La administración libertaria enfrenta un primer retroceso legislativo en sus pretensiones desreguladoras. El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, diseñado por Federico Sturzenegger desde su cartera de Desregulación y Transformación del Estado, experimentará modificaciones sustanciales para obtener dictamen en comisión y avanzar hacia su votación en el recinto. Los cambios negociados entre la jefa de la bancada oficial, Patricia Bullrich, y los referentes de los bloques dialoguistas sugieren que el consenso legislativo requiere renuncias significativas a los aspectos más radicales de la propuesta inicial.
El precio del consenso: qué se sacrifica
Tras la reunión celebrada en las instalaciones de la bancada radical del Senado, quedó claro que el gobierno debe elegir entre mantener la integridad de su proyecto o conseguir los apoyos legislativos necesarios para aprobarlo. El oficialismo optó por la segunda vía. La eliminación del capítulo dedicado a la disolución del Registro Nacional de Barrios Populares representa una derrota estratégica de considerables proporciones. Este segmento del texto original pretendía cerrar de manera definitiva el régimen de regularización dominial en villas y asentamientos de emergencia, un mecanismo que había funcionado como herramienta de formalización de derechos de propiedad en sectores vulnerables desde hace décadas. La decisión de abandonar este componente obedece al rechazo transversal que generó entre diferentes espacios políticos y también en espacios eclesiales, particularmente en la Iglesia Católica, que manifestó su oposición pública a esta medida.
Pero la retracción del oficialismo no se limita a ese punto. La intención inicial de implementar el juicio sumarísimo para la totalidad de los casos de desalojo también será matizada. Este procedimiento legal, caracterizado por su brevedad y celeridad, permitiría la expulsión rápida de ocupantes sin las garantías procesales que actualmente rigen. La oposición dialoguista logró imponer una diferenciación crucial: los desalojos de viviendas de carácter familiar mantendrán las protecciones legales vigentes, mientras que solo en los supuestos de intrusión o usurpación se aplicará el mecanismo expeditivo. Esta distinción no es menor, ya que busca proteger a quienes ocupan inmuebles de manera permanente como domicilio del rigor del procedimiento sumarísimo, reservando ese régimen para situaciones que configuran apropiación ilegal de propiedad ajena.
La negociación en el llano: actores y declaraciones
El encuentro que permitió acercarse a estas definiciones tuvo lugar en el salón de sesiones del bloque radical del Senado, un escenario que simboliza la centralidad del radicalismo en estas negociaciones. Eduardo Vischi, senador por Corrientes y jefe de la bancada radical, fungió como vocero del acuerdo y expresó que existe "bastante acuerdo" respecto de los cambios propuestos. Junto a él, Martín Goerling, senador misionero y máximo responsable de la bancada de Pro, confirmó la viabilidad de estas modificaciones e indicó que el calendario apunta a que el proyecto sea debatido en el recinto durante la sesión programada para el 14 de mayo. Bullrich, quien encabeza la representación del bloque oficialista en el Senado, fue la interlocutora del gobierno en estas conversaciones, lo que evidencia la importancia política de estas negociaciones para La Libertad Avanza.
Para que el proyecto llegue a la sesión plenaria en la fecha mencionada, resulta indispensable que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General emitan dictamen. Estas comisiones comenzaron a evaluar el texto hace apenas catorce días, con participación activa del ministro Sturzenegger, quien asumió personalmente la defensa de los fundamentos de la iniciativa. Sin embargo, existe un obstáculo procedimental que los negociadores deben sortear: la convocatoria al plenario de comisiones requiere un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas, salvo que medie un acuerdo unánime que permita eludir este trámite. Dado el calendario ajustado, el oficialismo necesitaría obtener esa dispensa reglamentaria o convocar con antelación suficiente para que el dictamen esté listo en tiempo.
Contexto de la disputa: por qué importa esta batalla legislativa
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada constituye un elemento central en la agenda desregulatoria del gobierno de Javier Milei. Durante el siglo diecinueve y buena parte del veinte, Argentina experimentó ciclos de conflictividad en torno a la relación entre propiedad privada y función social de la tierra. La regularización dominial en villas y asentamientos, formalizada como política pública en los últimos decenios, intentó resolver parcialmente esa tensión garantizando certidumbre jurídica a poblaciones que históricamente carecieron de títulos de propiedad formales. La iniciativa de Sturzenegger busca fortalecer el lado de la propiedad privada absoluta, pero los rechazos legislativos demuestran que ese enfoque genera fricciones políticas en un contexto donde existen aproximadamente más de dos millones de personas habitando en villas según estadísticas de organismos públicos. Desmontar unilateralmente los mecanismos de regularización sin ofrecer alternativas genera resistencia en distintos sectores sociales y políticos.
Por otra parte, el mecanismo de juicio sumarísimo para desalojos toca una fibra sensible en la política argentina contemporánea. El derecho a la vivienda ha adquirido estatus de derecho fundamental en la legislación nacional desde hace años, y flexibilizar las garantías procedimentales genera resistencia incluso entre sectores que simpatizan con el fortalecimiento de derechos de propiedad. La distinción finalmente aceptada entre desalojos de viviendas familiares y casos de intrusión refleja un equilibrio donde se reconoce que existen situaciones de diferente naturaleza que merecen tratamientos legales diferenciados. Este reconocimiento implícito representa una victoria para la oposición dialoguista y una limitación importante para las aspiraciones iniciales del Ejecutivo.
Perspectivas abiertas: qué sucede ahora
Si el cronograma se cumple conforme a lo anunciado, el Senado votará esta iniciativa en una sesión que se espera sea decisiva para el rumbo de la política desregulatoria del gobierno. La aprobación parecería probable dado que se han alcanzado acuerdos con bloques dialoguistas, lo que sugiere la obtención de los números legislativos necesarios. No obstante, quedan interrogantes respecto de cómo reaccionarán los senadores de La Libertad Avanza ante las modificaciones introducidas. En algunos casos, parlamentarios de la bancada oficial pueden considerar que las concesiones debilitan el espíritu del proyecto original. Alternativamente, podrían ver en el acuerdo una demostración pragmática de que en democracia legislativa se requieren ajustes para avanzar.
Las implicancias de este resultado trascienden el articulado específico del proyecto. Por un lado, sienta precedente respecto de la capacidad del Senado para introducir modificaciones significativas a iniciativas gubernamentales, independientemente de la orientación política del Ejecutivo. Por otro, demuestra que la búsqueda de consensos, aunque implique retrocesos tácticos, puede resultar en la sanción de leyes que de otra manera quedarían estancadas. Simultáneamente, la eliminación de la regularización dominial en el proyecto deja sin resolución un problema estructural que afecta a poblaciones vulnerables: la formalización de derechos sobre inmuebles ocupados informalmente. Y la flexibilización en los mecanismos de desalojo, si bien mantiene protecciones para viviendas principales, continúa habilitando procedimientos sumarios en casos que los defensores de derechos consideran podrían afectar a personas que ocupan terrenos sin intención de causar daño patrimonial. Estas tensiones permanecerán presentes en la implementación futura de la ley, una vez sancionada, y probablemente motivarán nuevos debates cuando se discutan reglamentaciones o proyectos complementarios.
