Una decisión judicial que reabre cicatrices en uno de los casos más complejos y controvertidos de la historia reciente argentina acaba de marcar un nuevo capítulo: la exfiscal de instrucción Viviana Fein, responsable de las primeras diligencias tras el hallazgo del cuerpo del fiscal federal Alberto Nisman, fue procesada por presunto encubrimiento agravado. El magistrado federal Julián Ercolini fundamentó su resolución en lo que consideró un patrón sistemático de irregularidades que habría comprometido la integridad del expediente y la posibilidad de esclarecer qué sucedió aquella madrugada de hace casi una década. El embargo impuesto alcanza la cifra de 15 millones de pesos. La defensa de la exfiscal ya anticipó recursos legales tendientes a revocar esta determinación ante instancias superiores.
Para dimensionar el alcance de esta acusación resulta imprescindible remontarse a los antecedentes que preceden este fallo. El 18 de enero de 2015, Nisman fue localizado sin vida en su departamento ubicado en la zona portuaria de la ciudad. Apenas cuatro días antes, el fiscal había presentado una acusación formal contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, alegando que habría obstruido la investigación del atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina cometido en 1994. Este dato de proximidad temporal entre la denuncia y su muerte siempre albergó especulaciones sobre posibles conexiones causales. Sin embargo, transcurridos casi diez años, los tribunales nacionales todavía no han logrado determinar con precisión las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Lo único que se encuentra firme es que Ercolini dictaminó que se trató de un homicidio, conclusión que fue confirmada posteriormente por la Cámara Federal hace ocho años atrás. Pese a ello, el expediente sigue sin elevarse a la etapa de debate oral y público, manteniéndose en una zona gris judicial donde la acusación persiste pero la identificación de responsables permanece en la penumbra.
Las irregularidades documentadas en el manejo inicial
El análisis que efectuó Ercolini sobre la actuación de Fein como máxima autoridad responsable de la investigación en esos primeros momentos críticos revela un catálogo detallado de deficiencias procedimentales. De acuerdo con el fallo, la exfiscal exhibió comportamientos que —en criterio del juez— contravienen los estándares básicos para la preservación de evidencia en escenas de delito. Entre las irregularidades más señaladas aparece la demora de casi hora y media en arribar al lugar donde reposaba el cuerpo, un tiempo transcurrido que en términos criminológicos puede resultar crucial para la contaminación de pruebas y la pérdida de indicios. Una vez allí, Fein habría omitido establecer límites físicos y protocolos de control que impidieran el acceso indiscriminado de personas al interior de la vivienda. El juez sostuvo que ella debió documentar minuciosamente el estado en que encontró los espacios, identificar exhaustivamente a toda persona presente y registrar las razones de su permanencia en la escena.
Según la perspectiva de Ercolini, otras conductas cuestionables incluyen el hecho de que Fein ingresó sin equipamiento de protección personal adecuado para ese tipo de investigación, permitió la circulación libre de individuos sin roles definidos dentro del espacio del hallazgo, y manipuló o consintió la manipulación de elementos materiales susceptibles de ser probatorios. El magistrado agregó en su fundamentación que la exfiscal no recopiló ni siquiera advirtió la existencia de ciertos elementos de evidencia que resultaban fundamentales para profundizar la pesquisa. Estas prácticas, consideradas en su conjunto, funcionaron según Ercolini como un obstáculo que impidió la obtención de información que posiblemente hubiera facilitado la identificación de posibles autores materiales y, consecuentemente, el acceso a respuestas más concretas sobre las causas de la muerte. El magistrado enfatizó que sus conclusiones no constituyen especulaciones sin fundamento, sino que emanaban directamente de la conducta observable de Fein, cuyas acciones habrían violado las normativas legales y procedimentales aplicables a su condición de funcionaria pública en ejercicio de sus facultades investigativas.
La naturaleza agravada del encubrimiento y sus implicancias legales
La calificación legal del delito que le atribuye Ercolini a Fein incorpora un factor de agravación que merece atención. No se trata simplemente de encubrimiento, sino de "encubrimiento agravado". Esta distinción reviste importancia jurídica considerable. El argumento central del magistrado radica en que el delito presuntamente encubierto —la muerte de Nisman— era de una gravedad extrema, lo cual constituye un elemento agravante en sí mismo. Adicionalmente, la condición de Fein como funcionaria pública, especialmente como fiscal de instrucción investida de autoridad investigativa, representa otro factor que incrementa la responsabilidad penal potencial. La ley argentina reconoce agravaciones cuando un servidor público incumple sus obligaciones de manera que vulnera la búsqueda de justicia, particularmente en casos de máxima relevancia institucional. El caso de Nisman, cuya muerte ocurrió en el contexto de acusaciones de alto nivel político, evidentemente califica como un asunto de envergadura excepcional.
La medida cautelar de embargo dictada contra la exfiscal por una suma de quince millones de pesos constituye también un mensaje jurisdiccional sobre la gravedad atribuida al comportamiento investigado. Este monto, aunque no es el máximo que podría haberse decretado, refleja un nivel de seriedad en la imputación. Cabe notar que los embargos de esta envergadura suelen aplicarse en casos donde existe convicción de que se ha cometido un ilícito de consideración. La defensa de Fein ha manifestado su propósito de impugnar tanto el procesamiento como la medida cautelar ante la instancia de apelación, donde magistrados de rango superior deberán examinar si los elementos probatorios y el análisis jurídico presentado por Ercolini resisten el escrutinio crítico de un tribunal colegiado. Históricamente, la Cámara Federal ha demostrado variabilidad en sus criterios al revisar decisiones de juzgados de primera instancia, por lo que el resultado de estas apelaciones permanece abierto a múltiples posibilidades.
Resulta significativo considerar que esta acusación contra Fein surge prácticamente una década después de los hechos que ahora se investigan judicialmente. Tal lapso temporal no resulta extraordinario en la práctica argentina de administración de justicia, pero sí plantea interrogantes sobre la disponibilidad de pruebas y testimonios que puedan haber perdido precisión o disponibilidad con el correr de los años. Simultáneamente, la demora también puede interpretarse como expresión de la complejidad que encierra desentrañar responsabilidades en contextos donde la información se ha dispersado, los recuerdos se han desvanecido y las circunstancias originales se han vuelto cada vez más difíciles de reconstruir con nitidez.
Más allá del resultado que finalmente alcance este procesamiento, lo que emerge como interrogante central es cómo ha incidido el manejo inicial de la escena del crimen en la capacidad posterior de la justicia para resolver una causa que sigue abierta. Si se confirma judicialmente que existieron deficiencias graves en la preservación de evidencia durante las primeras horas posteriores al hallazgo, esto reforzaría la hipótesis de que cierta información potencialmente decisiva se perdió irreversiblemente. Por el contrario, si los tribunales superiores revisan y modulan estas conclusiones, podría abrir espacio a argumentaciones sobre si tales irregularidades fueron realmente determinantes o si respondieron a prácticas entonces más toleradas institucionalmente. En cualquier escenario, el caso Nisman permanece como un símbolo de los desafíos que enfrenta el sistema penal argentino cuando debe investigar muertes de funcionarios públicos en contextos donde se entrelazan componentes político-institucionales de alto voltaje. Las próximas resoluciones judiciales determinarán si Fein será finalmente condenada o si, alternativamente, las instancias superiores desarticulan la estrategia acusatoria que ahora ha iniciado su camino por los estrados.
