Un portazo histórico a la prensa
Argentina amaneció este jueves con una novedad que no tiene parangón en su historia democrática reciente: la totalidad de los periodistas acreditados en la Casa Rosada fueron dejados sin acceso al edificio, luego de que el gobierno de Javier Milei dispusiera la baja de las huellas dactilares que habilitaban su ingreso cotidiano. La medida, que afecta a cerca de 60 trabajadores de prensa que habitualmente cubren la actividad del Poder Ejecutivo en Balcarce 50, fue presentada por fuentes oficiales como una decisión "preventiva" vinculada a una causa judicial abierta por presunto espionaje. Lo que nadie discute es que, en términos históricos, incluso durante períodos de gobierno de facto, la sala de prensa de la Casa de Gobierno había permanecido abierta. Esta vez, la cerraron.
El detonante inmediato fue la denuncia penal que la Casa Militar presentó contra dos periodistas del canal Todo Noticias: la conductora Luciana Geuna y el cronista acreditado Ignacio Salerno. El episodio que gatilló la acusación fue la emisión del programa "Y mañana qué", emitido el domingo pasado, en el que se mostraron pasillos y espacios de uso común del palacio presidencial. Para el gobierno, esa cobertura equivale a un acto de espionaje ilegal. Para la producción del ciclo, las grabaciones se realizaron en zonas de acceso público y conforme a la normativa vigente, algo que el equipo legal del canal está poniendo en evidencia ante la Justicia con material en crudo y con registros de coberturas previas de otros medios en los mismos espacios.
La denuncia, el juez Lijo y el expediente de nueve páginas
La presentación judicial fue firmada por el general de Brigada Sebastián Ibáñez, titular de la Casa Militar, organismo que depende de la Secretaría General de Presidencia encabezada por Karina Milei. Sin embargo, desde el entorno presidencial se encargaron de aclarar que la decisión de radicar la denuncia fue tomada por los propios responsables del área, sin intervención directa de la jefatura política. El expediente, de nueve páginas, recayó por sorteo en el juzgado federal N°4 de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo. En el texto se sostiene que los periodistas denunciados llevaron adelante "actividades subrepticias e ilegales" dentro del edificio y que, bajo el argumento del interés público, habrían "burlado la seguridad presidencial", expuesto a funcionarios a riesgos y eventualmente revelado información sensible sobre la rutina del Presidente y el funcionamiento del Ejecutivo.
El documento también cita la Resolución 1319 del año pasado de la Secretaría de Comunicación y Medios como marco normativo supuestamente incumplido, y sostiene que la cobertura se apartó "groseramente" de las buenas prácticas profesionales esperables de un cronista acreditado. La producción de TN, en tanto, sostiene exactamente lo contrario: que esos mismos espacios fueron filmados en múltiples oportunidades anteriores por distintos medios sin que ninguna autoridad pusiera el grito en el cielo. La ofensiva judicial, en ese marco, tiene todos los ingredientes de una respuesta política disfrazada de causa legal.
Insultos desde Israel y una escalada que no para
Cuando se difundió el material televisivo, Javier Milei se encontraba en Israel. Eso no le impidió salir a responder con la temperatura que lo caracteriza. Desde su cuenta en la red social X, el mandatario escribió: "BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!". El mensaje no es un exabrupto aislado: se inscribe en una cadena sostenida de agresiones verbales contra periodistas y medios que el Presidente viene desplegando con una frecuencia y una virulencia que no tienen antecedente en la historia de la comunicación institucional argentina desde la recuperación democrática.
El jefe de prensa y comunicación oficial, Javier Lanari, intentó encuadrar la medida dentro de un lenguaje técnico-institucional. A través de sus redes, explicó que "la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal" y que "el único fin es garantizar la seguridad nacional". La distancia entre ese tono administrativo y los insultos presidenciales publicados horas antes habla, por sí sola, de las tensiones internas en la comunicación del Gobierno y de la coexistencia de dos registros incompatibles dentro de un mismo equipo.
El contexto: acreditaciones suspendidas y presunta infiltración rusa
Este nuevo episodio no surge de la nada. En las semanas previas, el Gobierno ya había restringido el ingreso a la sala de prensa de la Casa Rosada a periodistas de siete medios durante más de dos semanas, en el marco de una investigación sobre una supuesta infiltración rusa en medios de comunicación argentinos. Ese capítulo, que generó enorme polémica y cuyas evidencias nunca fueron presentadas públicamente con claridad, fue esgrimido ahora como uno de los argumentos adicionales para justificar la medida de alcance general. La combinación de ambos frentes —el espionaje ruso y el caso TN— funcionó como coartada para una decisión que, en los hechos, dejó sin cobertura presencial la actividad del Ejecutivo en un día en que el Presidente tenía agenda oficial.
Y no cualquier agenda: este jueves Milei recibirá en la Casa Rosada al empresario estadounidense Peter Thiel, una de las figuras más influyentes del ecosistema tecnológico y militar de Silicon Valley, aliado cercano de Donald Trump y con inversiones que cruzan la industria de defensa en varios países. La coincidencia temporal entre el cierre de la prensa y la visita de Thiel no pasó inadvertida para los observadores políticos. Si fue casualidad o parte de un cálculo, es algo que el Gobierno no explicó. Lo que sí quedó claro es que ningún periodista acreditado estuvo presente para registrar ese encuentro de manera independiente.
Una democracia que mira hacia adentro con preocupación
El acceso de la prensa a los centros de poder no es un privilegio corporativo: es una garantía del derecho ciudadano a la información. Cuando un gobierno decide, de manera unilateral y sin comunicado oficial, desacreditar a la totalidad de los periodistas que cubren su actividad cotidiana, el daño no recae únicamente sobre los trabajadores afectados. Recae sobre la posibilidad misma de fiscalización pública. Que esto ocurra en simultáneo con una denuncia penal que criminaliza una cobertura televisiva, con insultos presidenciales que califican a los periodistas como delincuentes y con antecedentes recientes de exclusiones selectivas, configura un patrón que distintas organizaciones de defensa de la libertad de prensa ya comenzaron a señalar con alarma. La pregunta que queda flotando no es si el Gobierno tiene derecho a proteger la seguridad del edificio. La pregunta es si la seguridad nacional puede convertirse, en manos de cualquier administración, en el pretexto universal para silenciar la mirada incómoda de quienes tienen como trabajo contar lo que pasa.