El alerta de quien conoce el sistema desde adentro

Durante décadas, Juan Carlos Maqueda estuvo en primera línea de las decisiones que moldean el funcionamiento institucional del país. Su paso por la Corte Suprema de Justicia finalizó hace poco más de un mes, pero su voz continúa resonando en espacios donde se debaten los fundamentos de la convivencia democrática. En un acto celebrado en la Academia Nacional de Periodismo, donde le otorgaron la Pluma de Honor, el exjuez pronunció advertencias que van más allá de lo académico: señaló que existen "desvíos" sistemáticos contra la libertad de expresión que actúan como termitas silenciosas, royendo los cimientos de la república desde dentro. La importancia de estas palabras radica en que provienen de quien participó en la construcción jurisprudencial que protege estos derechos fundamentales, y las pronuncia en un momento donde múltiples frentes atacan la capacidad de los comunicadores de ejercer su rol.

Lo que hace particularmente grave el diagnóstico de Maqueda es su timing. Sus señalamientos no surgen en el vacío, sino en un contexto donde los ataques a la prensa se han convertido en práctica cotidiana desde diferentes sectores del poder. El jefe del Ejecutivo ha desatado una campaña verbal sin precedentes contra periodistas, utilizando un lenguaje que redefine las formas de la confrontación política: los califica como "basuras", "miserables" e "inmundos", interpela a la población para que los "odie", y sus redes sociales funcionan como un permanente ataque a la credibilidad de quienes ejercen el periodismo. Simultáneamente, apenas horas antes del acto en la Academia, un magistrado de la Cámara Federal de Casación Penal anunció su intención de sancionar a miembros del Poder Judicial que mantengan contacto con comunicadores, extendiendo amenazas penales hacia los propios periodistas. Estos ataques coordinados desde el poder político y judicial revelan una arquitectura de presión pensada para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión.

La genealogía de un derecho bajo asedio

Maqueda optó por anclar su intervención en la historia misma de la libertad de expresión, trazando una línea que conecta pensadores de los siglos XVII y XVIII con la arquitectura constitucional argentina. Recordó que este derecho fundamental tiene raíces en John Milton, quien en el siglo XVII fue pionero en articular argumentos a favor de la libertad de prensa, pasando por John Locke y William Blackstone, filosofía política que luego fue incorporada a la Constitución de Estados Unidos y, desde allí, trasplantada a nuestra Constitución Nacional de 1853. Ese acervo se profundizó mediante las reformas constitucionales de 1860 y 1994, que fueron consolidando progresivamente la protección de este derecho. Lo que el exmagistrado intentaba transmitir es que no se trata de una invención reciente o caprichosa de activistas modernos, sino de un logro intelectual y político acumulado durante más de tres siglos de pensamiento liberal democrático. La libertad de expresión es, para Maqueda, la "libertad preferida" porque es condición sine qua non de la comunicación humana y, por extensión, de la posibilidad misma de existencia de una democracia funcional.

La Corte Suprema bajo la participación de Maqueda construyó una jurisprudencia específica sobre estos temas, sentando criterios que buscaban blindar a la prensa frente a persecuciones judiciales, censura estatal o represalias del poder político. Ahora, desde fuera de la institución, Maqueda advierte que esa doctrina está siendo erosionada. Su preocupación es que los "desvíos" actuales no necesariamente toman la forma de una prohibición explícita o una censura frontal —lo cual resultaría demasiado obvio en democracia—, sino que operan a través de mecanismos más sutiles pero igualmente efectivos: el hostigamiento sistemático, la estigmatización del periodista como enemigo público, la amenaza de sanciones penales contra comunicadores, la persecución judicial a través de demandas por difamación o injurias. Estos métodos logran el mismo efecto que una censura tradicional: el silencio por intimidación.

Las voces que aún se alzan desde instituciones

El acto en la Academia Nacional de Periodismo congregó a figuras relevantes de la política y la justicia. Entre los presentes estuvieron los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, ambos integrantes de la Corte, además de ex funcionarios como el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, el ex juez Ricardo Gil Lavedra, la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. La asistencia de Rosatti y Rosenkrantz es relevante en sí misma: indica que, al menos desde ciertos sectores de la magistratura, existe una intención de acompañar públicamente el mensaje sobre la importancia de defender la libertad de expresión. Notablemente, estuvo ausente el tercer miembro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien ha mantenido distancia de Maqueda en los últimos tiempos dentro del máximo tribunal. Esa ausencia también comunica, aunque en negativo.

Joaquín Morales Solá, presidente de la Academia, complementó el diagnóstico de Maqueda con testimonios desde la trinchera del periodismo cotidiano. Según su perspectiva, los comunicadores viven en condición de "víctimas de agresión permanente por parte del poder". Sostuvo que enfrentan acusaciones de mentir sin que se presente prueba alguna, e incluso imputaciones de cometer delitos sin fundamentos concretos. Esto describe una realidad donde la carga de la prueba ha sido invertida: en lugar de que se demuestre la comisión de un acto ilícito, el comunicador es colocado automáticamente en la posición de culpable y debe luego defenderse. Esta dinámica genera un efecto disuasorio potente: los periodistas pueden llegar a autocensurarse no porque una ley prohíba investigar, sino porque el costo político, reputacional y legal de hacerlo se vuelve prohibitivo.

Las implicancias de un debilitamiento gradual

Lo que emerge de esta convergencia de eventos —los ataques desde el poder ejecutivo, las amenazas desde la judicatura, las advertencias desde magistrados de peso— es que no existe una estrategia única y coordinada, pero sí un entorno cada vez más hostil para el ejercicio de la prensa libre. El historiador argentino Natalio Botana, quien fue fundador del diario Crítica en la década de 1920, experimentó en carne propia las persecuciones a la prensa. Hoy, casi un siglo después, aunque los métodos han cambiado, la intención persiste: limitar la capacidad de los ciudadanos de acceder a información crítica sobre los asuntos públicos. La diferencia es que en democracia, los ataques deben ser más sofisticados, porque la represión explícita generaría rechazo internacional y de sectores amplios de la población. Por eso funcionan mejor la descalificación permanente, la judicialización de controversias, la amenaza de sanciones penales, la presión sobre las fuentes.

La recepción de la Pluma de Honor por parte de Maqueda, lejos de ser un acto ceremonial sin consecuencias, representa un posicionamiento público de una figura con autoridad moral en materia de derechos fundamentales. Quien pasó años decidiendo casos sobre libertad de expresión no puede ignorar, ni pretender que la institucionalidad funciona cuando percibe que está siendo debilitada. Su presencia en ese acto, sus palabras, su validación del rol de la prensa, funcionan como un contrapeso simbólico frente a los ataques cotidianos. Sin embargo, el valor de la palabra institucional depende de que el sistema judicial en su totalidad actúe en coherencia. Cuando jueces amenazan con sanciones penales a comunicadores en lugar de proteger su derecho a informar, se fractura esa coherencia. Cuando el poder ejecutivo hostigua sin cesar mientras la Corte permanece silenciosa, la autoridad moral de los pronunciamientos se diluye.

La pregunta que flota detrás de estos eventos es qué significa que, en 2025, un ex juez de la Corte Suprema deba alertar públicamente sobre "desvíos" a la libertad de expresión. En democracias consolidadas del mundo desarrollado, esta advertencia resultaría alarmante. En Argentina, donde históricamente han existido períodos de autoritarismo y represión, la alerta resuena con particular intensidad. La libertad de expresión no es un derecho que se conquista una única vez y se mantiene automáticamente; requiere defensa permanente, vigilancia constante, y pronunciamientos públicos de quienes tienen la responsabilidad institucional de preservarla. El hecho de que Maqueda sienta necesidad de hacerlo a través de una distinción en la Academia de Periodismo sugiere que percibe que los canales institucionales ordinarios podrían no estar siendo suficientemente efectivos.

Escenarios posibles en el horizonte institucional

Las próximas semanas y meses determinarán si estas advertencias generan un cambio de tendencia o si, por el contrario, el entorno de presión sobre la prensa continúa intensificándose. Existen múltiples lecturas posibles: desde una perspectiva, los pronunciamientos de Maqueda y otros actores institucionales podrían funcionar como freno a futuras acciones más extremas, recordando que existen límites que, aunque puedan ser cuestionados, tienen cierto costo político si se los viola. Desde otra perspectiva, estos pronunciamientos podrían ser interpretados como síntomas de una batalla ya perdida, en la que los defensores de la libertad de expresión están en retirada. Un tercer escenario sería el de una confrontación creciente entre distintos sectores de la magistratura, con algunos pronunciamientos en defensa de la prensa y otros sosteniendo persecuciones judiciales contra comunicadores. En este último caso, la incertidumbre se convertiría en el estado natural de quienes ejercen el periodismo.

Lo que parece evidente es que la libertad de expresión, entendida como institución social y derecho fundamental, está siendo sometida a prueba. No mediante una prohibición legal explícita, sino mediante una combinación de presiones desde múltiples flancos: el político, el judicial, el mediático. Los resultados de esta prueba determinarán no solo la capacidad de los periodistas de ejercer su profesión, sino la viabilidad misma de una democracia funcional donde los ciudadanos puedan acceder a información diversa y crítica sobre asuntos de interés público. Maqueda y otros como él están intentando mantener viva esa conversación institucional. Qué suceda con esa conversación en los próximos meses dependerá de múltiples actores: jueces, políticos, propios medios de comunicación, y en última instancia, de la sociedad civil. Las instituciones democráticas, se ha dicho muchas veces, no se sostienen por sí solas; dependen de la convicción de que valen la pena preservar.