La trama se extiende: nuevas líneas de investigación se entrelazan en el caso

La indagatoria sobre el incremento patrimonial del jefe de Gabinete continúa desplegándose en múltiples direcciones simultáneamente. El fiscal a cargo, Gerardo Pollicita, decidió ampliar significativamente el alcance de las medidas investigativas, extendiendo la lupa hacia aspectos que van mucho más allá de las explicaciones públicas ofrecidas por el funcionario. Lo que comenzó como un escrutinio sobre la discrepancia entre ingresos declarados y gastos efectivos se ha transformado en una investigación multifacética que toca desde transacciones en criptomonedas hasta compras de blanquería por millones de pesos, pasando por conexiones familiares y trayectorias laborales que demandan verificación.

El punto de partida para este nuevo despliegue investigativo fue la entrevista televisiva en la que Manuel Adorni ofreció sus primeras explicaciones detalladas sobre cómo había logrado justificar un crecimiento patrimonial que originalmente no figuraba en sus registros formales. Durante esa intervención pública, el funcionario hizo hincapié en operaciones financieras vinculadas a activos digitales como el Bitcoin, reportando haber invertido US$200.000 que luego le generaron ganancias por US$300.000. Esta narrativa quedó plasmada posteriormente en una rectificación a su declaración jurada de 2023, donde se incorporó una "venta de activos" por US$565.000. Sin embargo, esas explicaciones generaron a su vez nuevas preguntas, especialmente cuando comenzaron a circular registros audiovisuales anteriores en los que el propio Adorni expresaba no estar familiarizado con las criptomonedas o desaconsejaba públicamente invertir en Bitcoin.

El universo cripto bajo la lupa: qué quiere saber la fiscalía

La Comisión Nacional de Valores recibió un requerimiento formal para que provea un catálogo detallado de todas las plataformas, bolsas de cambio, billeteras digitales, custodios, intermediarios y proveedores de servicios de activos virtuales que operaron legalmente en Argentina a partir de 2012. Complementariamente, la fiscalía solicitó a un organismo especializado la construcción de un registro técnico con la evolución del precio del Bitcoin expresado en dólares, cubriendo el período que va desde 2013 hasta el presente. Esta información permitirá al equipo investigador establecer si las ganancias reportadas por Adorni resultan matemáticamente viables dado el comportamiento histórico de ese activo digital y las fechas de operación que el funcionario mencionó.

La decisión de hurgar en la evolución de las criptomonedas en la Argentina obedece a una lógica investigativa clara: verificar la consistencia de una versión que, en apariencia, cierra un agujero contable que de otra forma resultaría difícil de explicar. El funcionario ha afirmado que sus operaciones en Bitcoin comenzaron alrededor de 2013 y 2014, momentos en que las criptomonedas generaban especulación considerable en los mercados internacionales. Con esa información en mano, los investigadores podrán cotejar si la ganancia alegada de US$300.000 se ajusta a lo que hubiera sido posible lograr en esos años con el capital inicial reportado. Si existen discrepancias significativas, ese dato se convertirá en evidencia de inconsistencia en la justificación del patrimonio.

Pero la pesquisa sobre criptoactivos no se detiene en la verificación matemática. También busca identificar qué plataformas operaban en el país en esos momentos históricos, con cuáles Adorni podría haber tenido contacto y bajo qué regulaciones. Esto es relevante porque el marco regulatorio para las criptomonedas en Argentina ha sido cambiante y, en determinados períodos, poco supervisado. Conocer exactamente cuáles eran las opciones disponibles y sus características permitirá a los investigadores determinar si la versión del funcionario corresponde a una operatoria plausible en el contexto de ese entonces.

La familia en el centro: vínculos patrimoniales que demandan claridad

Las indagaciones no se limitaron al funcionario. La fiscalía cursó una serie de solicitudes de información que involucran a parientes cercanos de Adorni. A la administración del barrio privado Fincas de Iraola 2, ubicado en La Plata, le pidió que informara si Silvia Pais, madre del jefe de Gabinete, reside actualmente en esa comunidad cerrada. La medida surgió a partir de información de prensa que ubicaba a la señora en ese lugar. Si la residencia se confirma, Pollicita quiere acceder a los términos bajo los cuales se habría concretado esa mudanza: montos pactados, modalidades de pago y eventuales pagos adelantados. Esta línea investigativa apunta a verificar si bienes que formalmente pertenecen al funcionario podrían estar siendo utilizados para beneficio de su familia nuclear.

Simultáneamente, el fiscal solicitó información al juzgado civil de La Plata donde tramita la sucesión del padre de Adorni, Jorge Adorni. El objetivo es obtener un cuadro completo sobre qué bienes fueron denunciados en ese trámite, si constaba dinero en efectivo, cuentas bancarias, moneda extranjera u otros activos. Esto cobra relevancia porque el propio funcionario ha mencionado públicamente que encontró dinero en el departamento de su difunto padre, una vivienda que además estaba sujeta a tres embargos. El fiscal busca validar esa afirmación y determinar si los fondos que Adorni dice haber encontrado en ese lugar podrían estar vinculados con el dinero que posteriormente reportó en sus operaciones financieras.

Otra rama de la investigación toca a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, quien enfrenta su propia causa por presunto enriquecimiento ilícito en el juzgado de Daniel Rafecas. Pollicita solicitó información sobre ese expediente para determinar si existe algún tipo de conexión entre ambos casos. La existencia de dos investigaciones similares dirigidas contra hermanos del mismo núcleo familiar sugiere patrones que merecen ser examinados conjuntamente.

Las pistas derivadas: de las refacciones al inventario de blanquería

Una de las vetas más insólitas en esta investigación surgió del análisis de material forense proveniente del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que reconoció haber cobrado en negro 245.000 dólares por refacciones realizadas en una propiedad del funcionario ubicada en el Golf Club Indio Cua. Durante el análisis de ese dispositivo, los investigadores hallaron evidencia de una transacción comercial por más de 8 millones de pesos realizada en una tienda especializada en artículos de blanquería, específicamente en sábanas, toallas, fundas, acolchados y cubrecamas. La factura correspondiente fue emitida a nombre de Gisela Kocsis, una persona que trabaja como empleada de planta en el Gobierno desde hace varios años.

Este hallazgo despertó la curiosidad de los investigadores porque plantea interrogantes sobre la naturaleza de esa operación. ¿Por qué un contratista que trabajaba para Adorni efectuaría una compra tan voluminosa de textiles domésticos? ¿Cuál fue el destino final de esos productos? ¿De dónde provenían los fondos para una transacción de esa magnitud? El fiscal solicitó al comercio, denominado Rosen The Store, que proporcionara toda la información disponible sobre esa operación: documentación de pago, comprobantes de entrega y cualquier detalle sobre dónde fueron dirigidos los artículos.

Los antecedentes laborales y las explicaciones pendientes

La fiscalía también ordenó que se recopilara información sobre los antecedentes laborales de Adorni, incluyendo cualquier vinculación que pudiera existir con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, una institución educativa privada de carácter sin fines de lucro. El gobierno porteño fue requerido para que aportara datos sobre este posible nexo. En paralelo, la ANSES fue instada a proporcionar la historia laboral completa tanto de Adorni como de su pareja, Bettina Angeletti, cubriendo el período desde 2012 hasta la actualidad. Durante su entrevista televisiva, el funcionario hizo mención a que su esposa había ocupado cargos gerenciales en el sector privado, dato que los investigadores buscan verificar ahora en los registros formales.

Un aspecto que no fue abordado durante esa intervención pública fue el crecimiento sustancial de los gastos de la tarjeta de crédito del funcionario, cifras que duplican sus ingresos formalmente documentados. Adorni evitó ofrecer explicaciones detalladas sobre ese discrepancia, concentrándose en cambio en justificar una porción del crecimiento patrimonial mediante la narrativa de las ganancias en criptomonedas. Sin embargo, esa línea de gasto permanece pendiente de aclaración.

El rastrillaje digital: videos y publicaciones bajo análisis

La División Antifraude de la Policía Federal fue instruida para llevar a cabo un relevamiento extenso de "fuentes abiertas", es decir, toda la información disponible públicamente en redes sociales, medios de comunicación, entrevistas y contenido audiovisual en el cual Adorni haya hecho referencias a criptomonedas o billeteras virtuales. Este esfuerzo de compilación cobra importancia a la luz de los videos que circularon públicamente después de su intervención televisiva. En algunos de esos registros, el funcionario expresaba no estar completamente familiarizado con el universo de las criptomonedas. En otros, realizados después del período en que supuestamente obtuvo sus ganancias en Bitcoin, desaconsejaba explícitamente a terceros invertir en ese activo. Esas declaraciones anteriores crean una tensión narrativa con la versión que ofreció durante la entrevista reciente, donde presenta como un inversor experimentado que logró extraer ganancias significativas de operaciones sofisticadas en activos digitales.

El trabajo de compilación de material audiovisual y documental está siendo realizado por especialistas de la policía, quienes buscan mapear la evolución del discurso del funcionario sobre este tema a lo largo del tiempo. Este tipo de análisis puede resultar decisivo para establecer si existe una contradicción material entre lo que Adorni ha dicho públicamente en diferentes momentos y lo que está siendo investigado en torno a sus transacciones financieras.

El panorama prospectivo: qué viene después

Las declaraciones juradas que Adorni presentó ya integran formalmente el expediente judicial. El personal de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) continúa realizando un análisis exhaustivo que incorporará toda la información que vaya siendo recopilada en respuesta a los requerimientos del fiscal. Una vez que ese trabajo analítico se encuentre concluido, existe la posibilidad de que Pollicita convoque al funcionario para solicitarle explicaciones adicionales sobre los hallazgos emergentes.

La amplitud de las medidas ordenadas sugiere que la fiscalía considera que las explicaciones iniciales, aunque nominalmente cierren algunos números, contienen inconsistencias o vacíos que merecen mayor escrutinio. El hecho de que la investigación abarque ahora a miembros de la familia, a empleados del Estado que aparecen en transacciones asociadas con contratistas que trabajaron para el funcionario, a plataformas de criptomonedas históricamente disponibles, y a antecedentes laborales de años atrás, indica que se está construyendo un panorama multidimensional destinado a verificar si existe coherencia entre los hechos alegados y la documentación disponible.

Tanto desde la perspectiva de quienes ven en estas medidas un escrutinio legítimo de la gestión pública como desde la posición de quienes consideran que se trata de un esfuerzo desproporcionado, el desarrollo futuro de esta investigación seguirá generando interpretaciones diversas. Lo que resulta indiscutible es que el universo de interrogantes sobre cómo se generó y justificó el crecimiento patrimonial de un funcionario continúa ampliándose, y que las instituciones responsables de verificar la coherencia de esas justificaciones están desplegando un trabajo que incluye prácticamente todas las variables materiales posibles: activos digitales, registros históricos de precios, propiedades inmuebles, antecedentes laborales, círculos familiares y transacciones comerciales. La conclusión de estos procesos determinará si se logró o no construir un cuadro de situación consistente respecto al origen y evolución del patrimonio objeto de investigación.