Hubo un momento preciso en que todo cambió. Fue el miércoles a la noche, cuando desde las esferas más elevadas del poder se resolvió que los periodistas que trabajan habitualmente dentro de la Casa Rosada no iban a poder ingresar al día siguiente. Nadie les avisó. Ningún comunicado oficial, ninguna llamada, ningún mensaje. Los afectados se enteraron de la manera más llamativa posible: cuando llegaron a trabajar el jueves por la mañana y desde el otro lado de las rejas que separan el edificio de Plaza de Mayo, alguien les transmitió la novedad. Así, de golpe, casi cincuenta periodistas acreditados ante el Poder Ejecutivo Nacional quedaron en la vereda.
La jornada no tiene antecedentes desde el retorno de la democracia en la Argentina. Ningún gobierno, en cuatro décadas, había tomado una medida semejante. La cobertura presidencial quedó suspendida de hecho, sin explicación formal ni plazo establecido para revertirla. Lo que siguió fue una cadena de declaraciones confusas, versiones cruzadas y una justificación que, lejos de aclarar el panorama, abrió más preguntas de las que cerró.
La chispa: unos anteojos, una filmación y la furia presidencial
El detonante hay que buscarlo unos días atrás. El domingo previo, dos periodistas de la señal TN difundieron imágenes del interior de los pasillos de Balcarce 50, obtenidas sin autorización mediante el uso de anteojos equipados con tecnología de inteligencia artificial. El material mostró espacios internos del edificio que no estaban destinados a ser registrados. La reacción oficial no tardó. El presidente Javier Milei, que junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, regresaba de una gira por Israel, comenzó a repostear mensajes en su cuenta de la red social X señalando directamente a los dos comunicadores involucrados. Los insultos se acumularon en la pantalla, en la misma línea de otros que en días anteriores había dirigido contra distintos referentes del periodismo.
Pero la respuesta no quedó solo en el plano digital. El jefe de la Casa Militar —el organismo de carácter mixto, integrado por civiles y uniformados, responsable de la seguridad en la residencia gubernamental y en la quinta de Olivos— radicó una denuncia penal. El general de montaña Sebastián Ibáñez llevó la presentación, de nueve páginas, a los tribunales de Comodoro Py, donde por sorteo quedó en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. La acusación: presunto espionaje ilegal. El contenido de la denuncia detalla tanto el método empleado para obtener las imágenes como lo que estas revelan sobre el interior de la sede presidencial.
Una justificación que no cierra: "medidas preventivas" sin explicación técnica
Cuando periodistas e instituciones del sector comenzaron a exigir respuestas, desde el entorno de Balcarce 50 empezaron a circular explicaciones que sonaron más a improvisación que a estrategia comunicacional. Fuentes vinculadas al gobierno señalaron que la Casa Militar necesitaba realizar "medidas de prueba" y llevar adelante una investigación interna relacionada con la grabación no autorizada. También mencionaron que existía la posibilidad de que los periodistas contaran con más material filmado, una suposición que habría surgido de una frase pronunciada en el programa televisivo "Y mañana qué", donde se insinuó la existencia de otras tomas aún no difundidas. Por eso, argumentaron, era necesario contar con "la Casa vacía" durante algunos días para avanzar en esas tareas. No precisaron cuántos días, ni en qué consistirían exactamente esos trabajos.
Ante la consulta sobre por qué la presencia de la prensa acreditada interfería con esa investigación interna, las respuestas se volvieron difusas. Lo que sí se encargaron de aclarar con insistencia fue una distinción técnica: lo que se había inhabilitado eran las huellas dactilares vinculadas al sistema de acceso biométrico, pero formalmente las acreditaciones no habían sido dadas de baja. Una diferencia que, en la práctica, no modificaba en nada la situación de los periodistas que seguían sin poder entrar al edificio. La medida fue calificada oficialmente como "preventiva", aunque sin que nadie pudiera explicar con claridad de qué amenaza concreta se estaba previniendo al sacar a la prensa del lugar.
Lanari al frente, Adorni en silencio
Mientras la polémica crecía, llamó la atención la ausencia pública del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario, que llevaba casi 50 días bajo la lupa por una serie de revelaciones periodísticas sobre sus viajes y patrimonio, no publicó nada en sus redes sociales sobre el tema del día, pese a que en otras ocasiones sí había utilizado esos canales para comunicar posiciones del Ejecutivo. Tampoco brindó conferencia de prensa —algo que no hacía desde el 25 de marzo.
El rol de vocero en esta crisis lo asumió Javier Lanari, secretario de Comunicación y Prensa, conocido por su perfil discreto y su estrecha relación de confianza tanto con Adorni como con los hermanos Milei. Primero recurrió a su cuenta de X para publicar una "aclaración" en la que sostuvo que la quita de huellas dactilares respondía a la denuncia por espionaje ilegal y que el objetivo era "garantizar la seguridad nacional". Más tarde, ya entrada la tarde, se trasladó personalmente hasta un café ubicado en las inmediaciones de Plaza de Mayo, donde los periodistas desplazados habían montado una suerte de redacción improvisada, y les transmitió la versión oficial cara a cara.
Desde ese café, los cronistas tuvieron que cubrir a la distancia uno de los eventos del día: la reunión que el presidente Milei mantuvo con el empresario germano-estadounidense Peter Thiel, figura prominente del ecosistema tecnológico global. Fue el primer acto oficial con presencia presidencial que quedó fuera del alcance de la prensa acreditada como consecuencia directa del veto. Una imagen que condensó, mejor que cualquier comunicado, el significado político de lo ocurrido: el gobierno recibiendo a uno de los hombres más influyentes del mundo tech, sin una sola cámara autorizada en el lugar.
Lo que viene sigue siendo una incógnita. Nadie en el oficialismo puso una fecha para la normalización del acceso. Las fuentes consultadas hablaron de una situación "provisoria", pero sin comprometerse con ningún plazo concreto. En ese vacío de definiciones, las organizaciones de prensa y los gremios del sector ya comenzaron a levantar la voz. La pregunta que quedó flotando sobre la Plaza de Mayo es simple y al mismo tiempo incómoda para el Ejecutivo: ¿cuánto tiempo puede un gobierno democrático sostener el argumento de que necesita "la Casa vacía" para justificar el cierre de sus puertas al periodismo?