En medio del desarrollo de un juicio que intenta desentrañar una de las operatorias más complejas de recaudación irregular de fondos en la historia judicial argentina reciente, compareció ante el tribunal Florencio Randazzo para brindar su testimonio. La presencia del exfuncionario reviste particular relevancia no solo por su trayectoria dentro de la administración pública durante la gestión kirchnerista, sino también porque su testimonio toca un sector —el transporte ferroviario— que ha sido históricamente problemático en la Argentina y que, según su propia lectura, encarna buena parte de los problemas estructurales del país. Lo que ocurre en esta sala de audiencias trasciende una simple recolección de pruebas: representa un intento por reconstruir una cadena de decisiones, compromisos y presuntas ilegalidades que habrían operado durante años en las instituciones del Estado.

La convocatoria de Randazzo emanó de la acusación pública, que buscaba que proporcionara información sobre el funcionamiento del área que administró y sobre las prácticas que hallara —o no hallara— en los organismos bajo su responsabilidad. La declaración se produce en un contexto donde Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, quienes lo precedieron en el cargo de ministro del ramo, se encuentran actualmente siendo procesados en el mismo expediente. Ambos enfrentan acusaciones que apuntan a su participación en una estructura que, según la tesis fiscal, habría funcionado como una máquina de extorsión dirigida a empresarios del sector transportista. Lo significativo del testimonio de Randazzo radica en que ofrece una perspectiva comparativa: la de alguien que ocupó el mismo puesto posteriormente y que puede, desde esa posición, analizar qué encontró cuando asumió responsabilidades en el área.

El ferrocarril como lente histórico

Randazzo utilizó su tiempo ante el tribunal para efectuar un despliegue analítico de amplio alcance. Según sus palabras vertidas durante la audiencia, no es posible comprender la trayectoria de deterioro institucional y económico que caracteriza a la Argentina sin analizar detenidamente qué sucedió en el sector ferroviario. Su argumentación sugiere que en los ferrocarriles convergen factores que explican buena parte de los problemas nacionales. Esta perspectiva no es caprichosa: el sistema ferroviario argentino posee una historia de más de 170 años, durante la cual ha experimentado ciclos de expansión, colapso y fragmentación que reflejan, en cierta medida, los ciclos políticos y económicos del país. Desde el apogeo de las líneas privadas a fines del siglo XIX hasta las nacionalizaciones peronistas, pasando por la privatización en los noventa y sus consecuencias, el ferrocarril argentino condensa capítulos enteros de la historia nacional.

Dentro de su declaración, Randazzo hizo referencia específica al cambio de dependencia administrativa que experimentó el área de Transporte ferroviario. Señaló que después del siniestro de Once en 2012 —catástrofe donde fallecieron 52 personas en un choque ferroviario en pleno corazón porteño—, la expresidenta Cristina Kirchner dispuso que el rubro pasara a depender directamente del Ministerio de Transporte. Esta reorganización institucional no fue un detalle menor: respondía a la necesidad de ejercer mayor control sobre un sector que había generado una tragedia de magnitudes considerables. La decisión de centralizar la responsabilidad indicaba una voluntad política de asumir control sobre un área que había mostrado niveles inaceptables de negligencia. Lo que no quedó claro en ese momento era si esa centralización resultaría en una verdadera mejora de los controles o si, por el contrario, facilitaría otras dinámicas problemáticas.

Lo que encontró al llegar: silencios y omisiones

Cuando se le preguntó específicamente sobre la existencia de mecanismos de fiscalización en la gestión anterior a la suya, Randazzo fue categórico pero evasivo: "No sé antes porque no estuve". Esta respuesta, aunque aparentemente simple, encierra una complejidad mayor. El exfuncionario reconoce los límites de su conocimiento directo respecto de prácticas preexistentes, pero esa misma limitación sugiere una desconexión entre administraciones. O bien los registros de lo anterior no fueron transmitidos adecuadamente, o bien existía poco interés en documentar y compartir información sobre cómo operaba el sistema precedente. En cualquier caso, la respuesta deja abierto un espacio de incertidumbre que los investigadores y los jueces deberán examinar con lupa. La falta de conocimiento directo no equivale a la ausencia de responsabilidad institucional, pero sí plantea interrogantes sobre la continuidad de prácticas administrativas y la manera en que las gestiones sucesivas heredan —o ignoran deliberadamente— el conocimiento sobre operatorias que pueden resultar cuestionables.

La declaración de Randazzo se produce en un contexto donde su propia trayectoria política posterior refleja rupturas significativas con el kirchnerismo. Randazzo aspiraba a convertirse en candidato presidencial en 2015, momento en el cual la expresidenta Kirchner optó por respaldar a Daniel Scioli como continuador. Esa decisión marcó un punto de quiebre. Dos años después, en 2017, Randazzo se presentó como aspirante a senador provincial, pero fuera de la estructura kirchnerista, logrando apenas algo más del 5 por ciento de los sufragios. Esta trayectoria indica una progresiva distancia respecto del proyecto que alguna vez integró, lo cual puede incidir en cómo se interprete su testimonio actual: ¿comparece como testigo neutral, o lo hace alguien que ya ha marcado distancia con el establishment político del cual formó parte?

Lo que emerge del testimonio de Randazzo es una fotografía parcial pero reveladora de un sector que, según su propio análisis, contiene las claves para entender el devenir argentino. Los ferrocarriles, en su lectura, no son meramente infraestructura técnica: son espejos de decisiones políticas, de asignación de recursos, de capacidad institucional para garantizar seguridad y eficiencia. Cuando ese sector funciona mal, cuando genera tragedias como la de Once, cuando se convierte potencialmente en punto de extorsión hacia empresas privadas, entonces está revelando algo más profundo sobre el estado de la república. Su testimonio ante el tribunal contribuye a un debate más amplio sobre cómo las instituciones públicas pueden llegar a convertirse en instrumentos de lucro particular en lugar de servir al interés colectivo.

Las implicancias de este proceso trascienden los nombres específicos de los imputados. La investigación que se desarrolla en la sala sugiere dinámicas donde funcionarios públicos habrían aprovechado posiciones de poder para coaccionar a empresarios y extraer fondos irregulares. Si las acusaciones se sostienen, estamos ante un esquema de captura estatal donde la autoridad regulatoria se convierte en instrumento de presión económica. Los testimonios como el de Randazzo ayudan a construir ese cuadro, a establecer comparaciones entre períodos, a identificar cambios de procedimiento y ausencias de controles. Las conclusiones del tribunal, cuando lleguen, determinarán si hubo responsabilidad penal, pero lo que ya está en el registro público es una serie de preguntas incómodas sobre cómo operan ciertos sectores del aparato estatal y bajo qué condiciones se facilita que emerjan prácticas irregulares. Para algunos observadores, esto representa un avance de la justicia en materia de transparencia; para otros, constituye una persecución política contra gestiones anteriores; para muchos, simplemente refleja problemas sistémicos que ningún juicio resolverá completamente sin cambios institucionales más profundos.