La maquinaria legislativa del Senado argentino se puso en movimiento este miércoles con un doble propósito que resume, en buena medida, los esfuerzos transformadores que impulsa el gobierno nacional. Durante una jornada de intensas sesiones en comisión, legisladores, expertos y representantes sectoriales desplegaron sus posiciones sobre dos iniciativas que prometen rediseñar aspectos sustanciales del marco regulatorio empresarial del país. Lo que ocurrió en las salas parlamentarias refleja las tensiones profundas que atraviesan estos proyectos: la necesidad de modernizar estructuras anacrónicas versus la preocupación por proteger competencias provinciales y estándares internacionales de control.

Dos proyectos, una estrategia de transformación

El debate que convocó al Senado se estructuró en torno a iniciativas que comparten una filosofía común: reducir la burocracia estatal y crear condiciones más atractivas para los actores económicos. En primer lugar, la reforma integral de la Ley General de Sociedades representa uno de los desafíos regulatorios más ambiciosos. Esta norma, que ha regido la conformación y funcionamiento de empresas desde 1972, sería reemplazada por un nuevo esquema que contempla figuras societarias innovadoras, denominadas "sociedades autónomas operativas", además de procesos automatizados para la constitución de compañías. El impulsor de esta propuesta, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, tomó como referencia internacional el modelo irlandés, argumentando que una arquitectura legal más ágil y con controles menos rigurosos podría convertir a la Argentina en polo de atracción para corporaciones multinacionales. En paralelo, el segundo proyecto en análisis —bautizado como super-RIGI— constituye una expansión ambiciosa del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones vigente desde 2024. La nueva propuesta eleva significativamente el piso de inversión requerida: mientras el régimen actual exige 200 millones de dólares como mínimo, esta iniciativa lo fija en 1.000 millones de dólares, con una ventana de adhesión de cinco años. El proyecto ya cuenta con aprobación en la Cámara de Diputados y busca potenciar la radicación de proyectos en rubros como tecnología e industria minera de elementos críticos.

La sesión de comisión sobre reforma societaria, presidida por la senadora oficialista Nadia Márquez, convocó a 14 expositores que representaban diversas perspectivas del mundo académico, profesional y público. El plenario posterior, que evaluó el super-RIGI, contó con la presencia simultánea de tres comisiones senatoriales: Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión, y Legislación General. La magnitud de convocatorias refleja la envergadura percibida de estos cambios en la estructura legal e institucional argentina.

Los cuestionamientos académicos y la defensa de los acreedores

Desde el ámbito universitario y académico emergieron críticas fundamentadas sobre los alcances de la reforma societaria. El profesor titular de Derecho Comercial en la Universidad de Buenos Aires, Eduardo Favier Dubois, planteó una objeción medular: los mecanismos de flexibilización contenidos en el proyecto desplazan los límites del modelo empresarial hacia un punto que, en su diagnóstico, genera perjuicio a quienes ostentan acreencias sobre las sociedades. Su evaluación no fue completamente negativa —reconoció la existencia de capítulos valorables en la iniciativa—, pero concluyó que como instrumento para reemplazar íntegramente la ley vigente resulta inadecuado. En la misma línea argumentativa, la doctora Patricia Fernández Andreani, investigadora de la Universidad Nacional del Comahue, identificó una ausencia significativa en el debate: la falta de consideración sobre compromisos que jurisdicciones internacionales ya demandan a las grandes empresas. Específicamente, señaló que el proyecto no incorpora estándares relacionados con criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (conocidos por su sigla ESG), ni contempla obligaciones sobre derechos humanos o políticas de equilibrio de género, cuestiones que ocupan un lugar central en la regulación empresarial contemporánea de economías desarrolladas.

En contraposición, especialistas en derecho empresario aportaron lecturas favorables sobre aspectos específicos de la propuesta. Manuel Tanoira, fundador del estudio jurídico homónimo, elogió particularmente una disposición que prohíbe a funcionarios públicos asumir funciones judiciales, viéndolo como una solución valiosa a conflictividades que han marcado el régimen de Sociedades por Acciones Simplificadas. Carlos Molina Sandoval sintetizó la lógica del proyecto en cuatro ejes rectores: flexibilización de requisitos, reconocimiento de autonomía para los actores, modernización de estructuras societarias y generación de certidumbre legal. Estas perspectivas contrastan con las visiones críticas, ilustrando la polarización de posiciones entre quienes ven en la reforma una modernización necesaria y quienes advierten sobre erosión de protecciones históricamente establecidas.

El federalismo en el centro de la disputa

Un aspecto que atravesó tanto el debate sobre reforma societaria como el análisis del super-RIGI fue la cuestión de las competencias provinciales. Funcionarios de jurisdicciones que poseen responsabilidades directas sobre registros y marcos regulatorios levantaron sus voces en el hemiciclo senatorial. Jacob Saúl, inspector general de Justicia de La Rioja, formuló una objeción directa: la reforma podría avanzar sobre atribuciones que la Constitución Nacional explícitamente reserva a las provincias en materia de registro societario. Guillermo Rubano, director de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de La Pampa, argumentó desde una experiencia de gestión concreta. Señaló que desde 2017 su provincia y sus pares vienen implementando iniciativas de simplificación de trámites, incorporación de tecnología digital y transparencia procesal, sugiriendo que el proyecto nacional no hace otra cosa que reproducir avances que ya están en curso en nivel provincial. Esta perspectiva reposiciona el debate: no se trata simplemente de modernizar versus mantener lo antiguo, sino de definir quién debe tomar esas decisiones de modernización y cómo articularlas territorialmente.

En la sesión sobre super-RIGI, el secretario de Gestión Ambiental y Registro Minero de San Juan, Roberto Moreno, ratificó esta lógica federalista enfatizando un aspecto crucial: independientemente del tipo de actividad económica que pueda atraerse mediante el régimen de incentivos, los recursos naturales del territorio argentino pertenecen constitucionalmente a las provincias y están bajo su potestad regulatoria. Este señalamiento adquiere particular relevancia considerando que uno de los sectores prioritarios del super-RIGI es precisamente la minería de materiales críticos para tecnología de punta, actividad que genera externalidades ambientales y demanda acceso a recursos hídricos y energéticos que las provincias deben gestionar.

Las advertencias sobre compromiso ambiental y autonomía provincial

Las preocupaciones ambientales constituyeron un eje recurrente en los testimonios durante el plenario dedicado al super-RIGI. Luciana Ghiotto, investigadora del CONICET especializada en regulación de inversiones, reposicionó el proyecto no como una mejora técnica del RIGI preexistente sino como un profundizamiento de riesgos ya identificados hace dos años cuando se debatió la Ley Bases. El abogado especializado en derecho ambiental Enrique Viale formuló una crítica temporal: el proyecto, en su visión, ata los compromisos del Estado argentino por tres décadas, hasta el año 2056, limitando simultáneamente la capacidad de decisión provincial sobre estos asuntos. Florencia Gómez, directora de Relaciones Institucionales de CEPPAS, identificó deficiencias de precisión técnica que obstaculizan la evaluación pública de estas iniciativas. Según su análisis, el proyecto adolece de definiciones claras sobre qué actividades específicas se incluyen, cuáles son sus impactos potenciales en consumo de agua, demanda energética y emisiones de gases de efecto invernadero, situación que impide a ciudadanos y organizaciones ejercer derechos fundamentales de acceso a información pública.

Desde el gobierno provincial de Buenos Aires, el subsecretario de Desarrollo Comercial planteó exigencias concretas que debería cumplir la norma antes de su sanción definitiva: una evaluación oficial sobre gastos tributarios que el régimen implica, porcentajes mínimos vinculantes de integración local en cadenas de valor, inversión obligatoria en investigación y desarrollo, y vínculos formalizados con instituciones universitarias. Micaela Sánchez Malcolm, presidenta de la ONG Géneras y ex funcionaria de innovación en la administración nacional, expresó inquietudes específicas respecto a los centros de datos que desarrollarían tecnología de inteligencia artificial: el proyecto no explicita qué condiciones se exigirán a estos actores para mitigar sus impactos. Guido Zack, director de área en el centro de estudios Fundar, propuso la implementación de controles anuales auditados y de carácter público sobre cumplimiento ambiental, consumo de agua y energía en los proyectos que se radiquen bajo este régimen.

Impasses legislativos y próximos pasos inciertos

Las sesiones no culminaron con la formulación de dictámenes favorables ni con un avance hacia etapas posteriores del trámite legislativo. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, senador Agustín Monteverde de La Libertad Avanza, dispuso cuartos intermedios sin establecer fechas concretas para la reanudación del debate. Esta decisión refleja la complejidad de las objeciones presentadas y las dificultades para construir consensos en torno a iniciativas que tocan fibras sensibles del ordenamiento constitucional, la autonomía provincial y la regulación ambiental. El gobierno ha comunicado su intención de convocar a nuevas reuniones en las próximas semanas, buscando destrabar los debates mientras simultaneously impulsa otros temas de su agenda legislativa, como reformas electorales que también generan fricción política.

Los proyectos se encuentran en encrucijadas que no son meramente técnicas sino profundamente políticas. La reforma de la Ley de Sociedades toca cuestiones sobre cómo se constituyen y gobiernan las entidades empresariales, quién tiene poder decisorio sobre ello, y qué protecciones subsisten para terceros (acreedores, trabajadores, medio ambiente). El super-RIGI, a su vez, plantea interrogantes sobre la duración de compromisos fiscales y regulatorios que un Estado puede adquirir, la capacidad de provincias para preservar control sobre sus recursos naturales, y los estándares ambientales mínimos que debe garantizar cualquier proyecto de inversión masiva. Las voces que se elevaron en las comisiones senatoriales demuestran que estos no son asuntos de preferencia política o ideológica sino de interpretación constitucional, evaluación de riesgos, y diseño institucional. Las decisiones que se adopten en los próximos meses determinarán si Argentina avanza hacia una desregulación profunda de su marco societario y fiscalidad para inversiones, o si consolida salvaguardas que protejan intereses provinciales, ambientales y de estándares internacionales de transparencia. Ambas opciones conllevan consecuencias estructurales a largo plazo: una vía acelera la entrada de capitales transnacionales pero corre riesgos sobre autonomía territorial y protecciones regulatorias; la otra preserva controles pero puede desalentar inversiones de gran escala que la economía argentina requiere para su reactivación.