El calendario político de la administración nacional marca con tinta roja el mes de septiembre como punto de quiebre para uno de los temas que más divide aguas en el establishment legislativo: la reforma electoral. Mientras la Casa Rosada acelera contactos con gobernadores de distintos signos políticos para construir un piso de consenso, los sectores dialoguistas de la oposición han comenzado a trazar sus propias líneas rojas, rechazando de plano ciertas propuestas que circulan en los pasillos del poder ejecutivo. El escenario que se dibuja no es el de una negociación sencilla, sino el de un tablero complejo donde cada actor juega sus fichas con cuidado, consciente de que cualquier error podría colapsar los frágiles acuerdos que apenas comienzan a gestarse.
La prioridad declarada del oficialismo permanece inquebrantable: la eliminación de las PASO, el sistema de elecciones primarias que funciona desde 2009 en Argentina. Según señaló en días recientes la senadora que conduce el bloque de La Libertad Avanza, esta modalidad de votación genera distorsiones en la competencia política, permitiendo que determinadas fuerzas presenten candidatos sin oposición real dentro de sus propias filas. La narrativa oficial sostiene que este mecanismo no cumple su función original de seleccionar a los mejores candidatos y termina siendo un costo innecesario para el erario público y para las propias estructuras partidarias. Sin embargo, lo que comenzó como un objetivo único y claramente definido se ha ido transformando, a medida que avanza el diálogo con otros actores políticos, en un abanico de posibilidades que el Gobierno evalúa en paralelo.
Las alternativas que emergen del seno del oficialismo
Entre las opciones que circulan en los despachos del Ejecutivo figuran propuestas que, en cierta medida, contradicen la postura original. Una de ellas es la reincorporación de las listas colectoras, mecanismo que funcionaba en décadas pasadas y que permitía a varios candidatos de un mismo partido competir bajo una única denominación. Otra alternativa, que ya cuenta con precedente reciente, es volver a suspender las PASO indefinidamente, como sucedió con los comicios legislativos de 2025, utilizando para ello reformas en la ley de Boleta Única de Papel. Esta última opción permitiría que cada fuerza política presente múltiples candidatos a legisladores pero mantenga un único candidato presidencial. Sin embargo, la conducción del bloque oficialista se ha apresurado a descartar públicamente la idea de las colectoras, calificándola como un retroceso que simplemente trasladaría parte de los problemas de las PASO hacia el mismo acto electoral.
La estrategia comunicacional del Gobierno intenta posicionarse como defensora del sistema democrático, pero sus movimientos en las negociaciones privadas revelan una apertura mucho mayor a cambios que lo que trascurre en los discursos públicos. El jefe de Gabinete tiene agendadas nuevas rondas de conversaciones con mandatarios provinciales, mientras que la mesa política coordinada por la secretaria general de la Presidencia analiza simultáneamente varias rutas de salida. Esta dualidad entre lo que se dice en público y lo que se evalúa puertas adentro genera escepticismo en los bloques dialoguistas, que advierten sobre la falta de claridad respecto a cuáles son realmente las prioridades del Ejecutivo.
La oposición dialoguista fija sus límites
Los senadores y senadoras del PRO, la Unión Cívica Radical y los espacios provinciales moderados tienen posiciones más definidas de lo que podría parecer a primera vista. Mientras que la Casa Rosada aún no ha presentado un anteproyecto formal con sus modificaciones concretas, desde estos bloques aseguran que la discusión sustantiva todavía no ha comenzado. Legisladores radicales mendocinos, encabezados por figuras con trayectoria ejecutiva, ya han presentado sus propios proyectos para implementar la figura de Ficha Limpia, mecanismo que busca inhabilitar candidatos condenados por delitos graves. El argumento que esgrimen sus impulsores apunta a fortalecer la integridad democrática y garantizar que quienes accedan a cargos públicos cumplan con estándares mínimos de probidad. Esta iniciativa ha ganado peso en los últimos meses, tanto que varios bloques solicitan al Gobierno que la aborde de manera separada a la reforma electoral general, permitiendo así que sea tratada con urgencia antes de los comicios presidenciales de 2027.
Desde el espacio Convicción Federal, integrado mayoritariamente por gobernadores y legisladores con raíces peronistas, se advierte que las conclusiones de mandatarios clave en provincias como Catamarca, Tucumán y Salta serán determinantes para definir posiciones. Este giro hacia la política provincial refleja una realidad de la Argentina actual: el poder legislativo nacional depende cada vez más de acuerdos que se cierran en las provincias, donde gobernadores de distintas extracciones políticas negocian bilateralmente con el Ejecutivo nacional para obtener recursos, obras públicas o beneficios legislativos. La estrategia presidencial contempla exactamente esto: primero cerrar consensos con los gobernadores, luego trasladar esos acuerdos al Senado, esperando que los legisladores nacionales sigan la línea marcada por los mandatarios de sus respectivas provincias.
El senador que integra el bloque del PRO ha planteado con claridad que la mayoría de los legisladores dialoguistas con los que ha conversado prefiere mantener las PASO en su formato actual, aunque está abierto a modificaciones. Los radicales, por su parte, han expresado su disposición a negociar pero reclaman que el Gobierno envíe un documento formal antes del receso de agosto, facilitando así un análisis exhaustivo de las propuestas. Esta actitud de los bloques opositores moderados refleja una postura pragmática: están dispuestos a moverse, pero no quieren ser sorprendidos por cambios de rumbo o improvisaciones. La propuesta más interesante que ha emerged desde la UCR es aquella que convierte las PASO en optativas, eliminando la obligatoriedad pero permitiendo que los partidos que lo deseen continúen utilizando este mecanismo. Según análisis preliminares, esta alternativa podría reunir más respaldos que la posición original del Gobierno.
A medida que se acerca el mes de negociaciones intensivas, las cartas sobre la mesa comienzan a organizarse con mayor claridad. El oficialismo necesita más de la mitad de los senadores para aprobar cualquier reforma constitucional, lo que implica que no puede imponerse unilateralmente. La oposición dialoguista, aunque dividida en varios bloques, tiene poder de veto si actúa de manera coordinada. Este equilibrio de fuerzas es precisamente lo que explica la multiplicidad de opciones que el Gobierno evalúa: no sabe aún cuál será la fórmula que logre reunir suficientes voluntades. Los rechazos a las colectoras, las demandas de tratamiento separado para Ficha Limpia y la emergencia de alternativas como las PASO optativas configuran un panorama donde cada actor tiene herramientas para modificar el resultado final. Lo que suceda en las próximas semanas, particularmente a partir de septiembre, definirá no solo cómo se elegirá a los representantes en 2027, sino también el balance de poder político que prevalecerá hasta entonces.
