La tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la prensa alcanzó un punto de quiebre institucional. La diputada nacional Marcela Pagano, quien fuera parte de La Libertad Avanza antes de romper con el espacio y fundar su propio bloque llamado Coherencia, dio un paso legal concreto: radicó una denuncia penal ante la Justicia federal contra el jefe del Estado y tres funcionarios de su administración por haber impedido el acceso de periodistas acreditados al edificio de Casa Rosada. La presentación fue sorteada al juez federal Sebastián Ramos y al fiscal Ramiro González, quienes tendrán en sus manos la decisión de avanzar o no con una investigación formal.
Junto al Presidente, la denuncia apunta directamente al jefe de Gabinete Manuel Adorni, al secretario de Comunicación y Medios Javier Lanari y al titular de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez. Los delitos invocados por Pagano son abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes propios de un funcionario público, figuras contempladas en el Código Penal argentino para casos en que quienes ejercen el poder lo hacen por fuera de los límites que la ley les impone.
El detonante: dos periodistas de TN y una denuncia por supuesto espionaje
El conflicto se desató cuando la Casa Militar denunció penalmente a Luciana Geuna e Ignacio Salerno, periodistas del canal Todo Noticias (TN), acusándolos de haber filmado dentro de las instalaciones del Gobierno y difundido ese material. La acusación oficial giró en torno a la posible divulgación de secretos de índole política, militar y de seguridad nacional. A partir de esa denuncia, el Ejecutivo resolvió quitar las huellas dactilares registradas a los periodistas acreditados, bloqueando de hecho su ingreso a la sede presidencial. La medida fue presentada por las autoridades como una decisión "preventiva", pero fue leída por una amplia parte del espectro político y periodístico como una represalia generalizada contra la prensa.
El propio Milei salió a respaldar la restricción con un tono que generó aún más controversia. En sus redes sociales, el mandatario escribió que "ser corruptos, ensobrados y violar las leyes de seguridad no es gratis", y arremetió contra lo que llamó "basuras inmundas periodistas", afirmando que el 95% de ellos actúa por encima de la ley. La brutalidad del lenguaje utilizado por un jefe de Estado para referirse a la prensa sumó leña al fuego y profundizó el rechazo de organizaciones del sector. Semanas antes de este episodio, el Gobierno ya había restringido temporalmente el acceso a periodistas de medios que, según la administración libertaria, habían formado parte de una campaña de desinformación impulsada desde Rusia para dañar la imagen del Gobierno durante 2024. Esa medida también fue revertida.
Pagano y la comparación con los años oscuros de la Argentina
La legisladora no midió sus palabras al momento de justificar su presentación judicial. "La Casa Rosada no es propiedad privada y mucho menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa", sostuvo Pagano en su cuenta de la red social X. Para la diputada, lo ocurrido constituye "un hecho inédito desde el retorno de la democracia", una calificación que subraya la gravedad institucional del episodio. Fue más lejos todavía al advertir que cerrarle las puertas a los periodistas equivale al primer paso para silenciar cualquier voz que se diferencie del poder. "En Argentina hemos experimentado eso en los momentos más oscuros de nuestra historia. No nos van a callar", afirmó. La contundencia de esas palabras, provenientes de una ex aliada del Presidente, añade un matiz particular al conflicto: no es solo la oposición tradicional la que cuestiona a Milei, sino también quienes compartieron las mismas listas y los mismos proyectos políticos hasta hace poco tiempo.
El repudio a la medida no tardó en extenderse por todo el arco opositor. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica que conduce Elisa Carrió, fue categórico: "No hubo ningún espionaje ilegal. Déjenlos trabajar, porque así no se puede vivir en una República". Ferraro también apuntó contra la calificación jurídica utilizada por el Gobierno, señalando que llamar "espionaje" al uso de unos anteojos con cámara disponibles en el mercado comercial refleja "ignorancia jurídica" y que la incapacidad de controlar el acceso a la sede gubernamental habla de la propia gestión. El legislador radical Pablo Juliano también levantó la voz: sostuvo que la decisión presidencial "lesiona la democracia y la República" y advirtió que "el mundo empieza a mirar el desvío autoritario de nuestro país".
Voces desde todos los frentes: el periodismo, la UCR y hasta aliados del Gobierno
Las organizaciones del sector periodístico reaccionaron con rapidez. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera) manifestaron su "enorme preocupación" ante las restricciones impuestas por el Ejecutivo, reclamando el restablecimiento inmediato del acceso a la Casa de Gobierno. Por su parte, la conducción nacional de la UCR emitió un comunicado institucional exigiendo lo mismo. Legisladores como Graciela Ocaña, Karina Banfi, Luis Naidenoff y Nicolás Massot también se pronunciaron en rechazo a las limitaciones. El diputado socialista Esteban Paulón fue un paso más allá y presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para repudiar formalmente la medida, reclamando además que el Poder Ejecutivo Nacional garantice el ejercicio libre del periodismo y el acceso sin restricciones a la información pública.
El ex jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, hoy legislador de la Ciudad de Buenos Aires, recurrió a una comparación internacional que resultó incómoda para la administración: equiparó el comportamiento del Gobierno argentino con el de regímenes autoritarios como los de Irán, Venezuela, Cuba y Corea del Norte, países donde la prensa opera bajo censura sistemática. La imagen de la Argentina en ese listado generó reacciones inmediatas. En tanto, un grupo de legisladores encabezado por Ferraro y por la diputada Frade se presentó físicamente frente a la Casa Rosada para solicitar una reunión con Lanari y con el titular de la Casa Militar. "Si cumple la función por la que cobra todos los meses, aquí estamos, dispuestos a escuchar las razones de tanta persecución a la prensa", desafió Frade públicamente.
Uno de los episodios más llamativos del día lo protagonizó Silvana Giudici, diputada del bloque de La Libertad Avanza y figura cercana a la ministra Patricia Bullrich. Giudici, que además preside la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) y fue titular del Enacom, se desmarcó de la postura oficial y aseguró que "la sala de periodistas de la Casa Rosada no debe cerrarse, ni se cerrará". Que una legisladora del propio oficialismo haya salido a contradecir públicamente una decisión del Ejecutivo habla de las fisuras internas que generó la medida, y de la sensibilidad especial que el tema de la libertad de prensa despierta incluso dentro del espacio que sostiene al Presidente. Lo que comenzó como una disputa con dos periodistas de TN terminó convertido en una crisis política de múltiples frentes, con una denuncia judicial en marcha y un debate que excede con creces los muros del edificio rosado.