipo compuesto por los diputados nacionales Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Emir Félix, el armador porteño Juan Manuel Olmos y el intendente de Pilar Federico Achával a la provincia de Misiones, donde fueron recibidos por el gobernador Hugo Passalacqua. Esta reunión adquiere particular relevancia en el contexto de un profundo reordenamiento que experimenta el oficialismo misionero tras la ruptura del gobernador con su histórico referente político Carlos Rovira, figura que ejerció control territorial durante más de dos décadas.
Conflictos políticos de alcance internacional
Los conflictos políticos que rodean a miembros del círculo asesor presidencial trascienden las fronteras nacionales. Fernando Cerimedo, quien en su momento se desempeñó como asesor de Javier Milei, se ha visto involucrado en un episodio que combina elementos criminales y políticos en Bolivia. Se sospecha que Cerimedo pudo haber tenido algún tipo de responsabilidad en un ataque perpetrado por dos sicarios contra su expareja, Nadia Beller, quien fue baleada y robada en un hotel ubicado en Santa Cruz de la Sierra. Según relatos disponibles, Cerimedo recomendó a Beller, quien se encuentra embarazada, que se refugiara en ese hotel bajo la premisa de que estaría a resguardo mientras recibía información comprometida relacionada con el líder político Evo Morales. De manera perturbadora, Cerimedo mantuvo comunicación telefónica con Beller mientras ocurría la agresión.
Las dimensiones criminales de este episodio adquirieron importancia política cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció públicamente sobre el asunto durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional. Sheinbaum acusó a Cerimedo de "feminicida" y refirió su rol más amplio en América Latina. "Es asesor de varios presidentes de América Latina. El tema central es que aquí hemos denunciado que fomenta la difusión de noticias falsas", expresó la mandataria mexicana. Luego añadió información sobre vinculaciones empresariales: "La Derecha Diaria es parte de esta red, que opera en países de América Latina y que está vinculada con redes políticas. ¿Quiénes fundaron este medio? Dos personas: Cerimedo, que ayer fue detenido en Bolivia, y Javier Negre". Estas acusaciones formuladas por una mandataria de nivel presidencial elevan significativamente el perfil internacional de lo que podría haber permanecido como un conflicto puramente privado.
Ante estas acusaciones, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) emitió un comunicado de prensa negando de manera categórica cualquier vinculación contractual, laboral o de consultoría con Cerimedo. El abogado del argentino, Ernesto Giraldes, había asegurado que la entidad financiera pagaba por servicios de consultoría que Cerimedo brindaba al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. El CAF aclaró en su declaración que "el señor Fernando Cerimedo no ha mantenido ni mantiene ningún vínculo contractual, de consultoría ni de asesoría con la institución". Simultáneamente, Fernando Aramayo, ministro de Presidencia de Bolivia, también se distanció públicamente de Cerimedo, describiendo como sorprendente que este se haya presentado a sí mismo como asesor gubernamental. "No había una vinculación laboral [con Cerimedo], nunca tuvo un cargo. Yo soy ministro desde hace unos días y mentiría si dijera que me lo crucé en algún pasillo. Llama la atención que se haya presentado como asesor. Él no tiene activos a su nombre, lo que correspondería a alguien de la estructura", sostuvo Aramayo.
Estos episodios de carácter criminal que afectan a cercanos colaboradores de la administración nacional, junto con los interrogantes sobre financiamiento de medios y redes políticas transnacionales, plantean interrogantes sobre los alcances y las consecuencias de ciertos arreglos informales de poder que pueden operar en la región. El relativo silencio con el que estas acusaciones han sido tratadas en
