La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires tiene nuevo presidente. Se trata del juez Sergio Torres, quien tomó la conducción del máximo tribunal bonaerense a partir del 19 de abril de este año. No es la primera vez que ocupa ese rol: ya lo había hecho durante el período 2023-2024, por lo que este regreso a la presidencia lo consolida como una figura central dentro de un organismo que atraviesa una crisis institucional silenciosa pero profunda.
El mecanismo que habilitó su designación no tiene nada de discrecional. Está establecido en el artículo 162 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fijan un sistema de rotación anual entre los integrantes del tribunal. Es decir, la presidencia no se elige por votación ni por méritos específicos: se turna entre quienes integran el cuerpo. Ese detalle, aparentemente técnico, cobra otro peso cuando se advierte que la Corte funciona hoy con apenas tres de sus siete miembros originales.
Una Corte que se achicó sin que nadie lo remediara
Lo que debería ser un tribunal de siete jueces es, en los hechos, un organismo que opera con menos de la mitad de su dotación. Las vacantes se fueron acumulando por distintas razones a lo largo de los últimos años: jubilaciones, renuncias y, en al menos un caso, una muerte. El fallecimiento del juez Héctor Negri en 2020 fue el primero de los golpes. Después vinieron las salidas de Eduardo De Lázzari y de Juan Carlos Hitters, quienes dejaron sus cargos entre retiros y renuncias. El último en irse fue el ministro Luis Genoud, cuya partida en junio de 2024 terminó de redondear un panorama que, a esta altura, resulta difícil de justificar desde cualquier perspectiva institucional.
Las consecuencias de esta situación son concretas y cotidianas. Para poder fallar y alcanzar las mayorías mínimas que exige la ley, el tribunal se ve obligado a convocar a jueces de la Cámara de Casación como refuerzo. Eso significa que el máximo órgano judicial de la provincia más populosa del país depende de magistrados externos para funcionar con normalidad. No es un detalle menor: implica una fragilidad estructural que afecta la independencia, la celeridad y la previsibilidad del sistema judicial bonaerense.
El gobierno provincial, a cargo de Axel Kicillof, tiene en su agenda declarada la cobertura de esas vacantes. Sin embargo, los hechos muestran una distancia considerable entre las intenciones y las acciones: hasta ahora, no se concretó ningún avance real en ese sentido. Los cargos siguen sin cubrirse, los tiempos siguen corriendo y la Corte sigue funcionando en modo de emergencia permanente.
Torres, Soria y Kogan: el trío que conduce la Corte
Junto a Torres, el Acuerdo 4223 —el instrumento formal que estableció la nueva distribución de roles— definió que el juez Daniel Fernando Soria ocupe la vicepresidencia del tribunal. La tercera integrante es la jueza Hilda Kogan, quien completa la composición actual del cuerpo. Son tres personas las que sostienen, con los recursos disponibles y los mecanismos que la ley permite, el funcionamiento de un tribunal diseñado para ser mucho más numeroso y diverso.
Torres llegó a la Suprema Corte bonaerense en 2019, después de una carrera que incluyó un paso destacado como juez federal en el fuero de Comodoro Py, el edificio porteño donde se tramitan las causas de mayor sensibilidad política y judicial del país. Su perfil, por lo tanto, no es el de un magistrado de bajo perfil ni de escasa exposición pública. Conoce los expedientes complejos, sabe lo que significa estar en el centro de la escena y tiene experiencia en conducir el tribunal, habida cuenta de que ya ejerció la presidencia en el ciclo anterior.
El sistema de rotación anual que rige estos cambios tiene una lógica republicana: evita la concentración de poder en una sola figura y garantiza que todos los integrantes del cuerpo pasen, en algún momento, por el rol de mayor responsabilidad institucional. Pero esa lógica se tensiona cuando el tribunal tiene tan pocos miembros: con tres jueces, la rotación se vuelve casi mecánica y la diversidad de criterios que debería aportar un cuerpo más amplio simplemente no existe.
El problema de fondo que nadie resuelve
Más allá de los nombres y los cargos, la noticia de la asunción de Torres pone sobre la mesa una pregunta que el sistema político bonaerense viene esquivando hace años: ¿cuándo se va a normalizar la composición de la Suprema Corte? No se trata de una cuestión burocrática. Un tribunal completo implica mayor pluralidad en las decisiones, menor dependencia de jueces externos y una legitimidad institucional más sólida frente a la ciudadanía y frente a los actores del sistema judicial.
Cubrir una vacante en la Corte provincial no es un trámite rápido: requiere voluntad política, un proceso de designación que involucra al Ejecutivo y al Senado bonaerense, y el tiempo que demanda cualquier evaluación de candidatos. Pero cuatro vacantes acumuladas a lo largo de varios años sugieren algo más que demoras administrativas. Sugieren una decisión, implícita o explícita, de postergar indefinidamente una normalización que el tribunal necesita con urgencia. Torres asume con la legitimidad que le da la ley y la experiencia que le da su trayectoria. Pero gobierna, en definitiva, un tribunal partido a la mitad.