La maquinaria de negociación política que despliega el Ejecutivo nacional en los despachos de la Casa Rosada adquiere cada vez mayores dimensiones, pero también revela fracturas que trascienden el debate institucional. Mientras Diego Santilli, titular de la cartera de Interior, sostiene encuentros sistemáticos con mandatarios provinciales para impulsar cambios en el régimen electoral —específicamente la supresión de las PASO—, emerge con creciente vigor una cuestión que permea cada conversación: la viabilidad política de mantener en funciones a Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cargo que ostenta rango constitucional. Lo que debería ser una negociación técnica sobre instituciones electorales se convierte así en arena de disputa sobre la credibilidad del Gobierno.

Durante las últimas semanas, Santilli ha protagonizado una gira intensiva por el territorio provincial que refleja la envergadura de la tarea de construcción política que enfrenta el oficialismo. Los encuentros no responden a un esquema casual sino a una estrategia deliberada de tejido federal. El recorrido incluyó una participación en las sesiones del Consejo Federal de Inversiones donde convergen mandatarios de la región nororiental: Gustavo Sáenz de Salta, Carlos Sadir de Jujuy, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Gildo Insfrán de Formosa, Hugo Passalacqua de Misiones, Raúl Jalil de Catamarca, Ricardo Quintela de La Rioja, Leandro Zdero de Chaco, Juan Pablo Valdés de Corrientes y Elías Suárez de Santiago del Estero. Posteriormente, se sumaron encuentros bilaterales con Rolando Figueroa de Neuquén y Alberto Weretilneck de Río Negro, además de reencuentros con algunos de los mandatarios anteriores. Cada una de estas citas constituye un acto de reconocimiento político pero también de negociación sobre contenidos concretos de la gestión pública.

La agenda real: dinero, obras y poder territorial

Aunque formalmente estas rondas orbitan alrededor de la reforma electoral, la realidad de las conversaciones se desplaza constantemente hacia terrenos más tangibles. Los gobernadores que llegan a los encuentros cargan con una "larga lista" de asuntos pendientes, como sucedió en la visita más reciente de Frigerio a la capital. La agenda provincial concentra demandas por redistribución fiscal, avances en infraestructura pública, mecanismos de financiamiento para proyectos locales y políticas orientadas al desarrollo económico territorial. En otras palabras: cada negociación sobre instituciones electorales se entrelaza indisolublemente con la relación financiera entre la Nación y las provincias, un hilo conductor que jamás desaparece en estos encuentros.

Algunos mandatarios han articulado sus demandas con particular claridad. Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, ha planteado con Santilli la posibilidad de crear una zona franca en su provincia, lo que respondería al modelo productivo vigente que busca aprovechar las reservas mineras con las que cuenta esa jurisdicción. El catamarqueño se ha presentado como dialoguista desde el inicio de la administración libertaria, consciente de que ese posicionamiento le permite ejercer influencia en las definiciones nacionales. Por su parte, Rolando Figueroa de Neuquén trasladó el acento de sus conversaciones hacia un horizonte de mediano plazo, abandonando deliberadamente el debate sobre sufragio: enfatizó la necesidad de contar con "una hoja de ruta para planificar y llevar adelante las obras que Neuquén necesita para seguir creciendo" y subrayó que espera "el acompañamiento del gobierno nacional" para garantizar que ese camino no se interrumpa. Figueroa está enfrascado en negociaciones para acceder a créditos internacionales destinados a infraestructura. Alberto Weretilneck de Río Negro, por su turno, planteó el reclamo histórico por el traspaso de dos rutas nacionales a la provincia. En Misiones, Passalacqua aprovechó para jugar de anfitrión en un encuentro que amplió su espectro político al incluir a Carlos Rovira, figura del Frente Renovador de la Concordia.

Cálculos electorales y reelecciones en el horizonte

Detrás de estas negociaciones transita un tema que ningún gobernador puede ignorar: las próximas elecciones presidenciales. Varios de los mandatarios que dialogan con Santilli están evaluando sus propias perspectivas de reelección o de continuidad política. Jalil aparece entre los gobernadores habilitados para reelegirse, aunque esa posibilidad no se encuentra exenta de complicaciones jurídicas. La normativa sancionada en noviembre de 2023 establece que la reelección se permite únicamente por un período consecutivo; transcurrido ese lapso, es necesario esperar un mandato completo para acceder a una nueva oportunidad. No obstante, la ley incluye una cláusula transitoria que contabiliza como primer mandato el ejercicio previo a la sanción de la norma para quienes ya estaban en funciones. Figueroa de Neuquén también está en condiciones de reelegirse, así como Weretilneck de Río Negro. Passalacqua, en cambio, podría aspirar a otro mandato, pero recién en 2027. Estos cálculos personales se proyectan sobre las conversaciones políticas con el Gobierno nacional: cada gobernador valora qué acuerdos pueden fortalecer o debilitar sus propias posibilidades futuras.

La expectativa que circula en los pasillos del poder es que estas negociaciones se prolonguen durante varios meses. El Ejecutivo nacional busca que La Libertad Avanza esté en condiciones de ampliar sus alianzas electorales de cara a los comicios de 2025, aunque ello dependerá también de la disposición que manifiesten los mandatarios. En los últimos comicios presidenciales, el partido libertario logró acuerdos puntuales en Mendoza, Chaco y Entre Ríos. Hasta ahora, sin embargo, los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se mantienen al margen de esta ronda de negociaciones, una ausencia que refleja relaciones políticas complejas y atravesadas por discontinuidades. Santilli y su equipo cuentan con márgenes de maniobra conversados con el ministro de Economía Luis Caputo: hay recursos y poder político disponible para estas transacciones, aunque ese poder tiene límites muy precisos.

La sombra de Adorni eclipsa los acuerdos institucionales

Sin embargo, lo que podría haber sido una negociación técnica sobre reglas electorales se ve perturbado por un factor que los gobernadores no logran ignorar: la situación de Adorni. El jefe de Gabinete de Ministros enfrenta una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que avanza en su contra, y esta cuestión ha comenzado a permear de manera creciente las conversaciones con los mandatarios provinciales. El peronismo cordobés, a través del diputado Juan Schiaretti, ha tomado posición explícita exigiendo la renuncia del funcionario. Schiaretti utilizó sus redes sociales para manifestar que "el Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más" y argumentó que Adorni, al ocupar "uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional", incurrió en conductas que lo inhabilitan moralmente para la función: habría engañado tanto al pueblo argentino como al Congreso de la Nación. Esta declaración cuenta con el respaldo de sus colegas de la bancada de Hacemos por Córdoba, que en muchas iniciativas legislativas han colaborado con el oficialismo nacional, ya sea por su presencia o su ausencia en las votaciones. La paradoja es que el mismo Gobierno que negocia acuerdos electorales debe lidiar simultáneamente con cuestionamientos sobre la integridad de quien ocupa la segunda posición en su estructura jerárquica.

Desde la perspectiva de los gobernadores que participan en estas negociaciones, la presencia de Adorni en funciones genera un dilema político complejo. Por un lado, mantener vínculos con un Ejecutivo que enfrenta dudas sobre su propia credibilidad puede afectar la imagen de quien se asocia a él. Por otro lado, romper las negociaciones equivaldría a perder influencia sobre decisiones que impactan directamente en los recursos y obras que cada provincia necesita. Esta tensión no ha sido resuelta pero está activa en cada encuentro. El Gobierno nacional dispone de ciertos márgenes de negociación, como se mencionó, pero esos márgenes pueden erosionarse si la presión política sobre Adorni adquiere mayor intensidad. Los gobernadores están monitoreando cuidadosamente no solo las negociaciones que realizan sino también el impacto que estos desarrollos tienen sobre la estabilidad del Ejecutivo nacional.

Las consecuencias de esta superposición entre reforma electoral, demandas provinciales y crisis de credibilidad institucional pueden adquirir múltiples direcciones. Si el Gobierno logra sostener la arquitectura de negociaciones sin que la cuestión Adorni escale hacia una crisis de gobernabilidad, podría avanzar en la reforma electoral con respaldos legislativos más robustos, lo que significaría un fortalecimiento relativo de la posición del oficialismo. Si, por el contrario, la presión sobre el jefe de Gabinete se intensifica y el Ejecutivo se ve forzado a tomar decisiones que afecten su capacidad de negociación, los gobernadores podrían reposicionarse y exigir mayores concesiones. Existe también la posibilidad de que las negociaciones avancen en paralelo sin que una esfera afecte decisivamente a la otra, aunque esa compartimentalización resulta cada vez más difícil de sostener en el contexto político argentino, donde todo se conecta con todo. Lo cierto es que los próximos meses determinarán si la reforma electoral emerge como un acuerdo federal robusto o si termina diluida en las arenas de conflicto que caracterizan el presente político nacional.