La semana entrante podría marcar un punto de inflexión en materia de regulación sobre la propiedad de tierras en territorio argentino. El bloque gobernante confirmó esta semana su intención de convocar a sesión plenaria en el Senado para el próximo jueves 16 de julio, con un temario que pivotea sobre un proyecto que busca habilitar la compra de superficies rurales a ciudadanos y capitales del exterior. Esta iniciativa, que ha acumulado catorce versiones sucesivas desde su despacho en comisión hace ya más de un mes, representa uno de los cambios legales más controvertidos que ha impulsado la administración nacional en lo que va del año. Su aprobación o fracaso podría establecer un precedente significativo respecto de cómo se concibe la propiedad agraria en el país, un tema que históricamente ha despertado pasiones encontradas entre distintos sectores políticos y sociales.
El acuerdo legislativo y sus incertidumbres
Durante la reunión de jefes de bloque celebrada al mediodía de esta semana, la titular de la bancada oficial, Patricia Bullrich, logró consensuar el cronograma de sesiones que regirá en la Cámara Alta en los próximos días. Más allá de lo que aparentaba ser un acuerdo cerrado, los indicios sugieren que la certeza respecto del quórum sigue siendo frágil. Distintos legisladores oficialistas reconocieron, en conversaciones privadas, que la asistencia de todos los senadores no está completamente garantizada para la próxima semana, debido a ausencias ya comunicadas. Este panorama introduce una variable de riesgo en los cálculos del oficialismo, que necesita reunir la cantidad mínima de presentes para abrir el recinto. La sesión fue convocada para las doce del mediodía, lo que deja abierta la posibilidad de que se extienda durante varias horas, dada la envergadura del proyecto que se discutirá y las posiciones encontradas que se prevé que ocupen el debate.
Simultáneamente, el organismo parlamentario definió una segunda convocatoria para el 6 de agosto, jornada en la que se tratarían otros asuntos legislativos que por ahora quedan fuera de la agenda inmediata. Esta estrategia de separación de temas responde a la necesidad de concentrar fuerzas y recursos argumentativos en torno a la cuestión de la inviolabilidad de la propiedad privada, que según las proyecciones del bloque gobernante demandará un intercambio prolongado de argumentos. La decisión de postergar otros proyectos, como la denominada ley hojarasca —que busca derogar normativas obsoletas— y el polémico texto que aumentaría las penas por denuncias falsas, refleja un cálculo político sobre dónde concentrar las energías legislativas en el corto plazo.
El nudo de la controversia: tierras, soberanía y negocios
El corazón del proyecto que pretende sesionar el jueves gira alrededor de la eliminación de una prohibición histórica: la que impide que personas físicas de nacionalidad extranjera adquieran terrenos dedicados a la actividad rural. Según lo que trascendió de las distintas versiones del texto, la redacción más reciente habilita la venta de estos inmuebles a ciudadanos extranjeros, aunque introduce limitaciones cuando la compra involucra a empresas que cuentan con participación accionaria de gobiernos extranjeros. En estos últimos casos, la operación requeriría aprobación tanto de la provincia donde se encuentre el predio como del Estado nacional. Este equilibrio buscado entre apertura y cautela se convierte en el verdadero termómetro de si la iniciativa cuenta o no con respaldo legislativo suficiente. Las negociaciones en torno a este punto específico son las que determinarán si Bullrich puede o no convocar a sesión plenaria con perspectivas reales de éxito.
Más allá de la cuestión sobre quién puede comprar, el proyecto incluye otras modificaciones que alteran significativamente el régimen de regulación sobre la tierra. Se contemplan cambios destinados a agilizar los procedimientos de desalojo en casos de ocupación irregular de propiedades rurales o viviendas. Igualmente, modifica los mecanismos existentes para que el Estado realice expropiaciones, así como también introduce ajustes en la normativa relativa al manejo del fuego en territorios rurales. Cada uno de estos componentes genera resistencias particulares en diferentes sectores: productores que temen perder acceso a sus tierras, trabajadores rurales preocupados por desalojos acelerados, ambientalistas atentos a la regulación sobre quemas, y nacionalistas descontentos con la apertura a capitales foráneos. El resultado es un cóctel legislativo de alto voltaje político.
Fracturas internas y posiciones divergentes
No todos dentro del oficialismo guardan silencio respecto de este proyecto. La vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó su desacuerdo con la iniciativa durante el encuentro de coordinación de los bloques, según información que circuló entre legisladores presentes. Esta postura contraria desde una figura con peso institucional añade una capa más de complejidad al panorama. Su oposición no necesariamente se traduce en votos en contra en la sesión —dado que su rol es principalmente de orden constitucional—, pero sí constituye un mensaje político que contribuye a la fragmentación de lo que el oficialismo presenta como una posición monolítica. Paralelamente, la oposición peronista mantiene sus críticas al proyecto, aunque es importante notar que las resistencias no son uniformes en toda la coalición que nucleaba tradicionalmente a esa fuerza.
Durante la reunión de coordinación de esta semana emergieron también tensiones vinculadas a acuerdos previos que el oficialismo habría incumplido. Senadores peronistas como Juliana Di Tullio, por la provincia de Buenos Aires, y Fernando Salino, por San Luis, expresaron con dureza sus críticas respecto del quiebre de un compromiso asumido hace aproximadamente tres semanas. En aquella oportunidad se había acordado debatir la interpelación del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin embargo, ante la reacción adversa de la Casa Rosada, Bullrich se vio obligada a convocar a una nueva reunión de jefes de bloque para modificar las reglas de juego y endurecer los requisitos para habilitar esa discusión. La sesión finalmente se frustró, poco después de que Adorni presentara su renuncia, lo que resultó conveniente para los intereses del Ejecutivo. Este antecedente genera un clima de desconfianza que se proyecta hacia los acuerdos vigentes sobre la próxima sesión legislativa.
La acumulación de designaciones judiciales pendientes
El temario de la sesión del 16 de julio no se agota en el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. También incluye el tratamiento de aproximadamente treinta pliegos de candidatos para cargos en la magistratura federal, designaciones que cuentan con dictamen favorable desde hace varias semanas. Entre los nombres que se espera se traten figuran los del camarista Víctor Pesino, quien próximamente cumplirá setenta y cinco años y para quien el Poder Ejecutivo ha solicitado una renovación de acuerdo por cinco años adicionales. Igualmente, se encontraría el caso de Juan Tomás Rodríguez Ponte, cuya candidatura para ocupar el juzgado federal número dos de Lomas de Zamora genera particular interés dado que es exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo. El tribunal al que accedería Rodríguez Ponte es el que actualmente revisa la causa en la que se investiga al intendente de Tres de Febrero, Martín Insaurralde, junto con su pareja, Jesica Cirio. Esta intersección entre designaciones judiciales e investigaciones penales en curso añade otra dimensión política al debate que se aproxima.
La acumulación de estos asuntos diversos en una única sesión refleja una estrategia del oficialismo de concentrar decisiones legislativas importantes cuando cuenta con posibilidades de quórum. Sin embargo, también aumenta el riesgo de que alguno de estos temas genere fricciones que comprometan la votación sobre otros ítems de la agenda. El proyecto sobre tierras y extranjeros ya es suficientemente divisivo como para que el oficialismo se sienta seguro; la adición de pliegos judiciales que despiertan suspicacias sobre conflictos de interés potencia las tensiones que se esperan durante el debate.
Perspectivas y consecuencias de lo que viene
Los desenlaces posibles de la sesión del próximo jueves abarcan un espectro amplio. Un escenario es que el oficialismo logre reunir el quórum y apruebe tanto el proyecto sobre propiedad privada como los pliegos judiciales, consolidando una victoria legislativa que envíe señales al mercado y a los sectores productivos vinculados a la actividad exportadora. En este caso, la habilitación de compra de tierras rurales por extranjeros podría atraer inversión internacional y aumentar la capitalización del sector agrario, aunque también generaría críticas sobre la soberanía sobre los recursos naturales y provocaría efectos económicos y sociales cuya magnitud aún es difícil de prever. Un segundo escenario incluye que fracase la convocatoria por falta de quórum, lo que constituiría un retroceso político importante para Bullrich y el oficialismo, demostrando que las fracturas internas y las ausencias legislativas son mayores que lo que las estadísticas publicitaban. Un tercera posibilidad es que se logre quórum pero que la votación sobre el proyecto de tierras sea muy cerrada, reflejando la fragilidad del consenso interno. Cada uno de estos caminos tiene implicaciones distintas para la gobernabilidad, para la composición de fuerzas políticas en el Senado, y para el futuro de otras iniciativas legislativas que el Ejecutivo tiene en agenda. Lo que parece claro es que el próximo jueves 16 será una jornada en la que convergen tensiones legislativas, conflictos de interés, divisiones internas y desacuerdos sobre la orientación de políticas públicas fundamentales que definirán, al menos parcialmente, el rumbo de las decisiones sobre propiedad, territorio y recursos en los próximos años.
