La justicia federal abre nuevamente los procedimientos indagatorios contra Roberto Baratta, quien durante más de una década desempeñó funciones clave en la órbita del Ministerio de Planificación Federal bajo la gestión de gobiernos kirchneristas. El magistrado Julián Ercolini ha dispuesto que el exfuncionario comparezca ante los tribunales ubicados en la zona céntrica porteña para responder interrogatorios relacionados con la acumulación de bienes cuyo origen económico permanecería sin aclarar. Esta convocatoria representa un nuevo movimiento en una trama judicial que se extiende desde hace más de siete años y que mantiene bajo sospecha administrativa al que fuera identificado como cercano colaborador del exministro Julio De Vido.
La presentación obligatoria de Baratta está fijada para el 16 de septiembre en los juzgados federales. El llamado llega después de que la estructura judicial de la Ciudad Autónoma confirmara la validez de un análisis técnico-contable exhaustivo de sus tenencias y movimientos patrimoniales a lo largo de los años. Este peritaje, cuya elaboración demandó considerable tiempo tras su encargo inicial, fue finalmente ratificado por un tribunal colegiado integrado por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hace apenas algunas semanas. El hecho de que magistrados de rango superior avalen el trabajo pericial refuerza la solidez procesal sobre la cual se construye la acusación que ahora avanza.
Un patrón de adquisiciones bajo escrutinio
Aquello que motiva la investigación desde sus inicios en 2017 gira en torno a una hipótesis central: Baratta habría acumulado un patrimonio cuya magnitud resulta desproporcionada respecto de los ingresos que legítimamente percibió durante su permanencia en cargos públicos, período que se circunscribe entre 2003 y 2015. Los inmuebles documentados incluyen múltiples propiedades en la Capital Federal, entre ellas departamentos y espacios de estacionamiento distribuidos en distintas zonas residenciales. Pero el foco investigativo se concentra particularmente en una propiedad ubicada en el Country Mapuche, en jurisdicción de Pilar, cuyo perfil de adquisición presenta características que han generado interrogantes.
El terreno en cuestión fue comprado el 19 de septiembre de 2012 por la suma de 70.000 dólares estadounidenses, operación realizada completamente en dinero efectivo sin intermediación de mecanismos bancarios. Posteriormente, entre diciembre de 2012 y enero de 2015, se construyó una vivienda tasada en aproximadamente 3.700.000 pesos, cuya financiación también fue cubierta íntegramente mediante pagos en efectivo. El monto acumulado de estas transacciones, considerando la cotización de divisas en ese período histórico, representa valores sustanciales para un funcionario de los niveles salariales que correspondían a la administración pública de entonces. La propiedad se encuentra actualmente a nombre de los progenitores del exfuncionario, situación que ha originado una orden de embargo sobre la misma.
La posición de la defensa y los cuestionamientos sobre la titularidad
Los abogados que representan legalmente a Baratta han planteado argumentaciones específicas destinadas a desarticular la acusación de enriquecimiento ilícito. Conforme a sus alegatos, la construcción ubicada en el emprendimiento Mapuche corresponde efectivamente a sus padres y fue financiada con recursos de origen lícito provenientes del grupo familiar. De manera complementaria, sostienen que una vivienda ubicada en el barrio de Las Cañitas, también objeto de análisis pericial, fue adquirida por Cecilia Vanesa Raspanti, identificada como expareja matrimonial del acusado, y que dicha compra ocurrió con anterioridad al matrimonio, lo que según la defensa la excluiría del análisis patrimonial del investigado. Estos argumentos deberán ser examinados durante la indagatoria próxima, cuando el juez tenga la oportunidad de profundizar en la documentación que respalda las afirmaciones de la defensa.
Cabe destacar que este procedimiento judicial constituye apenas una de varias líneas de investigación que convergen sobre la trayectoria administrativa de Baratta. De manera paralela, se desarrolla un juicio oral y público correspondiente al denominado expediente de los Cuadernos de las coimas, mecanismo de investigación que generó relevancia mediática y judicial durante gobiernos posteriores a 2015. En ese proceso, Baratta es investigado bajo la hipótesis de haber actuado como recaudador de fondos mediante prácticas irregulares. Recientemente, en las sesiones de debate de ese juicio, directivos de la empresa Techint comparecieron como testigos y refirieron haber entregado a Baratta cantidades de dinero en efectivo cercanas al millón de dólares, información que coincidiría con anotaciones registradas por Oscar Centeno, quien se desempeñaba como chofer y cuyo rol fue central en otro expediente relevante de la judicatura federal. Ambas investigaciones, aunque formalmente distintas en su tramitación, confluyen en ubicar al exfuncionario en posiciones clave respecto de operaciones financieras irregulares ocurridas durante gestiones anteriores.
La próxima comparecencia de Baratta ante la justicia abre un período de definiciones procesales que podría alterar significativamente el desarrollo de ambas causas. Las respuestas que proporcione durante la indagatoria servirán para que el magistrado Ercolini determine si existen elementos suficientes para avanzar hacia etapas posteriores del proceso, como la elevación a juicio oral. La validación del peritaje por parte de los jueces de la Cámara Federal fortalece la posición acusatoria al conferirle rigor técnico a las conclusiones sobre la discrepancia patrimonial. Sin embargo, la calidad de las contrapruebas que presente la defensa y la evaluación judicial de la credibilidad de ambas posturas resultarán determinantes. La Justicia Federal enfrenta así nuevamente la tarea de desmenuzar operaciones financieras del pasado para establecer si las tenencias inmobiliarias de un exfuncionario encuentran explicación en ingresos legítimos o si revelan conductas delictivas de enriquecimiento mediante abuso de función pública. Las consecuencias de esta investigación trascienden el caso particular: inciden sobre la percepción pública respecto de los mecanismos de control sobre el patrimonio de funcionarios, la efectividad de los organismos de fiscalización y la capacidad del sistema judicial de esclarecer operaciones complejas de corrupción administrativa que remiten a períodos previos.
