Una decisión de alcance económico y político sacudió esta mañana los cimientos de Misiones cuando el gobernador Hugo Passalacqua anunció la eliminación del sistema de cobro anticipado de Ingresos Brutos conocido en la región como la "Aduana Paralela". El anuncio, realizado durante la apertura del período legislativo ordinario en el recinto de la Legislatura provincial, tomó por sorpresa a actores políticos de distintos espectros que venían impulsando esta medida desde hace años sin lograr concretarla. Lo que trasciende no es solo la decisión en sí, sino el contexto político en que fue tomada: Passalacqua se adelantó a la oposición libertaria que tenía previsto presentar un proyecto de ley para erradicar este mecanismo, dejando sin herramienta legislativa a quienes consideraban esta medida como uno de sus estandartes programáticos para el año legislativo que acaba de iniciarse.
Un sistema controversial que acumuló resistencias durante más de una década
Misiones figura entre las provincias con sistemas impositivos más agresivos del país. La particularidad geográfica de la región —fronteriza con Paraguay y Brasil, con apenas una pequeña conexión terrestre con el resto del territorio nacional— permitió al gobierno provincial implementar desde 2011 un mecanismo de control y cobro en tres puntos estratégicos de acceso: las rutas nacionales 12, 14 y 2, que conectan a Misiones con Corrientes. Estos puestos, de envergadura monumental, funcionaron durante años de manera similar a los controles aduanales entre países soberanos, generando lo que los operadores económicos denominaron una "aduana paralela".
El sistema recaudaba mediante anticipos de Ingresos Brutos sobre mercaderías que ingresaban a territorio misionero. Aunque inicialmente planteado como un mecanismo eficaz de captación de recursos, la medida generó consecuencias no previstas: empresas de fuera de la provincia amenazaban con dejar de abastecer a sus clientes misioneros, otras directamente dejaban de comercializar en la región, y se acumulaban créditos fiscales pendientes de devolución. Incluso el máximo tribunal de justicia del país emitió fallos adversos para el modelo recaudatorio. Pese a todo, otras jurisdicciones —como Jujuy— estudiaron el mecanismo intentando replicar su efectividad, aunque ninguna logró implementar un sistema similar con igual intensidad.
La acumulación de "saldos a favor" en manos del fisco misionero alcanzó proporciones extraordinarias. Estudios técnicos de dependencias tributarias de otras provincias revelaron que Misiones concentraba un pasivo equivalente a 14 meses de recaudación de Ingresos Brutos, mientras que el promedio nacional —incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires— rondaba apenas entre 2 y 4 meses. Esta distancia abismal consolidó la percepción de un sistema predatorio que requería corrección urgente.
La maniobra política de Passalacqua y sus implicancias internas
El anuncio de hoy inaugura un período de 12 meses sin retención de anticipos, a partir del 1 de julio próximo. Passalacqua fue explícito en la definición de alcances: "no habrá más cobro de ningún tipo en los puestos de control de acceso a Misiones, quedando los mismos únicamente para verificación de documentación", expresó ante legisladores, integrantes del gabinete ejecutivo, intendentes y magistrados del Superior Tribunal de Justicia. La medida beneficiará directamente a aproximadamente 16.500 pequeñas y medianas empresas que ingresan mercaderías sin pagar, mientras que 873 grandes empresas continuarán realizando el aporte pero de forma digitalizada, mensual y centralizada, eliminando los trámites en ruta.
El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, fue encargado de la ejecución técnica del plan. Sin embargo, en declaraciones posteriores al anuncio, Safrán intentó modular el impacto de la medida, argumentando que el efecto fiscal no sería "muy significativo" y enfatizando que la solución real a los problemas económicos de Misiones no residía en la eliminación de este gravamen. La contradicción entre la magnitud del anuncio gubernamental y la minimización posterior de sus efectos resulta notable y sugiere dinámicas internas complejas en la toma de decisiones.
Lo que permanece en la penumbra es el rol de Carlos Rovira, figura que concentra el poder político real en Misiones desde hace casi veinticinco años. Rovira no celebró públicamente la medida, no emitió respaldo discursivo al anuncio y, según revelaron fuentes consultadas, no fue el impulsor de la iniciativa. Tras la ceremonia legislativa, Rovira y Passalacqua no compartieron espacios públicos: cada uno saludó por separado a las agrupaciones del oficialismo que fueron movilizadas para presenciar el acto en las inmediaciones de la Legislatura. Esta separación física resultó significativa en una provincia donde casi todas las figuras del establishment gobernante cuidadosamente calibran sus declaraciones para evitar contradecir líneas bajadas por Rovira. El silencio del caudillo del oficialismo y su falta de entusiasmo con la decisión de Passalacqua adquieren, en este contexto, densidad política considerable.
Reacciones dispares: la oposición celebra pero con matices
Los sectores opositores recibieron la noticia con una mezcla de satisfacción y preocupación estratégica. Adrián Núñez, titular de La Libertad Avanza en Misiones y vicepresidente de la Legislatura, había anunciado hacía poco más de treinta días su intención de presentar un proyecto legislativo para erradicar exactamente este mecanismo. La iniciativa libertaria se presentaba como uno de los dos ejes fuertes sobre los que la bancada pretendía estructurar su agenda anual, siendo el otro la derogación de la Ley de Lemas. Con el anuncio de esta mañana, Passalacqua literalmente le quitó el proyecto de las manos. Núñez, sin embargo, intentó resignificar la situación afirmando que "el alivio es necesario" y enmarcando la decisión como evidencia del "éxito de la política de Javier Milei". Pese a esta declaración, el libertario pretende avanzar con un segundo proyecto destinado a reducir drásticamente los saldos a favor acumulados, prolongando así su presencia en la agenda de debate.
Otros referentes opositores tomaron la medida con mayor frialdad estratégica. Héctor "Cacho" Bárbaro, diputado provincial y líder del PAYS —agrupación que concentra las críticas más severas a las políticas libertarias en Misiones—, advertía que "ahora los libertarios se van a colgar la medalla", sugiriendo que la oposición capitalizaría políticamente un logro ajeno. Por su parte, Maurice Closs, ex gobernador de la provincia y figura histórica de la Renovación que ha venido cuestionando las "vacas sagradas" institucionales del partido gobernante, expresó su respaldo caracterizándolo como "muy buen timing de Passalacqua para el anuncio".
Estos posicionamientos revelan cómo la decisión de Passalacqua generó un realineamiento táctico en la oposición: mientras algunos intentan reivindicar la medida como validación de sus propuestas, otros prefieren mantener distancia crítica. Lo que no queda dudoso es que la iniciativa desarticuló una estrategia legislativa que venía siendo construida desde semanas atrás.
Contexto más amplio: las transformaciones en el oficialismo misionero
La decisión de hoy se inscribe en un contexto de cambios más amplios dentro de la estructura gobernante. Hace apenas tres semanas, Rovira relanzó formalmente su partido político, abandonando la denominación histórica de "Renovación" para adoptar el nombre "Encuentro Misionero", en lo que fue caracterizado como un intento por esquivar el desgaste electoral. En ese evento de presentación, significativamente, Passalacqua no fue invitado ni figuró entre las figuras destacadas. Rovira no lo mencionó favorablemente ni una sola vez, pero sí lo criticó en dos ocasiones. Días después, Rovira ordenó revertir la decisión del gobernador de disolver MisioPharma SE, una empresa estatal creada durante la pandemia para producir aceite de cannabis. Passalacqua había anunciado su intención de adquirir estos insumos en el mercado privado, generando ahorros fiscales. Rovira públicamente contradijo al gobernador, argumentando la necesidad de "conservar las instituciones del Estado" durante épocas de restricción presupuestaria, para relanzarlas cuando mejoraran las condiciones fiscales.
Estos eventos sucesivos —el relanzamiento del partido sin Passalacqua, la reversión de su decisión sobre MisioPharma, y ahora la falta de apoyo al anuncio de la "Aduana Paralela"— conforman un patrón que sugiere tensiones crecientes en la relación entre ambas figuras. El gobernador parecería estar buscando generar iniciativas propias y diferenciadas, mientras que Rovira mantiene una posición de vigilancia crítica, desplegando su autoridad cuando considera que están en riesgo los intereses que considera vitales para mantener su control político sobre la provincia.
Evaluación pendiente y posibles consecuencias de mediano plazo
El anuncio estableció una cláusula de revisión: la medida rige por doce meses, tras los cuales el gobierno realizará una "evaluación fiscal y política" para decidir si la suspensión se convierte en derogación permanente. Trasciende además que existe la posibilidad de proceder a la demolición de los enormes puestos de control, una decisión que tendría un peso simbólico extraordinario en la provincia y en la región. Tal acción significaría no solo el fin de un mecanismo fiscal, sino la desaparición de una infraestructura que, durante más de una década, definió la experiencia cotidiana de empresarios y operadores logísticos que transitaban las rutas de acceso a Misiones.
Las implicancias de esta medida proyectan consecuencias múltiples. Para el sector empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, la eliminación del anticipo representa un alivio inmediato en el flujo de caja, lo que potencialmente podría estimular la actividad económica en una provincia que, como el resto del país, experimenta contracción. Para las grandes empresas, el cambio hacia un sistema digital centralizado representa una simplificación administrativa, aunque mantiene la obligación de aporte. Para el erario público misionero, la suspensión implica una reducción de ingresos que deberá ser compensada o tolerada en el contexto de la estrategia presupuestaria provincial. Para la estructura política, la medida deja interrogantes abiertos: ¿consolidará la autoridad de Passalacqua como gestor independiente o profundizará sus diferencias con Rovira? ¿Generará la medida efectivamente un estímulo económico que justifique la reducción recaudatoria, o resultará ser principalmente un acto de comunicación política? ¿Procederá realmente a la demolición de los puestos, o la medida quedará en suspenso indefinido tras el período de revisión?
Lo que resulta indiscutible es que el sistema de la "Aduana Paralela" —controvertido, demandado judicialmente, resistido por actores económicos y políticos, y que durante años se resistió a cualquier modificación— ha sido puesto bajo un cuestionamiento formal que, en una u otra dirección, marcará un punto de inflexión en la política económica y fiscal de Misiones. Independientemente de las evaluaciones que se realicen en 2027, la decisión de hoy altera el status quo de una provincia que depende cada vez más de la capacidad de su gobierno para generar señales de cambio en un contexto de crisis económica generalizada.
