La investigación por posible enriquecimiento ilícito en torno a Manuel Adorni, exjefe de Gabinete durante la administración Milei, entra en una fase de mayor profundidad técnica. El organismo encargado de las pericias ordenará análisis específicos sobre las operaciones en criptomonedas que el exfuncionario presentó como justificación para explicar la procedencia de su patrimonio. Este desarrollo judicial representa un punto de quiebre en la causa, ya que la Fiscalía decide ir más allá de los documentos presentados por la defensa e incursionar en verificaciones que requieren experticia especializada en tecnología blockchain y transacciones digitales. Lo que cambió es que ahora no se trata solo de evaluar papeles y actas notariales, sino de reconstruir y validar movimientos que ocurrieron mayormente fuera del circuito financiero formal entre 2017 y 2018.
El encargo del fiscal: desentrañar ocho billeteras de Bitcoin
El fiscal Gerardo Pollicita avanzará con un trabajo que encargará a la DAFI, organismo que ya había elaborado un informe patrimonial anterior sobre el exfuncionario. La tarea específica consiste en analizar y cotejar la autenticidad de las operaciones que Adorni utilizó para justificar una porción importante de sus ahorros. Según la versión presentada ante los tribunales, el investigado adquirió Bitcoin comenzando en 2014, cuando invirtió apenas US$1.897,20. No obstante, el grueso de las compras se concentró en 2017, año en el que reportó haber invertido US$199.883,20 en la criptomoneda. Las operaciones de venta posteriores, realizadas entre 2017 y 2018, habrían arrojado un monto total de US$591.544,61.
El núcleo de la estrategia defensiva giró alrededor de ocho direcciones de Bitcoin que, según la presentación de la defensa, registraron movimientos durante ese período. Para acreditar la legitimidad de estas billeteras, se presentó un acta notarial que las vinculaba directamente con Adorni. Además, se informó que las claves privadas fueron entregadas a su letrado en un sobre cerrado y lacrado, quedando a disposición de la Justicia. Sin embargo, la Fiscalía considera que esta documentación no es suficiente para dar por sentada la validez de las operaciones. Los fiscales quieren ir más allá: necesitan una revisión técnica exhaustiva que verifique fecha, montos y trazabilidad de cada transacción registrada en la cadena de bloques.
El punto más delicado: transacciones en efectivo sin respaldo formal
Un aspecto central que la investigación buscará esclarecer es la forma en que se realizaron estas operaciones. De acuerdo con la explicación brindada por la defensa, las compras y ventas de Bitcoin entre 2017 y 2018 se llevaron a cabo entre particulares y en dinero en efectivo, sin intervención de instituciones bancarias ni plataformas de intercambio (exchanges). La cadena de bloques de Bitcoin permite, en teoría, rastrear el movimiento de las monedas digitales de un monedero a otro. Pero el eslabón más vulnerable del relato se produce cuando esos dólares, una vez obtenidos, entraban en manos privadas fuera del sistema financiero regulado. Aquí reside el dilema central para los investigadores: cómo verificar que el dinero que aparece en las cuentas y declaraciones juradas rectificativas de Adorni proviene efectivamente de estas ventas de criptomonedas.
La Fiscalía le solicitará a Matías Ledesma, abogado defensor de Adorni, que entregue toda la documentación con la que cuenta para respaldar estas afirmaciones. Se requerirá especialmente toda prueba vinculada a la trazabilidad de las operaciones de venta ejecutadas en 2017. Este punto es estratégico porque marca la transición entre el mundo digital de las criptomonedas y el efectivo físico que, según los fiscales, necesita estar documentado de manera fehaciente. La Justicia convocará a la defensa para un relevamiento técnico de estas operaciones, sesión que quedará grabada y permitirá verificar cada uno de los movimientos reportados. De esta manera, se busca eliminar las ambigüedades y establecer si efectivamente Adorni poseía esas billeteras y si los montos coinciden con lo declarado.
La otra línea: las obras en la propiedad de Indio Cuá
Paralelamente, los investigadores enfocaron su atención en otro elemento que forma parte de la cadena de justificación patrimonial: la remodelación de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en el partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Aquí surge una discrepancia importante entre lo que afirma Matías Tabar, contratista que realizó los trabajos, y la versión presentada por la defensa de Adorni. Tabar declaró haber recibido US$245.000 de la familia Adorni por la totalidad de los arreglos realizados en la propiedad. Sin embargo, la defensa rechazó categóricamente este monto y presentó su propio análisis contable que identificó desembolsos aproximados de US$175.000. Además, encargó un informe a un arquitecto de parte que calculó el valor de mercado de las refacciones en US$174.954,58.
Para la Fiscalía, los informes presentados por la defensa no resultan suficientemente concluyentes como para acreditar que las obras costaron alrededor de US$174.000 y no los US$245.000 incorporados a la investigación. Por eso, exigirá documentación adicional que permita demostrar la cifra más baja. La defensa ya había señalado inconsistencias en la documentación aportada por Tabar, tales como diferencias entre planillas, gastos sin comprobantes respaldatorios, materiales que fueron enviados a otros domicilios y facturas emitidas a nombre del propio contratista. También reconoció que una parte de la relación económica fue de carácter informal, y que un primer pago de US$35.000 en efectivo se realizó sin recibo. Estos detalles abren interrogantes sobre la capacidad de reconstruir de manera precisa cuánto dinero efectivamente se erogó en esas remodelaciones.
La investigación también apunta a otros movimientos patrimoniales que Adorni buscó explicar mediante el producto de la venta de criptomonedas. Entre ellos figura el desembolso de US$30.000 en efectivo para la adquisición de un departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito. La defensa argumentó en su escrito presentado ante la Justicia que la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete tiene un "sustento razonable y verificable", y negó tajantemente que haya existido enriquecimiento sin explicación durante su paso por la función pública. Sin embargo, las medidas que ordenará la Fiscalía apuntan precisamente a cuestionar la razonabilidad y verificabilidad de esas explicaciones.
Contexto de una investigación más amplia
Es importante señalar que esta causa se enmarca en un fenómeno más amplio de investigaciones judiciales sobre conflictos de intereses y presuntos enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos. Las herramientas técnicas disponibles para investigar operaciones con criptomonedas han evolucionado significativamente en los últimos años, permitiendo a los organismos judiciales adentrarse en terrenos que antes resultaban más opacos. La capacidad de rastrear transacciones en la blockchain representa un avance importante, aunque también plantea desafíos particulares cuando las operaciones ocurren en efectivo y fuera de canales regulados. Adorni en particular ocupó un cargo de alta relevancia en la administración nacional, lo que en sí mismo implica un mayor escrutinio sobre sus movimientos económicos durante y después de su gestión.
La presentación de actas notariales y el depósito de claves privadas en poder de un abogado son medidas que la defensa consideró suficientes para demostrar la legitimidad de sus operaciones. Sin embargo, los fiscales estiman que estas acciones no satisfacen el estándar de prueba requerido en una investigación penal donde se cuestiona la procedencia de fondos. La pericia técnica que se ordenará busca cerrar ese vacío mediante un análisis que trascienda la documentación tradicional e ingrese en el terreno de la verificación criptográfica y blockchain.
Prospectiva: hacia dónde apunta la investigación
Las medidas que ha ordenado la Fiscalía sugieren que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Adorni se encamina hacia una etapa de mayor especificidad y exigencia probatoria. Los resultados de las pericias sobre criptomonedas y la documentación adicional sobre las obras en Indio Cuá determinarán en gran medida la solidez de las explicaciones patrimoniales presentadas por el exfuncionario. Dependiendo de lo que emerja de estos análisis técnicos, la causa podría transitar hacia distintos derroteros: confirmación de las explicaciones de la defensa, identificación de inconsistencias que debiliten su posición, o descubrimiento de nuevas líneas de investigación que extiendan el alcance de la indagación. En cualquier caso, la decisión de profundizar mediante pericias especializadas refleja que los fiscales consideran insuficientes los elementos de prueba hasta ahora presentados y que estiman necesario recurrir a experticia técnica para esclarecer los hechos investigados.
