El espiral de acusaciones que se expande
La detención de Facundo Leal el pasado 27 de mayo abrió una caja de Pandora cuyas consecuencias trascienden al propio exfuncionario. Lo que comenzó como una investigación centrada en su persona se ha transformado en un interrogante más amplio sobre la salud institucional de organismos estratégicos del Estado argentino. Mientras los tribunales de San Isidro avanzan en la pesquisa sobre el hallazgo de cerca de 2,35 millones de dólares en efectivo, ketamina, cocaína y drogas sintéticas en propiedades de su pertenencia, una nueva línea acusatoria desembarcó en la Justicia Federal de Comodoro Py. Esta vez, el foco se corre del exfuncionario hacia quienes actualmente dirigen la Administración Nacional de Aviación Civil (Orsna), el ente responsable de supervisar y regular todo el sistema aeroportuario nacional. La novedad radica en que la acusación plantea no una simple sucesión de autoridades, sino la presunta perpetuación de mecanismos de gestión cuestionables bajo nuevas caras.
La trayectoria de Leal por el Estado resulta particularmente llamativa. Entre 2022 y 2024, bajo la administración de Alberto Fernández, condujo ARSAT, la empresa estatal que maneja infraestructura crítica de telecomunicaciones y servicios satelitales. Posteriormente, ya en el gobierno de Javier Milei, fue designado en 2025 para presidir el Orsna, cargo que mantuvo hasta enero de 2026. Los allanamientos que llevaron a su captura tuvieron origen en una denuncia por desaparición de equipamiento de Arsat, pero el material incautado en su domicilio de Palermo y en su propiedad mendocina reveló un panorama más complejo. Esos hallazgos no solo alimentaron sospechas sobre su patrimonio de origen dudoso, sino que generaron interrogantes respecto de cómo una persona bajo investigación mantuvo acceso a estructuras sensibles del Estado.
El fideicomiso bajo escrutinio
La denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano ante la Justicia Federal no es una acusación genérica. Apunta específicamente contra la actual presidenta del Orsna, Noelia Ruiz, la vicepresidenta Lucila Pagani, el funcionario Facundo Gaitán y otros que eventualmente puedan ser identificados. Lo central de su argumentación gira alrededor del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA), un mecanismo creado para financiar obras aeroportuarias mediante aportes provenientes de la concesión del sistema. La pregunta que despierta es inquietante: ¿cómo se distribuyen esos fondos? ¿Qué controles existen? ¿Quién certifica que las obras se ejecutan correctamente?
El organismo regulador concentra una capacidad de decisión que va más allá de lo que podría parecer evidente. Si bien no determina directamente quién gana una licitación para ejecutar obras aeroportuarias, sí interviene en un punto neurálgico: la certificación de avances de obra que habilita los desembolsos posteriores del fideicomiso. En otras palabras, el Orsna controla cuándo se libera dinero. Esa prerrogativa resulta decisiva. Las licitaciones las realiza Aeropuertos Argentina, la concesionaria que opera el sistema y que el Orsna regula. Los proyectos surgen de programas previamente consensuados y requieren validación del organismo regulador. Pero una vez que la concesionaria publica la licitación, las ofertas atraviesan evaluaciones técnicas y económicas, tras lo cual la empresa efectúa una preadjudicación que envía al Orsna para su validación final. En la práctica, las preadjudicaciones suelen coincidir con las recomendaciones técnicas, y según distintas fuentes consultadas, no existen antecedentes recientes de rechazos regulatorios en las etapas finales. Sin embargo, ese esquema aparentemente automático no elimina los riesgos de discrecionalidad.
La denuncia menciona como posibles beneficiarias a empresas que participaron en obras en Río Grande, Tucumán y Río Gallegos, además de proyectos licitados o en carpeta para Ezeiza, Córdoba y Mendoza. Se trata, efectivamente, de emprendimientos que transcurrieron o se armaron durante los períodos de Leal y de su sucesora, Ruiz. Pero la reconstrucción temporal de algunos expedientes abre interrogantes sobre la solidez de las acusaciones. En Tucumán, por ejemplo, desde la apertura de ofertas hasta la adjudicación definitiva pasaron períodos significativos, con múltiples etapas de precalificación, evaluación y aprobaciones. Procesos análogos ocurrieron en Río Grande y Río Gallegos. Esa secuencia temporal erosiona la hipótesis de un direccionamiento deliberado durante la gestión de Leal. Sin embargo, el tiempo no descarta la posibilidad de que presiones o influencias operaran en etapas posteriores, en las certificaciones de obra donde el regulador concentra mayor poder.
Vacíos probatorios y señalamientos amplios
Un aspecto destacable de la acusación es que varias de sus afirmaciones se apoyan en referencias genéricas sobre obras y contratistas, sin identificar hechos específicos que permitan corroborar de inmediato las acusaciones. La denuncia menciona cuestionamientos sobre designaciones internas, niveles salariales, contrataciones de asesores y reorganizaciones dentro del organismo. En varios casos, esas afirmaciones descansan en información periodística o testimonios atribuidos a fuentes reservadas, no en documentación oficial que las respalde. La acusación solicita justamente que la Justicia requiera documentación oficial para verificar esos extremos. Es decir, Pagano presenta una denuncia que formula hipótesis plausibles pero incompletas, esperando que la investigación judicial proporcione la prueba material que falta. Ese enfoque no es inhabitual en denuncias de carácter político o institucional: se abre la puerta para que magistrados y fiscales profundicen donde los denunciantes no pueden llegar.
La denuncia fue presentada días después de que el caso Leal comenzara a generar ondas de choque dentro del sistema aeroportuario nacional y mientras continúan abiertas las investigaciones derivadas de los allanamientos en San Isidro. Que la Justicia Federal aceptara radicar la causa en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi con intervención del fiscal Ramiro González significa que los magistrados consideraron que existen elementos suficientes para que prospere una investigación. Pero una cosa es admitir una denuncia y otra muy distinta es comprobar sus contenidos. Las implicaciones de lo que se investiga son profundas. Si existiera un esquema de corrupción enquistado en el Orsna, trasciende a los individuos involucrados. Cuestionaría la capacidad del Estado para administrar recursos destinados a infraestructura crítica del país. El fideicomiso no es un fondo menor: mueve recursos significativos para el mantenimiento y ampliación de aeropuertos, instalaciones que son nervios vitales de la economía nacional.
La investigación abierta en Comodoro Py opera en paralelo a la que avanza en San Isidro, generando un escenario donde distintas aristas del mismo fenómeno potencial son examinadas simultáneamente. Eso puede resultar útil para identificar patrones o conexiones, pero también introduce complejidad procesal. Los fiscales y jueces deberán desenredar si lo que se investiga es un problema acotado a individuos específicos o si se trata de un patrón institucional más extendido. La presentación de Pagano apunta a lo segundo, sugiriendo que la salida de Leal no implicó el desmantelamiento de una estructura de poder, sino su continuidad bajo nuevas autoridades. Si esa hipótesis tiene validez, las consecuencias se proyectarían hacia las futuras administraciones del organismo, independientemente de quién las conduzca.
