El rastro del dinero: cómo la AFIP desarmó un mecanismo de pagos encubiertos

El recorrido de millones de pesos y dólares a través de empresas constructoras, sus proveedores fantasma y cuentas que nunca reflejaban salidas de dinero ha quedado documentado en el expediente de uno de los mayores casos de corrupción de la historia judicial reciente. Durante las últimas sesiones del debate oral que investiga los denominados Cuadernos de las Coimas, dos especialistas del organismo recaudador presentaron informes técnicos que permiten trazar, con precisión de contador, cómo circulaban fondos que aparentemente desaparecían de los libros contables. Lo relevante de este aporte no radica únicamente en los números, sino en que estos números corroboran un esquema que había permanecido en la oscuridad: un sistema donde quienes ganaban licitaciones para ejecutar obras debían desprenderse de una porción significativa de sus ganancias para entregarlas a funcionarios del Estado.

Fernando Lerendegui, supervisor en la AFIP, y Candela Marcellini, inspectora especializada en grandes contribuyentes, expusieron ante el tribunal los hallazgos que emergieron de auditorías realizadas a solicitud de los magistrados. Sus declaraciones cerró un segmento investigativo donde la fiscalía se propuso demostrar que los dineros que salían de las arcas empresariales podían haber terminado en manos de funcionarios públicos. El análisis se concentró fundamentalmente en dos estructuras: la empresa Metrovías y una asociación temporal de empresas (UTE) integrada por IECSA SA y JCR SA, entidades que participaron en la ejecución de proyectos viales de envergadura.

Las operaciones que no cerraban: efectivo sin registro contable

En el caso de Metrovías, los registros analizados por Lerendegui revelaron movimientos financieros que superaban los 11 millones de pesos vinculados a dos proveedores que aparecían incluidos en bases de datos de contribuyentes con perfiles de riesgo. El análisis se profundizó aún más cuando Marcellini presentó su investigación sobre transacciones ejecutadas por compañías asociadas a Angelo Calcaterra, figura central en el armado de este entramado empresarial. Uno de los hallazgos más ilustrativos ocurrió en junio de 2009, cuando IECSA realizó una compra de 600 mil dólares estadounidenses. Según la documentación analizada por la inspectora, esos fondos fueron extraídos por ventanilla a través de Juan Carlos Palacios. Lo singular del asunto residía en que posteriormente, al cierre del período contable, esa suma jamás aparecía registrada como tenencia de la empresa. Desvanecida en la nada contable.

Un mecanismo similar se replicó en otra operación protagonizada por Creaurban SA, compañía que también mantenía vínculos con Calcaterra y con Santiago Ramón Altieri. En esta oportunidad, fueron 380 mil dólares los que desaparecieron de los registros tras haber sido retirados por Palacios. Pero acaso el ejemplo más estructurado de cómo funcionaba este engranaje surgió del análisis de una UTE que cobró un primer adelanto de 109 millones 179 mil pesos en octubre de 2008 por una obra en la ruta 9. Durante los sesenta días subsiguientes, esa misma unión de empresas adquirió 3 millones de dólares, equivalentes en aquel momento a aproximadamente 10 millones 240 mil pesos: una cifra que rondaba precisamente el 10 por ciento del monto inicial cobrado. Esos dólares fueron extraídos en dinero de curso legal de la casa de cambio Transcambio y, como en los casos anteriores, jamás quedaron reflejados en los balances de la empresa.

El sistema de distribución de obras y sus porcentajes regulares

La importancia de estos datos técnicos cobra dimensión cuando se los conecta con el relato que proporcionó Carlos Wagner, empresario que decidió colaborar con la investigación y reveló desde adentro cómo operaba el mecanismo de adjudicación de proyectos. Según Wagner, IECSA formaba parte de un consorcio de empresas que participaba en un sistema de reparto de obras públicas donde existían reglas claras y porcentajes predefinidos. Quien resultaba ganador de una licitación tenía la obligación de entregar a los funcionarios públicos involucrados en la decisión una suma equivalente entre el 10 y el 20 por ciento del monto total de la obra adjudicada. Para dar mayor precisión técnica a cómo se efectuaban estos pagos, Ernesto Clarens, contador que participó en el análisis de las operaciones, explicó un aspecto fundamental del sistema: cuando el adelanto financiero que recibía la empresa constructora ascendía al 20 por ciento del valor del contrato, se solicitaba devolver la mitad de ese adelanto, lo que equivalía exactamente al 10 por ciento del contrato total. Este porcentaje, reiterado en distintas operaciones y en diferentes momentos del período investigado, sugería la existencia de un protocolo establecido.

Las pruebas periciales presentadas por los funcionarios de la AFIP mostraron también otras maniobras que permitían evadir los mecanismos de control que debería ejercer el Banco Central sobre movimientos de divisas. Una de las tácticas consistía en cobrar cheques que llevaban numeraciones correlativas, lo que facilitaba que dinero circulara sin levantar sospechas. Otra estrategia documentada refería a retiros de efectivo que posteriormente no quedaban registrados en la contabilidad de las empresas. Asimismo, se detectaron facturaciones de servicios a proveedores que figuraban en bases APOC, un sistema que concentra información sobre contribuyentes con indicadores de riesgo o con actividades económicas que generan alertas en la administración tributaria. Todas estas irregularidades, consideradas de manera individual, podrían atribuirse a deficiencias administrativas o errores de procedimiento. Consideradas en conjunto, con la recurrencia con que aparecían en distintas empresas y a lo largo de varios años, componían un patrón consistente de ocultamiento de fondos.

Lo que viene: funcionarios públicos ante el tribunal

La presentación de estos informes marca el cierre de una fase de la investigación donde se buscó establecer la base material de las operaciones: de dónde salía el dinero, cómo se movía, dónde desaparecía. El próximo tramo del juicio oral abrirá un nuevo interrogante: hacia dónde iba. Para ello, la semana siguiente al cierre de estas declaraciones técnicas, comenzarán a comparecer ante los magistrados exfuncionarios públicos que ocuparon cargos durante la administración que precedió a 2015. Entre ellos figura Javier Iguacel, quien se desempeñó como Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante la gestión que gobernó entre 2015 y 2019. Su testimonio, así como el de otros funcionarios citados, podría esclarecer qué sucedió con fondos que aparentemente fueron extraídos de las empresas y que, según las hipótesis investigativas, habrían terminado en manos de autoridades estatales.

Los datos compilados por los contadores de la AFIP constituyen por lo tanto un puente entre dos realidades: la material, que puede probarse a través de números y documentos contables, y la institucional, que requiere de testimonios sobre decisiones, autorizaciones y distribuciones de dinero en círculos del poder. La precisión con que se han documentado estos movimientos de fondos establece un marco en el cual los relatos de funcionarios y empresarios pueden ser contrastados, verificados y eventualmente corroborados. Cada cifra, cada porcentaje, cada retiro de dinero que no aparecía en los libros contables, funciona ahora como evidencia que construye un cuadro donde la circulación de dinero deja de ser una cuestión de especulación para convertirse en un hecho susceptible de análisis y debate en la esfera judicial.

Las implicancias de estos hallazgos se extienden más allá del presente caso. El mecanismo desenmascarado, de existir tal como lo describe la investigación, representaría un sistema de captura del Estado donde la asignación de recursos públicos estaría subordinada a pagos extraoficiales. Las perspectivas sobre este fenómeno son variadas: desde quienes sostienen que refleja un patrón sistemático de corrupción que requiere reformas profundas en los mecanismos de control y adjudicación, hasta quienes advierten sobre la necesidad de analizar si problemas de regulación tributaria y supervisión permitieron estas operaciones. El hecho de que fondos públicos destinados a obras de infraestructura hayan circulado a través de mecanismos que eludían registros contables plantea interrogantes sobre la efectividad de los controles institucionales y sobre las reformas que podrían implementarse para reducir estos riesgos en el futuro. El desenlace del juicio no solo resolverá responsabilidades penales individuales, sino que contribuirá a una evaluación más amplia sobre cómo funcionó la administración pública durante ese período y qué salvaguardas resultaron insuficientes.