El rastro del dinero desaparece cuando traspasa la puerta de un banco. Esa es la conclusión más perturbadora que emerge del testimonio rendido esta semana ante el Tribunal Oral Federal Nº 7, donde Ana Cecilia Palacio, contadora que trabajó como inspectora de la AFIP, confirmó un dato que había permanecido en los registros burocráticos: entre 2009 y 2011, un empresario clave en la distribución de sobornos por concesiones viales extrajo en efectivo la cifra de USD 11.685.000. El hecho reviste importancia porque no se trata de transacciones ordinarias, sino de movimientos que se inscriben en un esquema donde la trazabilidad del dinero se detiene apenas la plata abandona el circuito formal. Lo que cambió con este testimonio es que la documentación bancaria, hasta ahora difusa en los expedientes, cobró visibilidad y peso específico en la sala de audiencias.

Miguel Marcelino Aznar, presidente de la empresa Decavial, figura en el centro de este laberinto financiero. Su firma fue adjudicataria de 42 obras públicas valuadas en casi 4000 millones de pesos durante el período investigado, la mayoría asignada de manera directa sin procesos licitatorios competitivos. Sin embargo, los números que Palacio leyó en la audiencia no refieren a ingresos registrados en balances contables, sino a extracciones de divisas que operaron en una zona gris: compras de dólares estadounidenses que luego fueron retirados en efectivo. La inspectora, cuando fue interrogada acerca de si tales movimientos resultaban habituales en el mundo empresarial, admitió que "casi todas las empresas compran dólares", pero matizó su respuesta cuando la fiscalía le preguntó si era común que empresarios extrajesen decenas de millones en billete de curso legal. Su negativa fue categórica: "No".

El sistema de recaudación de coimas

La investigación de Palacio se inscribe en un trabajo más amplio que incluyó la revisión de múltiples empresas entre 2003 y 2015, a pedido del entonces juez instructor Claudio Bonadio. Su análisis se concentró en operaciones que la justicia sospechaba estaban vinculadas con la causa de los cuadernos de las coimas, ese expediente que documentó pagos ilícitos durante la administración kirchnerista. El informe que ratificó en audiencia mencionaba específicamente al Sr. Aznar y desgranaba con precisión cada uno de los retiros, los años, los montos. Los números no mienten, pero su interpretación requiere contexto. Y el contexto aquí es crucial: Aznar no actuaba solo. Según el testimonio de Claudio Uberti, quien se desempeñó como el gestor de los contratos de concesión vial durante el kirchnerismo, el empresario funcionaba como un recaudador. Su rol era organizar y compilar los pagos de otros empresarios vinculados a los corredores viales —esos paquetes de rutas nacionales que el Estado licenciaba a particulares— para luego entregarlos a funcionarios públicos. Era, en otras palabras, la correa de transmisión entre la iniciativa privada y la corrupción estatal.

El propio Aznar reconoció, en su declaración como imputado colaborador o "arrepentido", haber pagado 25.000 dólares mensuales entre 2003 y 2007 para sostener sus negocios o eludir sanciones. Sin embargo, sus justificaciones apuntaron a la presión ejercida por Uberti, quien supuestamente lo sometía a una "coacción y asfixia financiera". Según esta versión, Aznar no era un extorsionador voluntario sino una víctima de extorsión. El dinero que extraía del banco, en consecuencia, no era ganancia ilícita propia sino fondos que circulaban hacia otros actores. El problema con esta narrativa es que la circulación posterior de esos once millones de dólares en efectivo nunca quedó documentada, nunca ingresó a registros contables, nunca dejó huella administrativa alguna.

El agujero negro del efectivo

Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Aznar, Carlos Wagner, intentó desdibujar la gravedad de los retiros. Preguntó si la compra de dólares era algo excepcional. La respuesta fue negativa: muchas empresas operan en divisas. Luego, sin embargo, la fiscalía, representada por Nicolás Codromaz, reformuló la pregunta en términos más específicos: ¿era normal que empresarios retiraran sumas de ese calibre en billetes? El "no" de Palacio fue inequívoco. La defensa contraatacó entonces desde otro ángulo: preguntó si los estados contables posteriores a esos retiros fueron analizados como parte del informe. Nuevamente, la respuesta fue negativa. Ese vacío es significativo. Si después de extraer once millones de dólares en efectivo las cuentas de la empresa reflejaban algún tipo de compensación, eso podría haber servido como elemento de descargo. Pero la inspectora aclaró que ese análisis no estaba comprendido en su mandato.

Palacio misma reconoció las limitaciones de su trabajo: "Llegamos hasta el punto en la persona que retiraba. Después qué se hizo con esos fondos...". Su honestidad metodológica expone una verdad incómoda sobre cómo funciona el lavado de dinero en economías con acceso fácil al efectivo. Una vez que la plata sale del banco convertida en billetes, el sistema de inteligencia financiera pierde la capacidad de rastrearlo. No hay cámara de seguridad fiscal que registre hacia dónde viaja, quién lo recibe, en qué se invierte o a quién se entrega. Esa característica no es accidental: es el propósito mismo de realizar operaciones en efectivo cuando hay intención de ocultar dinero.

El testimonio de la contadora también permite calibrar la magnitud de lo investigado. Aznar ofreció 162.000 dólares como reparación integral para evitar someterse a juicio oral. Una cifra que, aunque no es despreciable, representa apenas el 1,4% del total de dinero que admitidamente extrajo en los tres años que cubre el período analizado. Esa desproporción entre lo ofrecido como resarcimiento y lo efectivamente movilizado en operaciones de efectivo sugiere que la estrategia defensiva apunta más a la negociación procesal que a la aceptación plena de responsabilidad sobre el monto total. El empresario, en su narrativa, se presenta como intermediario forzado, no como beneficiario o gestor autónomo del sistema de coimas. Sin embargo, la documentación bancaria que Palacio leyó en la audiencia no permite distinguir entre dinero recaudado para otros y dinero apropiado, porque ese dinero, una vez convertido en efectivo, desaparece del registro público.

Implicancias y perspectivas divergentes

Lo que suceda a partir de aquí puede tomar varios rumbos. Desde la perspectiva de la acusación, el testimonio de Palacio refuerza la acusación contra Aznar y proporciona evidencia documental de que operaba en un nivel de magnitud que trasciende lo ordinario. Desde la perspectiva de la defensa, los vacíos en el análisis contable ofrecen espacios para argumentar que los números no cuentan toda la historia. Desde la perspectiva de quienes observan el funcionamiento del sistema de justicia, el caso expone tanto la capacidad de investigación de organismos como la AFIP como las limitaciones inherentes a perseguir delitos financieros cuando los protagonistas tienen acceso a mecanismos de ocultamiento de dinero. Lo que permanece incuestionable es que entre 2009 y 2011, mientras Decavial ganaba decenas de obras públicas, más de once millones de dólares fueron extraídos en efectivo bajo supervisión de su máximo responsable. Qué suceda penalmente con esa información, y cómo el tribunal pondere ese testimonio frente a otras pruebas, dependerá del desarrollo posterior del juicio y de las consideraciones que los jueces realicen sobre la responsabilidad individual, la coerción alegada y el grado de participación en una estructura mayor de corrupción.