El domingo pasado se apagó una voz que durante casi cinco décadas resonó en las calles de Buenos Aires, en tribunales, en universidades y en cada espacio donde alguien se atreviera a preguntar por los que ya no estaban. Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, más conocida en los círculos de militancia como Taty Almeida, murió a los 95 años luego de permanecer internada en el Hospital Italiano durante las tres semanas previas. Su desaparición del mundo de los vivos marca el cierre de una etapa, aunque su legado permanecerá como brújula para quienes continúen con la tarea que ella y miles como ella iniciaron cuando la Argentina atravesaba sus horas más oscuras. Que importa este acontecimiento: porque representa la pérdida de una protagonista de primera línea en la construcción de memoria colectiva; porque su muerte coincide con un momento donde las demandas por verdad y justicia vuelven a ocupar espacios públicos; y porque su desaparición física lleva consigo testimonios vivientes de un período que, aunque lejano en el tiempo, permanece activo en sus consecuencias.

Nada en el origen de Almeida auguraba el camino que recorrería. Hija de un militar de carrera —específicamente oficial de Caballería— y criada en un hogar de tradición castrense, completó su formación magisterial en la Escuela Normal Superior N° 7 ubicada en el barrio de Almagro. En 1953 contrajo matrimonio con Jorge Almeida y formaron una familia que parecería destinada a seguir los patrones convencionales de la clase media porteña. Nacida en Belgrano en 1930, Taty ejerció como docente antes de que un acontecimiento específico torciera radicalmente la trayectoria de su existencia. El 17 de junio de 1975, su hijo Alejandro Martín Almeida —de tan solo veinte años, alumno de primer año en la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires y trabajador en la agencia estatal Télam— fue secuestrado. El responsable fue identificado como la Triple A, la organización paramilitar que operaba en la sombra durante los años previos al golpe militar de 1976. Desde aquel día hasta hoy, Alejandro permanece desaparecido, convertido en cifra dentro de los miles que las máquinas represivas del Estado transformaron en ausencias.

Del dolor privado a la acción colectiva

La pérdida de un hijo bajo esas circunstancias habría quebrantado a cualquiera, pero Almeida eligió canalizarlo de manera distinta. En 1979 se incorporó a las Madres de Plaza de Mayo, la organización que había nacido unos años atrás cuando mujeres comenzaron a reunirse cada jueves en la plaza ubicada frente a la Casa Rosada para demandar respuestas sobre sus hijos desaparecidos. Lo que comenzó como un acto de desesperación maternal se transformó en movimiento social. Cuando la organización experimentó una división en 1986, Almeida pasó a formar parte de la Asociación Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, donde se convirtió en una de sus voces más persistentes. Su contribución no fue meramente simbólica: colaboró activamente con equipos de trabajo forense para la identificación de restos, impulsó iniciativas judiciales contra los responsables del terrorismo de Estado y participó en incontables charlas, conferencias y eventos tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Uno de los aspectos menos conocidos pero significativos de su labor fue su énfasis en señalar que el aparato represivo no emergió de la nada en 1976, sino que contaba con antecedentes claros y documentados durante 1974 y 1975, años anteriores al golpe de Estado que oficializaría y amplificaría exponencialmente la represión. Este análisis histórico fue fundamental para comprender que la violencia institucionalizada no fue un accidente sino el resultado de decisiones políticas que precedieron al régimen militar. Su hijo Alejandro fue una de las primeras víctimas de este ciclo represivo que se profundizaría posteriormente. Durante décadas, Almeida mantuvo esta perspectiva en sus intervenciones públicas, contribuyendo a la construcción de una memoria que no segmentaba artificialmente los períodos históricos sino que mostraba continuidades en la represión estatal.

Reconocimientos tardíos de una trayectoria sin descanso

A lo largo de sus años de militancia, el sistema político y académico del país otorgó a Almeida diversos reconocimientos que, sin embargo, llegaban siempre cuando ella ya había realizado el trabajo fundamental. En 2011, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la declaró Personalidad Destacada en Derechos Humanos. Posteriormente recibió doctorados honoris causa de universidades como la Nacional de Córdoba en 2017 y la Nacional de las Artes en 2019. Pero quizá el homenaje más emotivo ocurrió apenas hace poco tiempo: el 18 de abril de 2026, cuando la Universidad de Buenos Aires le otorgó el mismo título en una ceremonia en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. En esa ocasión, con su cuerpo enfrentando las limitaciones de casi un siglo de existencia —sentada en silla de ruedas pero luciendo su icónico pañuelo blanco— Almeida pronunció palabras que sintetizaban su visión: "Ya hemos pasado la posta a las nuevas generaciones". Y luego, con una carga de ironía y determinación: "A pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie". En ese mismo acto reconoció que en ella estaban todas las Madres, tanto las que aún vivían como las que habían partido, pero cuya presencia permanecería eternamente en la lucha.

La trayectoria de Almeida está indisolublemente ligada a los hitos institucionales más importantes del proceso de justicia transicional argentino. Su persistencia y la de cientos de Madres como ella contribuyó directamente a la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el informe que se conoce como Nunca Más, y el impulso de los juicios por delitos de lesa humanidad que, aunque fueron interrumpidos en ciertos períodos, volvieron a reactivarse y continuaron generando sentencias condenatorias. Sin la presión sostenida del movimiento de derechos humanos, ninguno de estos mecanismos institucionales habría sido posible. Almeida fue parte de esa presión, muchas veces invisible, que se ejerció desde plazas, pasillos de juzgados, aulas universitarias y espacios públicos. Su muerte llega en un momento donde estas demandas vuelven a ocupar la agenda política y social, como si el tiempo cíclico del país insistiera en mantener vivas estas cuestiones.

La desaparición de Almeida inaugura un vacío generacional significativo. Si bien las Madres que continúan luchando representan una continuidad invaluable, la muerte de sus integrantes más antiguas implica la pérdida de testimonios vivos de un período cada vez más lejano. Las nuevas generaciones heredan la tarea sin haber experimentado directamente la represión, lo que abre preguntas sobre cómo se transmite esa memoria, de qué formas se mantiene viva la demanda por justicia cuando quienes vivieron la represión desaparecen, y cuál es el rol que debe jugar el Estado institucional en garantizar que esa memoria no se desvanezca. Algunos considerarán que la muerte de Almeida cierra un capítulo y que es momento de transitar hacia la reconciliación; otros sostendrán que su legado impone la obligación de profundizar en los juicios, las investigaciones y la búsqueda de desaparecidos aún no identificados. Lo que parece indiscutible es que su paso por el mundo dejó marcas que trascienden su biografía personal y que forman parte del tejido social argentino.