La sala del Tribunal Oral Federal en Río Gallegos se convirtió ayer en el escenario de un enfrentamiento verbal donde dos de los cuatro procesados por el hundimiento del ARA San Juan expusieron su defensa de manera combativa, rechazando de frente las acusaciones que pesan sobre sus hombros. El momento marcó un punto de inflexión en un proceso judicial que lleva más de dos años de tratamiento, donde la búsqueda de responsabilidades por la tragedia que costó la vida a 44 tripulantes continúa generando tensiones irreconciliables entre la acusación y los imputados. El contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y el capitán de navío Claudio Villamide fueron los únicos entre los acusados que decidieron hacer uso de la palabra durante esta última oportunidad para presentar argumentos orales, un gesto que refleja la urgencia de ambos por confrontar directamente las imputaciones formuladas en su contra.
La furia de López Mazzeo: acusaciones que no se pueden quedar sin respuesta
Con evidencia de molestia reflejada en su tono y gestos, López Mazzeo —quien ocupó el cargo de comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), la máxima autoridad responsable de la preparación y disponibilidad operativa de los medios navales— realizó una declaración que buscaba refutar punto por punto los cargos en su contra. Su presentación no fue una defensa técnica y tranquila, sino una confrontación directa donde expresó su indignación por la forma en que considera haber sido tratado a lo largo del proceso. "La fiscalía me ha tratado de pérfido", fue la frase que más peso cargó en su intervención, revelando una ruptura emocional con respecto a cómo percibe que ha sido caracterizado en el transcurso del juicio.
López Mazzeo argumentó que durante más de veinte audiencias, los fiscales le habrían atribuido conductas vinculadas a ocultamiento y falsedad de información, algo que él rechaza categóricamente. Para sustentar su posición, presentó documentación detallada del Plan de Operaciones correspondiente a la Tercera Etapa de Mar del año 2017, el operativo que movilizó fuerzas militares en Ushuaia y tras el cual el submarino naufragaría. Específicamente, desplegó informes que, según su relato, eran confeccionados diariamente y recibidos por los altos mandos, en los cuales se consignaba la ubicación exacta de cada buque bajo su jurisdicción. La premisa de su defensa se basó en que esta documentación —escrita y disponible — demuestra que la información sobre la situación de los medios navales circulaba de manera transparente entre las autoridades de la Armada. "Yo realmente me sentí muy ofendido, que me hayan tratado de pérfido, de ocultar y mentir información, cuando estaba escrita. La verdad, me sentí muy ofendido", reiteró López Mazzeo con énfasis, transmitiendo una sensación de injusticia ante lo que considera una distorsión de su rol durante los eventos que precedieron al naufragio.
Villamide y la defensa de la cadena de mando: ¿quién decide en el momento de crisis?
Por su parte, Claudio Javier Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) y uno de los componentes integrantes del COAA, construyó una defensa que pivotea sobre un principio fundamental de la estructura militar: la responsabilidad indelegable del comandante de un buque sobre la seguridad de su nave. Villamide fue el único de los cuatro procesados que fue destituido de la fuerza a través de un tribunal militar, un antecedente que añade complejidad a su posición actual en el proceso civil. Su intervención duró aproximadamente dos horas y se estructuró alrededor de la refutación de decisiones que, según su perspectiva, fueron juzgadas "con el diario del lunes", empleando la expresión que hace referencia a evaluar acciones pasadas con el conocimiento actual de sus consecuencias.
Villamide criticó especialmente el hecho de que se le impute no haber insistido de manera enfática ante el capitán Martín Fernández (comandante del ARA San Juan) sobre la conveniencia de mantenerse en superficie durante la última comunicación. También fue cuestionado por no haber convocado al Estado Mayor y por encontrarse procesado en esta causa. Sin embargo, su contraargumento fue directo: la reglamentación naval es inequívoca en establecer que es el comandante del buque quien ostenta la responsabilidad absoluta y quien debe tomar las decisiones en tiempo real, bajo presión y con información limitada. "Mal podía yo darle una orden (al comandante Martín Fernández) que pudiera generarle otra variable que le generara más presión, que pudiera condicionar la mejor decisión que él debía tomar para su buque en ese momento", expresó Villamide, argumentando que intervenir desde afuera en una situación crítica no era solamente cuestionable desde el punto de vista reglamentario, sino potencialmente peligroso para la operación y para la vida de la tripulación.
Hacia el cierre de su declaración indagatoria, Villamide realizó una apelación que trascendió lo estrictamente legal: enfatizó la profesionalidad de la fuerza, desde los marineros de menor rango hasta los oficiales de mayor jerarquía. Remarcó que ninguno de ellos actúa de manera descuidada o temeraria, que todos son conscientes de sus responsabilidades y que la Armada se enorgullece históricamente de ser una institución de élite que toma con máxima seriedad cualquier cuestión vinculada a la seguridad naval. Esta apelación al honor institucional y profesional fue acompañada por el tono de quien considera haber sido injustamente acusado de negligencia o irresponsabilidad.
Los otros procesados y el cierre de la etapa de indagatorias
Mientras López Mazzeo y Villamide decidieron hacer uso de la palabra, otros dos procesados adoptaron caminos diferentes. Héctor Aníbal Alonso, capitán de navío y exjefe del Estado Mayor del COFS, optó por ampliar su declaración indagatoria por escrito, quizás buscando evitar la confrontación directa o permitiendo una exposición más controlada de sus argumentos. En cambio, Hugo Miguel Correa, capitán de fragata y exjefe del Departamento de Operaciones, prefirió no ampliar su declaración de ninguna manera, lo que podría interpretarse como una estrategia de defensa basada en mantener posiciones ya expresadas anteriormente o en reservarse para futuras etapas del proceso.
Con las declaraciones orales completadas, el tribunal se aproxima al cierre de la etapa de audiencias. Está previsto que durante los próximos días, catorce familias de los marinos fallecidos en el ARA San Juan, que actúan como querellantes en la causa, realicen sus propias declaraciones. Estos testimonios representarán una dimensión diferente del proceso: la voz de quienes sufrieron las consecuencias inmediatas y permanentes del hundimiento, quienes perdieron padres, hijos, hermanos y compañeros. Una vez que estas declaraciones concluyan, se cerrará la etapa de audiencias para dar paso a los alegatos finales, donde ambas partes (fiscalía y defensas) sintetizarán sus argumentos en busca de persuadir al tribunal sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados.
Implicancias y perspectivas de lo que viene
La intensidad emocional desplegada durante las indagatorias de López Mazzeo y Villamide refleja la complejidad inherente a este proceso judicial. Por un lado, existe una búsqueda legítima de identificar responsabilidades por una tragedia que resultó en la pérdida de vidas humanas; por otro lado, los imputados sostienen que están siendo juzgados por decisiones que fueron tomadas en contextos de información limitada, presión operativa y dentro de estructuras jerárquicas establecidas. Las perspectivas en pugna revelan una pregunta central: ¿dónde termina la responsabilidad de un superior y dónde comienza la autonomía de decisión de quien comanda una unidad en el terreno? Los abogados defensores argumentarán que esto es un asunto de responsabilidad penal individual y no colectiva. Los fiscales, presumiblemente, sostendrán que los superiores tienen el deber de garantizar que sus subordinados no ejecuten operaciones cuando existen deficiencias críticas de mantenimiento conocidas. El tribunal deberá sopesar evidencia técnica, reglamentaciones, prácticas institucionales y responsabilidades administrativas antes de emitir un veredicto que, más allá de su contenido legal, será interpretado como un balance entre la búsqueda de justicia y la comprensión de cómo funciona realmente la cadena de mando en contextos de crisis.
