La mayoría silenciosa tiene voz en los tribunales. Más de 850 mil personas firmaron un amparo colectivo que fue presentado este martes ante la justicia federal para detener los efectos de una reforma legislativa sancionada hace apenas meses. El caso, radicado en el Juzgado Federal de La Pampa, enfrenta una modificación a la normativa que protege los glaciares nacionales con argumentos que van desde lo constitucional hasta lo ambiental, pasando por cuestiones de participación democrática. Los impulsores de la acción judicial sostienen que los cambios aprobados por el Congreso en abril representan un retroceso en materia de resguardo de recursos naturales estratégicos para el país.

Detrás de este movimiento judicial se alinean organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, junto con asambleas territoriales y grupos de derechos humanos que consideran que el agua dulce, uno de los bienes más escasos del planeta, requiere protección integral. El expediente fue presentado en La Pampa bajo la premisa de que las consecuencias de esta reforma exceden los límites provinciales: los glaciares y sus sistemas periglaciales alimentan cuencas hídricas que atraviesan múltiples provincias y abastecen a millones de argentinos. Esa perspectiva territorial resulta determinante para explicar por qué la presentación judicial no se hizo en zonas cordilleranas, sino en una provincia cuyas reservas de agua dependen indirectamente de los glaciares ubicados a cientos de kilómetros de distancia.

El cuestionamiento a la reforma y sus alcances

La demanda plantea la inconstitucionalidad de la norma aprobada y solicita su nulidad. Según explicó en conferencia de prensa Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, el cambio legislativo vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, además de comprometer compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú. El argumento central de los demandantes apunta a que la reforma sustituye criterios científicos uniformes por decisiones provinciales discrecionales. En otras palabras: mientras la ley anterior establecía parámetros técnicos comunes para toda la nación sobre qué debía protegerse, la nueva normativa permite que cada provincia defina su propio estándar de protección. Esa fragmentación, advierten los impulsores del amparo, genera una asimetría donde algunas provincias podrían privilegiar la explotación de recursos sobre su preservación.

Los números que acompañan el planteo son significativos. Los demandantes señalan que los glaciares y el ambiente periglacial alimentan aproximadamente el 40% de las cuencas hídricas nacionales, garantizando agua para más de 7 millones de personas. Esa cifra no es menor en un contexto donde el cambio climático global genera presiones cada vez mayores sobre los recursos hídricos. Desde la perspectiva de quienes presentan el amparo, la reforma aprobada por el Congreso representa un riesgo concreto para la seguridad hídrica de amplios sectores de la población, especialmente en regiones donde la disponibilidad de agua dulce es limitada.

Los problemas de participación y el proceso legislativo

Un aspecto que recibe considerable atención en la demanda judicial refiere al procedimiento mediante el cual se aprobó la reforma. Según los denunciantes, más de 100 mil ciudadanos se inscribieron para participar en la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados, pero apenas menos del 0,2% logró exponer sus posiciones de forma oral. Ese dato estadístico tiene implicancias jurídicas: las normativas ambientales vigentes en Argentina y en tratados internacionales exigen estándares mínimos de participación ciudadana en procesos de toma de decisiones que afecten recursos naturales. Si el porcentaje de participación efectiva fue tan exiguo, argumentan los demandantes, el procedimiento legislativo adolece de vicios que podrían comprometer la legitimidad de la norma resultante. Diego Salas, director de programas de Greenpeace, enfatizó durante la presentación que la magnitud de respaldo ciudadano transforma este amparo en una de las acciones judiciales más emblemáticas de la historia argentina en materia de defensa del agua.

La estrategia procesal también incluye un pedido de medida cautelar, figura que busca paralizar la aplicación de la reforma mientras avanza el análisis de fondo en los tribunales. Los demandantes solicitan que no se autoricen nuevas actividades en zonas que estaban bajo protección según el régimen anterior hasta que exista una resolución judicial definitiva. Esta cautela representa un elemento crucial: si se permite que la reforma comience a implementarse sin esperar la sentencia, algunos cambios podrían resultar irreversibles. Enrique Viale, presidente de la AAdeAA, expresó la expectativa de que la justicia responda con la seriedad que la ciudadanía está demostrando mediante su participación masiva en este proceso.

Nápoli aclaró en su intervención que los impulsores del amparo no permanecerán inactivos mientras la justicia delibera. Adelantó que continuarán promoviendo acciones legales complementarias y campañas de adhesión ciudadana. Esta estrategia de múltiples frentes —legal, social, político— responde a la complejidad del asunto: una reforma legislativa no se cuestiona únicamente en los juzgados, sino también en la arena de la opinión pública y en espacios de debate político. El hecho de que ya existan más de 850 mil firmas sugiere que los actores detrás del amparo han logrado canalizar preocupaciones amplias sobre un tema que trasciende divisiones tradicionales.

Implicancias y perspectivas futuras

La presentación de este amparo abre un proceso judicial que enfrentará dos visiones conflictivas sobre cómo debe regularse el uso de glaciares en Argentina. Por un lado, están quienes sostienen que la reforma actualiza una normativa desactualizada y que la descentralización beneficia a provincias con mayor conocimiento de sus realidades locales. Por otro, se encuentran los demandantes, que argumentan que los recursos hídricos glaciarios constituyen un bien común que requiere protección integral desde una perspectiva nacional. La Justicia Federal de La Pampa tendrá que sopesar argumentos constitucionales, consideraciones ambientales, análisis de participación democrática y evaluaciones técnicas sobre el estado de los glaciares nacionales. El resultado de este litigio podría tener consecuencias significativas no solo para la regulación ambiental argentina, sino también para cómo se conciben las políticas públicas sobre recursos que generan interdependencias entre regiones. Si los tribunales acogen el amparo y declaran la inconstitucionalidad de la reforma, el Congreso enfrentaría la necesidad de replantear su enfoque. Si, por el contrario, los juzgados validan la reforma, la cuestión del acceso al agua y la protección de glaciares quedaría sujeta a decisiones provinciales fragmentadas, lo que podría generar nuevos litigios en el futuro.