Una comparecencia espontánea que marca una estrategia defensiva
La aparición voluntaria de Demian Reidel ante los tribunales federales constituye un giro significativo en la trama de irregularidades financieras que sacudió a Nucleoeléctrica Argentina S.A. durante el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Lo relevante no es únicamente que el exdirectivo decidiera presentarse por iniciativa propia, sino que lo hizo luego de ser procesado por la fiscalía federal en una investigación que destapa un patrón de erogaciones cuestionables efectuadas mediante instrumentos de pago corporativos. Esta decisión temprana de comparecer anticipa una estrategia jurídica concentrada en desvincularse de los gastos bajo sospecha mediante un análisis pormenorizado de las operaciones realizadas.
El magistrado Sebastián Ramos, responsable de la causa, recibió un escrito en el cual Reidel refutó categóricamente toda implicación en los consumos que ahora son objeto de escrutinio judicial. Su argumentación se estructura en torno a una premisa central: ni él realizó transacciones de este tipo, ni ostentaba responsabilidades en materia de supervisión de los gastos del personal vinculado a la empresa. Esta negativa alcanza una redacción precisa en la cual subraya la ausencia total de movimientos cuestionables en su resumen personal de tarjeta corporativa, lo que sugiere una diferenciación clara entre su línea de crédito y las de otros funcionarios.
Los detalles del patrimonio cuestionado y la estrategia de individualización
Durante los meses bajo investigación, las tarjetas de Nucleoeléctrica registraron transacciones que trascienden por mucho los parámetros de gasto ordinario esperables en una entidad estatal. Los movimientos incluyeron pagos en discotecas madrileñas, establecimientos de servicios costeros en Valencia, servicios de belleza y peluquería, acceso a tiendas libres de impuestos internacionales, compras de vestuario en comercios del exterior, hospedaje y servicios gastronómicos en múltiples jurisdicciones. A esto se sumaron aproximadamente 400 extracciones de efectivo que totalizaron alrededor de $56 millones, operaciones que carecen de justificación documentada y que profundizan el interrogante sobre destinos finales de fondos públicos. El descubrimiento de este esquema emergió a raíz de un informe de gestión que elevó Manuel Adorni, funcionario a cargo de la coordinación de gabinete, tras consultorías formuladas por legisladores que buscaban transparencia sobre las erogaciones realizadas.
La línea argumentativa de Reidel pivotea sobre una cuestión técnica pero determinante: el reporte agregado que fundamenta la imputación no permite individualizar quién específicamente ejecutó cada movimiento cuestionado. Según su perspectiva, los documentos presentados por la fiscalía federal consolidaban datos de múltiples tarjetas vinculadas a la cuenta institucional número 338402 sin establecer con claridad cuál era el responsable individual de transacciones particulares. Este señalamiento adquiere peso jurídico en tanto que el derecho penal requiere una atribución personalizada de conducta antes de asignar responsabilidad penal a un individuo. Reidel, en consecuencia, demandó que la investigación profundizara en la segregación de cada operación, separando aquellas que él pudo haber autorizado en su carácter de titular del órgano directivo de aquellas que correspondieron a otros funcionarios con facultades operativas.
La cuestión de las competencias administrativas y el destierro de responsabilidades
Un eje central en la estrategia defensiva del exasesor presidencial radica en la delimitación de funciones dentro de la estructura jerárquica de la compañía estatal que gestiona las instalaciones nucleares nacionales. Reidel sostiene que su cargo, situado en la cúspide de la pirámide directiva, no le confería labores de fiscalización operativa, administrativa o documental de los gastos generados por tarjetas corporativas utilizadas por otras autoridades. Conforme su interpretación, las responsabilidades de verificación, consentimiento y presentación de cuentas correspondían a otras divisiones funcionales de Nucleoeléctrica, no a la presidencia del consejo directivo. Esta argumentación pretende establecer una barrera entre la autoridad formal que ostentaba y las obligaciones de supervisión cotidiana, un punto que puede resultar decisivo en la evaluación de culpabilidad penal que efectúe la justicia.
El contraste entre la actitud de Reidel y la postura adoptada por otros funcionarios implicados resulta particularmente elocuente. Mientras que Adorni, quien presentó públicamente el informe que expuso las irregularidades, ha mantenido un perfil evasivo respecto de consultas sobre su patrimonio personal amparándose en el argumento de que divulgar información interferencia en la investigación conducida por los fiscales Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, Reidel optó por el camino inverso: ofrecer espontáneamente documentación, designar defensa legal en la persona de Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza, y proponer medidas específicas para esclarecer los hechos. Esta divergencia estratégica puede influir significativamente en cómo se perciba la disponibilidad de cada actor para colaborar con la justicia.
Las diligencias propuestas y la apuesta por demostrar inocencia mediante prueba técnica
Con el objetivo de resolver las incógnitas que rodean el destino de fondos públicos, Reidel propuso un conjunto de medidas de investigación diseñadas para fragmentar la responsabilidad de manera clara. Entre ellas, sugirió una auditoría exhaustiva de cada transacción efectuada mediante tarjetas corporativas, que permitiera reconstruir cronológicamente quién autorizó, quién ejecutó y en qué contexto se justificó cada movimiento. Además, planteó la necesidad de una pericia contable que segregara de manera precisa los gastos que él personalmente realizó con la tarjeta de empresa —limitados a hospedaje, pasajes aéreos, traslados terrestres y servicios aeroportuarios vinculados a participación en foros internacionales— de aquellos que ejecutaron otros funcionarios. Esta propuesta metodológica busca establecer una línea divisoria entre consumos que pueden ser caracterizados como necesarios para el cumplimiento de funciones públicas y aquellos que, por su naturaleza, carecen de justificación en el contexto de una empresa estatal.
Meses antes de esta comparecencia judicial, Reidel ya había emitido pronunciamientos públicos a través de redes sociales en los cuales rechazaba vinculación con los gastos bajo sospecha. En aquel momento, caracterizó como "mezcla de datos" la forma en que se presentaban las anomalías, argumentando que consolidar movimientos de múltiples tarjetas sin discriminar usuarios generaba una falsa impresión de responsabilidad compartida. Enfatizó que sus resúmenes personales no arrojaban registro alguno de transacciones en establecimientos nocturnos, servicios de playa, tiendas exentas de aranceles, comercios de indumentaria, perfumería, supermercados ni atracciones turísticas. Tampoco figuraban extracciones o giros de efectivo en su línea de crédito personal. Este desglose pormenorizado constituye la base fáctica sobre la cual construyó su defensa ante el magistrado encargado.
Cambios institucionales posteriores y replanteamiento de políticas de gasto
Una consecuencia inmediata de la exposición pública de estas irregularidades fue la decisión adoptada por Juan Martín Campos, quien asumió la presidencia de Nucleoeléctrica posteriormente, de eliminar la posibilidad de utilizar tarjetas corporativas para viajes. Esta medida representa un reconocimiento tácito de que los mecanismos de control y supervisión existentes resultaban insuficientes para prevenir desviaciones en el manejo de instrumentos de pago corporativos. La supresión de esta práctica apunta a una recalibración de políticas internas que, al menos en apariencia, busca evitar futuras situaciones análogas. Sin embargo, esta reforma administrativa no resuelve la cuestión de cuántos funcionarios estuvieron implicados en el esquema previo de gastos cuestionables ni quiénes fueron responsables específicamente de cada transacción irregular.
Perspectivas abiertas y caminos probables de la investigación
El resultado de esta causa dependerá en gran medida de si la justicia logra realizar la segregación de operaciones que Reidel propone como medida de prueba. Si los auditorios contables y las pericias técnicas confirman que su tarjeta personal no registra movimientos en los rubros cuestionados, el exfuncionario podría lograr su desvinculación del caso. Simultáneamente, aquella individualización permitiría identificar con precisión cuáles funcionarios ejecutaron las transacciones irregulares, redefiniendo así el universo de imputados y responsables. Por el contrario, si emergen evidencias que vinculen a Reidel con autorización, consentimiento o conocimiento de gastos irregulares ejecutados por subordinados, la alegación sobre ausencia de control administrativo podría resultar insuficiente para eximirlo de responsabilidad penal. La dinámica de comparecencias espontáneas versus posturas evasivas de otros actores también puede influir en cómo los magistrados evalúen credibilidad y disposición colaborativa. Lo cierto es que el escándalo de Nucleoeléctrica ilustra un patrón recurrente en la administración pública argentina: mecanismos de control deficientes, segregación imprecisa de responsabilidades en estructuras jerárquicas complejas, y la dificultad inherente a las investigaciones penales para establecer atribución personal de conducta en sistemas donde múltiples actores acceden a instrumentos financieros compartidos.
