La trama que se expande: nuevos acusados en el escándalo de Rosario

La investigación que ha desmoronado los cimientos de la justicia federal en Rosario suma un nuevo capítulo que vincula al empresario tabacalero Darío Ippolito con el sistema de corrupción que operaba desde la Administración de Recaudaciones de Aduanas (ARCA). El juez Aldo Alurralde ordenó allanamientos contra el titular de Bronway hace apenas días, en una movida que marca el avance de la fiscalía en la persecución de un esquema delictivo que se extendía por múltiples áreas del Estado provincial y federal. Los operativos fueron solicitados por el fiscal Walter Rodríguez, quien viene desentrañando una tela de araña de negociados, extorsiones y lavado de dinero que involucra a funcionarios públicos, magistrados y empresarios de diversos rubros.

Según documentación que obra en los expedientes judiciales, Ippolito habría desembolsado aproximadamente 650.000 dólares en concepto de sobornos para acceder a los permisos que necesitaba su compañía para comercializar cigarrillos. Estos pagos fueron canalizados hacia Néstor Bermúdez, quien se desempeñaba como colaborador directo de Carlos Vaudagna, el exfuncionario de ARCA que se convirtió en arrepentido y destapó la olla de corrupción hace apenas meses. La relación entre Ippolito y Bermúdez no era reciente: los investigadores calculan que mantuvieron vínculos comerciales durante al menos dos décadas, lo que sugiere una estructura criminal de largo aliento.

El mecanismo para evadir controles resulta particularmente sofisticado. Los dineros en cuestión fueron transferidos en varias etapas dentro de un establecimiento bailable ubicado en Santo Tomé, jurisdicción contigua a Rosario. Con esos fondos se facilitaba la entrega de Instrumentos Fiscales de Control (IFC), las estampillas imprescindibles que certifican que el producto cumple con los requisitos tributarios nacionales. Sin estas autorizaciones, Bronway directamente no podía colocar su mercancía en el mercado, aun cuando se sospecha que la mayoría de los cigarrillos que comercializaba provenían de operaciones de contrabando desde Paraguay. Se trata de un eslabón crucial en el negocio: el que controla la emisión de estampillas controla el flujo completo de la distribución.

Dinero sucio y fachadas empresariales: el rastro de los sobornos

La indagación que realizará próximamente el magistrado Alurralde persigue reconstruir cómo los sobornes pagados por el empresario terminaron transformándose en activos lícitos. Los fiscales sospechan que Néstor Bermúdez canalizó fondos hacia empresas aparentemente legítimas con el propósito de blanquear el origen delictivo del dinero. Un caso específico es el de la fábrica de hielo Giaccio, establecida estratégicamente en la ruta 1 cerca de Colastiné Norte. La hipótesis de la fiscalía sostiene que Carlos Bermúdez, hermano de Néstor, figura como accionista de la heladería, pero que en realidad fue financiada con los dineros que fluían desde Ippolito. Las máquinas adquiridas para la producción de hielo habrían sido pagadas íntegramente con fondos de origen criminal, según la perspectiva de los investigadores federales.

Este patrón de lavado, aunque sofisticado a primera vista, es en realidad una variante menor dentro de la arquitectura de corrupción que se ha puesto al descubierto. Lo relevante es que permite rastrear cómo el dinero del delito se filtraba hacia activos tangibles, creando un ecosistema donde la legitimidad aparente convivía con el crimen organizado. El equipo jurídico que defiende a Ippolito, encabezado por el letrado Paul Krupnik, manifestó su intención de no representarlo en este tramo de la causa, alegando conflictos de interés porque uno de sus abogados había participado en la defensa inicial de Vaudagna cuando comenzó la investigación.

La trayectoria de Ippolito en los registros de las agencias estatales es vasta y preocupante. Desde 2005, su nombre aparece en reportes de inteligencia y causas penales vinculadas permanentemente al contrabando de tabaco, la evasión fiscal y operaciones comerciales en zonas grises del comercio exterior. Ese año, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude solicitó colaboración para identificar a Mario Roberto Segovia, un rosarino de Villa Gobernador Gálvez acusado de enviar a España dos contenedores con 375.000 paquetes de cigarrillos marca Dorchester disfrazados como artículos de bazar. En esa investigación también figuraban Ippolito y Lionel Loria, quien luego se convirtió en accionista de Bronway. La marca Dorchester, con variaciones en su escritura, sería posteriormente una de las líneas de producción de la tabacalera de Ippolito, lo que sugiere continuidad en sus esquemas comerciales ilícitos.

Un empresario perseguido: dos décadas bajo la lupa estatal

Para 2013, la Secretaría de Delitos Económicos de Santa Fe ya lo tenía catalogado como propietario de galpones en Villa Gobernador Gálvez. Dos años después, bajo la supervisión de Margarita Zabalza, actualmente ministra de la Corte Suprema de Santa Fe, la Secretaría de Delitos Patrimoniales estableció que Ippolito era dueño informal o testaferro del depósito fiscal Binder, ubicado en la zona oeste de Rosario. Tanto los galpones como el depósito figuraban bajo la órbita del Grupo Selsa, un conglomerado que opera instalaciones de almacenamiento en distintos puntos del país. Esta estructura de testaferros y sociedades interpuestas es característica de los esquemas de lavado de activos: el verdadero dueño permanece en las sombras mientras terceros aparecen como responsables.

Bronway Technology SA, la empresa donde Ippolito ostenta la presidencia, fue constituida formalmente como tabacalera apenas en 2017, aunque previamente se dedicaba a la fabricación de discos compactos y DVDs. La transformación hacia el tabaco coincidió con un período de expansión del comercio de cigarrillos ilegales en la región. El devenir de la compañía fue tormentoso: en diciembre de 2019 fue clausurada por las autoridades con cargos que incluían evasión impositiva, contrabando, robo y asociación ilícita. Durante esos operativos policiales, Ippolito quedó detenido junto a seis empleados. Los allanamientos permitieron incautar más de dos millones de atados de cigarrillos, 4.680.000 estampillas fiscales, 90 toneladas de policarbonato y armas con numeración suprimida. La envergadura del decomiso indicaba que se trataba de una operación industrial completa de contrabando, no un simple negocio clandestino.

La causa fue radicada en la Fiscalía Federal de Hurlingham y en el Juzgado Federal 3 de Morón. Un año después, en octubre de 2020, la AFIP denunció la desaparición de 4,8 millones de instrumentos fiscales de control vinculados a Bronway, lo que representa un desfalco de magnitudes considerables. El Juzgado Federal 4 de Rosario, entonces a cargo de Marcelo Bailaque —hoy imputado en el escándalo de Vaudagna—, intervino en la investigación. En mayo de 2021, Ippolito fue citado a indagatoria por falsificación de documentos fiscales, contrabando y evasión. Diez allanamientos adicionales se llevaron a cabo en julio de ese año en Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, intentando desarticular la red de distribución de la tabacalera.

El cierre de Bronway y las acusaciones contra la justicia

La compañía intentó replicar una estrategia similar a la del empresario Pablo Otero, propietario de Tabacalera Sarandí y apodado el "Señor del Tabaco", buscando evadir el impuesto interno al tabaco mediante argumentos legales. Obtuvo una medida cautelar de la Cámara Federal de Rosario, pero la Corte Suprema de Justicia la revocó por unanimidad, cerrando definitivamente esa avenida procesal. Desde noviembre de 2023, Bronway ha cesado completamente sus operaciones: el organismo recaudador ARCA dejó de extenderle estampillas fiscales debido al incumplimiento en el pago de tributos, una decisión que selló el destino de la tabacalera.

Fue en ese momento de cierre cuando Ippolito contraatacó judicialmente. Denunció al juez federal Gastón Salmain ante el Consejo de la Magistratura, acusándolo de haber sido enviado a Rosario específicamente para clausurar su fábrica. Ippolito alegó que se enteró de la resolución con una semana de anticipación porque intentaron extorsionarlo, según su versión de los hechos. La acusación, aunque proviene de un empresario imputado por corrupción, adquiere relevancia en el contexto de lo que posteriormente se conocería sobre Salmain. El magistrado en cuestión está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura y se encuentra al borde de que se abra un juicio político en su contra. Los informes sugieren que Salmain habría cobrado un soborno de 200.000 dólares, según la declaración del financista arrepentido Fernando Whpei.

El caso de Ippolito se inscribe dentro de una crisis de legitimidad sin precedentes en la justicia federal de la región. De los tres jueces de primera instancia que operan en Rosario, dos están actualmente imputados por delitos funcionales graves. El primero fue Marcelo Bailaque, quien en noviembre de 2024 fue acusado de extorsión, prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica, allanamiento ilegal, recepción de dádivas y lavado de activos. Según la acusación, Bailaque coordinó con el financista Fernando Elías Whpei, el escribano Santiago Busaniche y el propio Vaudagna el armado de una causa penal completamente falsa contra los empresarios bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto, con el objetivo específico de sabotear la carrera profesional de Iglesias dentro del Grupo San Cristóbal. Para frenar esa maniobra, le exigieron 200.000 dólares, de los cuales la víctima logró desembolsar 160.000.

La máquina de extorsión: jueces, financistas y operadores al servicio del delito

Bailaque renunció a su cargo y se encuentra bajo prisión domiciliaria desde julio de 2025. La fiscalía solicitó una condena de 10 años de cárcel. Su corrupción no se limitaba a la extorsión pura: también recibía pagos mensuales de Whpei canalizados a través de la mutual Siempre Joven, disfrazados como alquileres de una propiedad en Caleta Olivia. Junto a su cónyuge, Bailaque habría blanqueado fondos ilícitos mediante la compra de un terreno en un country de Funes, operación que desencadenó investigaciones por lavado de activos.

Santiago Busaniche, el escribano que aparece como figura central en múltiples investigaciones, fue identificado como el operador que articulaba los vínculos entre los magistrados federales, ARCA y los intereses empresariales de sectores específicos. Oriundo de Villa Gobernador Gálvez, ex jugador de rugby profesional, con domicilio itinerante entre Santa Fe y Buenos Aires, los fiscales lo describen como un gestor de designaciones judiciales y cabildero de alto nivel con conexiones con Héctor Daniel Marchi, un contador rafaelino que fue administrador general de la Corte Suprema durante 15 años, período en el que manejó completamente la economía del tribunal máximo. Marchi llegó a ese cargo durante la presidencia de Ricardo Lorenzetti. La defensa de Busaniche pidió que declare Marchi en el juicio, insinuando que su testimonio sería revelador. La fiscalía solicitó 6 años de prisión para el escribano.

Fue Busaniche quien, según el testimonio de Whpei, impulsó la designación de Gastón Salmain como juez federal en Rosario en 2023. Poco tiempo después lo reclutó para una operación financiera de considerables proporciones: a cambio de una coima equivalente al 10 por ciento sobre la brecha cambiaria, aproximadamente 200.000 dólares, Salmain dictó desde el Juzgado Federal N°1 una medida cautelar que permitió al fideicomiso Attila, controlado por Whpei, comprar 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial en pleno régimen de cepo cambiario. Esta operación permitía enormes ganancias especulativas aprovechando la diferencia de cambio. La Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de Salmain por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de deberes, decretando prisión preventiva aunque suspendida por su inmunidad de magistrado. Salmain rechaza todo y alega persecución política.

En esta red de corrupción también obtuvieron beneficios actores del crimen organizado. Esteban Alvarado, un narcotraficante, preso actualmente en el penal federal de Marcos Paz, aprovechó la permeabilidad de la justicia rosarina para operar sus negocios ilícitos. La trama que conecta a Ippolito, Vaudagna y Bermúdez no constituye un episodio aislado sino una pieza integral de un engranaje más amplio. Durante años, un exjefe de ARCA, dos jueces federales de primera instancia, un financista de envergadura y un operador judicial funcionaron de manera coordinada como una má