La puja por los espacios públicos vuelve a cruzar las aulas. Esta vez el conflicto se despliega en La Plata, donde el Instituto Patria —el centro de estudios impulsado por Cristina Kirchner tras dejar la presidencia— organizó para este viernes un encuentro que ya genera fricciones con las autoridades nacionales. El evento, convocado bajo la consigna "Cristina Libre", tendrá lugar en las instalaciones del Colegio Nacional Rafael Hernández, una institución que funciona bajo la órbita de la Universidad Nacional de La Plata y alberga a estudiantes menores de edad.

La Casa Rosada no tardó en reaccionar. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias del Gobierno nacional, lanzó una andanada de críticas a través de redes sociales, calificando la iniciativa como "fuera de la ley". Simultáneamente, remitió una comunicación formal dirigida a Fernando Tauber, rector de la institución educativa platense, en la que expresa su preocupación por lo que considera una vulneración de marcos legales. El funcionario no sólo cuestionó la convocatoria, sino que solicitó al rector que adopte "las medidas pertinentes" para evitar lo que describe como "la posible comisión de delitos y violaciones a las leyes vigentes".

La lógica del cuestionamiento oficial

El argumento central del Gobierno gravita alrededor de la ubicación elegida para el acto. Álvarez subraya repetidamente que se trata de un establecimiento educativo donde concurren menores de edad, lo cual —según su interpretación— torna ilegal la realización de cualquier actividad de carácter político-partidario. Esta línea argumentativa busca establecer que los espacios escolares deben preservarse de las disputas electorales y de las movilizaciones partidistas, independientemente de su signo ideológico.

Pero hay más en el fundamento de la protesta oficial. Álvarez introduce un elemento adicional que eleva el tono del conflicto: la propia consigna del acto. Según su interpretación, proclamar "Cristina Libre" en un evento público configuraría una "apología del delito", considerando que la expresidenta fue condenada por la Justicia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. La sentencia, dictada en el marco de causas por supuesta administración fraudulenta, opera en el razonamiento oficial como un elemento que vuelve sospechosa cualquier reivindicación pública de la exmandataria. Álvarez sostiene que tal proclama podría violar el artículo 213 del Código Penal, que tipifica la apología del delito como conducta punible.

Operativo de difusión y convocatoria

La organización del encuentro ha sido publicitada mediante redes sociales, particularmente a través del perfil de Instagram del Instituto Patria. El material promocional circulante muestra la fecha y horario del evento —este viernes 24 de enero desde las 18 horas— junto con una imagen de Cristina Kirchner. El mismo flyer que compartió Álvarez en su cuenta de X incluye la nómina de personalidades que participarán en el acto. Entre los confirmados figuran Julio Alak, intendente de La Plata; Oscar Parrilli, exsenador; y los diputados Teresa García y Carlos Castagneto. Esta lista de oradores y participantes sugiere una convocatoria que busca movilizar actores relevantes del espacio kirchnerista tanto a nivel municipal como provincial.

La elección del Colegio Nacional Rafael Hernández como sede no parece casual. Se trata de una institución educativa de larga trayectoria en la ciudad de La Plata, con una tradición de organización de eventos culturales y académicos. Sin embargo, precisamente esta característica la vuelve —desde la perspectiva del Gobierno— un espacio que requiere protección especial por la presencia de menores. El funcionario nacional resalta esta circunstancia como "agravante", sugiriendo que la decisión de realizar una actividad de índole política en un colegio secundario agrava la supuesta ilegalidad del evento.

En su misiva formal dirigida al rector Tauber, Álvarez destaca algo que describe como particularmente "llamativo": que la convocatoria haya sido realizada "en el ámbito de la Universidad a su cargo". Esta observación apunta a cuestionar no sólo la legalidad de lo propuesto, sino también la responsabilidad institucional de las autoridades universitarias en permitir —o no impedir— que sus dependencias sean utilizadas para actividades políticas de este tipo. El subsecretario nacional convierte así al rector en interlocutor clave, depositándole la responsabilidad de evitar que lo que considera una violación normativa se concrete.

El cruce que se despliega en La Plata encapsula una tensión más amplia dentro del escenario político argentino: la disputa por quién tiene derecho a utilizar espacios públicos, cómo se interpreta la legalidad de las movilizaciones políticas y cuál es el límite entre la libertad de expresión y la protección de menores. Mientras el kirchnerismo se moviliza para expresar su respaldo a Cristina Kirchner en el contexto de sus condenas judiciales, el Gobierno nacional esgrime argumentos legales para frenar lo que considera una transgresión. El próximo viernes, en las aulas del Nacional Rafael Hernández, se sabrá si la concentración se materializa o si las advertencias del subsecretario Álvarez logran su cometido.