La causa judicial que mantiene en suspenso el destino de cientos de millones de dineros públicos destinados a la construcción de viviendas durante la década anterior alcanzó un punto de inflexión esta semana cuando uno de los principales acusados realizó una estrategia defensiva que desplaza responsabilidades hacia figuras políticas de mayor peso. Sergio Schoklender, exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, amplió su declaración en el proceso que lleva por nombre Sueños Compartidos —el programa de viviendas sociales ejecutado entre 2003 y 2011— y en esa oportunidad lanzó acusaciones específicas contra Cristina Fernández de Kirchner y contra Emilio Pérsico, histórico líder del Movimiento Evita. Lo trascendente de este movimiento radica en que Schoklender sostiene que la expresidenta ordenó un traspaso de poder y recursos cuando ya se multiplicaban las primeras denuncias sobre irregularidades, en una maniobra que habría tenido como objetivo cambiar el responsable administrativo del programa y, presumiblemente, diluir responsabilidades.

El testimonio que reavivó acusaciones cruzadas

Durante la sesión de este miércoles, fiscales y defensas presentaron pruebas documentales y declaraciones de testigos que mantienen el escenario de litigio en constante movimiento. Un comerciante que operaba en el rubro de materiales de construcción en la localidad de Lanús, zona sur del conurbano bonaerense, había relatado una escena que funcionaría como punto de partida para las aclaraciones de Schoklender. Según el relato de este testigo, durante la ejecución del programa de viviendas socialesse distribuyó dinero mediante diferentes mecanismos: mientras que a algunos proveedores se les entregaba efectivo en mano, a otros se les otorgaban documentos financieros con vencimientos escalonados. El comerciante específicamente mencionó haber presenciado la presencia de una persona identificada como "un tal Pérsico" transportando una caja repleta de dinero en efectivo. El contraste entre las formas de pago —efectivo versus cheques diferidos a treinta, sesenta, noventa y ciento veinte días— generó desconfianza en el proveedor, quien interpretó esta disparidad como señal de irregularidades.

Ante esta mención, Schoklender utilizó la oportunidad para desplegar su estrategia de defensa. Identificó al personaje mencionado como Emilio Pérsico y proporcionó una explicación sobre su vinculación con el programa. Según su versión, el ingreso de Pérsico al manejo de recursos del proyecto no fue casual ni producto de una decisión administrativa ordinaria, sino que respondería a una decisión política de alto nivel. La acusación fue contundente: Schoklender argumentó que Cristina Kirchner decidió otorgarle todas las obras y la administración completa del programa a Pérsico y su organización política cuando ya se atravesaba una fase crítica caracterizada por paralizaciones de obras y explosión de denuncias públicas.

El contexto del traspaso y la secuencia de eventos

Para comprender las implicancias de esta acusación es necesario reconstruir la cronología que Schoklender plantea en su defensa. El exapoderado fue apartado del manejo del programa en mayo de 2011, momento en el cual las primeras irregularidades ya habían generado ruido mediático y presión judicial. Meses después de su salida, cuando la entonces presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, revocó los poderes que Schoklender y su hermano Pablo poseían, transfiriéndolos a ella misma y a su hija María Alejandra Bonafini, la administración habría sido nuevamente reconfigurada. Según el acusado, fue en esa ventana temporal cuando la derivación hacia el Movimiento Evita se concretó. Esta secuencia sugiere, desde la perspectiva de Schoklender, una estrategia deliberada para cambiar de cara visible en un momento en que los reflectores de la justicia comenzaban a iluminar el proyecto.

Los números que sustentan las acusaciones fiscales son significativos y proporcionan el marco en el que estas controversias adquieren dimensión. La acusación sostiene que los hermanos Schoklender se apropiaron del veintitrés por ciento del presupuesto asignado al programa, cifra que en términos absolutos representa centenares de millones de pesos. Parte de esos fondos habrían sido canalizados a través de una empresa denominada Meldorek SA, mediante la cual se adquirieron bienes de lujo como aeronaves y vehículos de alta gama, incluido un automóvil de marca Ferrari. Estas adquisiciones funcionan como punto de anclaje en la acusación fiscal y refuerzan el argumento de que existió un desvío sistemático de recursos destinados a construcción de viviendas para poblaciones vulnerables.

Las defensas contradictorias y lo que cada parte sostiene

En su ampliación de indagatoria, Schoklender negó categóricamente que hubiera existido un esquema de "coimas" o pagos ilícitos directos entre funcionarios. Sin embargo, reconoció la existencia de lo que denominó un "drenaje permanente" de recursos del programa hacia objetivos políticos. Según su propia versión, cuando Hebe de Bonafini solicitaba fondos para sostener gastos diversos —incluyendo salarios de su círculo familiar cercano o contribuciones a campañas electorales de candidatos patrocinados por figuras como José María Parrilli, Cristina Kirchner, Amado Boudou y otros personajes del establishment político de la época— se debía buscar la manera de obtener esos recursos. En su declaración, Schoklender presentó un cuadro donde la presión política derivaba en necesidades de fondos, y esa cadena de demandas descendía hasta él en su rol de apoderado ejecutivo.

Por su parte, Emilio Pérsico, cuando fue consultado recientemente sobre su participación en Sueños Compartidos, negó directamente que su organización hubiera trabajado en el programa nacional. Según su declaración, el Movimiento Evita solamente ejecutó obras en la Ciudad de Buenos Aires, en proyectos desvinculados de la administración local porteña. Además, Pérsico caracterizó la vinculación entre su organización y la Fundación Madres de Plaza de Mayo como una relación que "no era buena". Esta negación, sin embargo, contrasta con el testimonio del proveedor que mencionó su presencia en operaciones del programa y con las acusaciones de Schoklender, generando un conflicto narrativo que habrá de resolverse en las instancias finales del juicio.

La acusación fiscal bajo la dirección del fiscal Diego Velazco ha construido un caso complejo que involucra a múltiples actores. Además de Schoklender, la imputación alcanza a su hermano Pablo, a la ya fallecida Hebe de Bonafini —quien fuera presidenta de la institución hasta su deceso en dos mil veintidós— y a funcionarios de la administración como Julio De Vido (exministro), José López (exsecretario), Abel Claudio Fatala y Luis Rafael Bontempo. Esta arquitectura acusatoria sugiere que, en la interpretación fiscal, el desvío de recursos habría respondido a una estructura organizacional que trascendía a individuos aislados y formaba parte de una mecánica institucional durante aquella gestión.

Las implicancias procesales y el cierre de etapas

El procedimiento avanza hacia su resolución final. La próxima sesión del miércoles marcará el inicio de los alegatos, siendo el fiscal Velazco quien abrirá esta fase crucial en la que se presentarán los argumentos conclusivos. Los alegatos representan el momento en que cada parte consolida su narrativa, relaciona las pruebas con la acusación o defensa, y busca persuadir al tribunal de la culpabilidad o inocencia de los imputados. En este contexto, las declaraciones de esta semana —particularmente la de Schoklender identificando a Pérsico y describiendo el supuesto traspaso ordenado por Kirchner— funcionarán como material sobre el cual abogados y fiscales construirán sus argumentos finales.

Lo que emerge de esta ampliación de indagatoria es un cuadro de acusaciones que se desplazan horizontalmente entre los actores involucrados. Schoklender niega haber operado un esquema de coimas, pero admite presiones políticas que derivaban en desvíos de fondos. Sostiene que Pérsico y el Movimiento Evita recibieron el control del programa en un momento estratégico para limpiar responsabilidades. Pérsico rechaza haber participado. Y la fiscal mantiene su posición de que existió apropriación de fondos públicos mediante estructuras empresariales. Cada declaración abre nuevas preguntas sobre quiénes tomaron decisiones, cuándo las tomaron y con qué propósito.

Perspectivas abiertas y alcances del veredicto venidero

Cuando este proceso judicial llegue a su conclusión y el tribunal emita su sentencia, los efectos trascenderán lo estrictamente jurídico. Por un lado, una condena a Schoklender consolidaría la narrativa de que los fondos destinados a viviendas fueron desviados mediante esquemas de empresas fachada y activos de lujo adquiridos con dinero público. Por otro, si las responsabilidades se extienden a figuras políticas o si el traspaso hacia Pérsico y el Movimiento Evita resulta confirmado judicialmente, se reabriría el debate sobre los mecanismos de supervisión y control que existieron durante ese período. Alternativamente, si las defensas logran demostrar que los desvíos respondieron únicamente a presiones políticas sin configurar delito penal, la responsabilidad política quedaría separada de la culpabilidad criminal. Lo cierto es que el resultado afectará la manera en que se comprende la ejecución de políticas públicas de vivienda, los controles sobre fondos destinados a programas sociales, y el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la administración de recursos estatales.