La persistencia de equipos especializados en antropología forense vuelve a producir un resultado que trasciende lo meramente técnico: la confirmación de quién fue uno de los miles de argentinos arrebatados por el terrorismo de Estado. Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau, estudiante de Psicología de apenas 22 años cuando fue sacado de una pensión del barrio Alberdi el 5 de mayo de 1976, ha sido identificado entre los restos hallados en el predio donde operaba el centro clandestino La Perla. La noticia cobra dimensión en un contexto donde aún permanecen sin identificar cinco cuerpos más encontrados en la misma zona, y donde el drama de la desaparición forzada mantiene abiertas heridas que no cierran con el paso del tiempo. Esto importa porque significa que otra familia puede, finalmente, enterrar a su desaparecido; porque confirma metodológicamente que la búsqueda incesante produce resultados; porque representa un paso más en la reconstrucción de lo que sucedió en esos años de horror.

Los métodos que permiten dar nombre a las víctimas

El procedimiento que llevó a la identificación de Jerez Bodereau constituye un ejemplo de cómo la ciencia y la dedicación institucional pueden penetrar las capas más oscuras de la represión. El Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense realizó un trabajo de comparación entre los restos óseos extraídos durante las excavaciones en la Loma del Torito —un sector dentro del extenso predio de lo que fuera La Perla— y las muestras biológicas de referencia suministradas voluntariamente por parientes de desaparecidos. A este arsenal científico se sumaron los datos almacenados en el Banco Nacional de Datos Genéticos, repositorio creado específicamente para estos fines. La confluencia de estas herramientas permitió establecir la correspondencia con una certeza que el sistema judicial reconoce como válida. No se trata de suposiciones ni de reconstrucciones aproximadas: es biología molecular aplicada al ejercicio de la memoria. En marzo pasado, este mismo equipo había logrado identificar a 12 personas adicionales, y en mayo la cifra se amplió con 17 identidades más. Números que, aunque parecieran estadísticas, representan otros tantos cierres parciales de expedientes que llevaban décadas abiertos.

El trabajo no habría sido posible sin la colaboración de múltiples instituciones académicas y judiciales. La Universidad Nacional de Río Cuarto y su Departamento de Geología contribuyeron con expertise en la prospección y análisis de los suelos donde reposaban los restos. La Universidad Nacional de Córdoba aportó recursos y personal. El Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial provincial puso a disposición infraestructura y especialistas. Este tejido institucional refleja un cambio sustancial respecto a décadas pasadas, cuando las búsquedas de desaparecidos eran consideradas incómodas por amplios sectores del aparato estatal. La persistencia de estas iniciativas, más allá de cambios de gobierno y orientaciones políticas, sugiere que ciertos consensos sobre la necesidad de esclarecer el pasado han logrado arraigarse en la estructura institucional argentina.

El contexto de La Perla: dimensiones de un horror sistémico

Jerez Bodereau fue uno de aproximadamente 2500 personas que pasaron por las instalaciones de La Perla durante su período de operación entre mediados de 1976 y finales de 1978. El centro funcionaba dentro de la guarnición militar de La Calera, en Córdoba, lo que le otorgaba una cobertura institucional que facilitaba su clandestinidad y su impermeabilidad a controles externos. Durante esos años, Luciano Benjamín Menéndez, figura clave en la represión dictatorial, desempeñaba el cargo de jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, lo que situaba a La Perla dentro de una estructura de mando donde las decisiones sobre quién ingresaba, qué se le hacía y dónde terminaba su cuerpo no estaban sujetas a ningún tipo de rendición de cuentas. La mayoría de los 2500 que ingresaron permanecen desaparecidos hasta hoy, lo que dimensiona la escala del crimen cometido. La Perla no fue un caso aislado: fue parte de una red coordinada de centros clandestinos que operaban simultáneamente en todo el país, cada uno con sus dinámicas propias pero todos respondiendo a una política de represión centralizada.

El caso de Jerez Bodereau ilustra también el carácter indiscriminado de los secuestros. Era un estudiante universitario militante en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, organización que formaba parte de la izquierda revolucionaria de entonces. Pero además era un empleado de IKA-Renault, lo que podría haber generado conexiones sindicales. Fue capturado junto a su pareja, Susana Noemí Huarte Martínez, que estaba embarazada en ese momento. Ella continúa desaparecida, al igual que el hijo que esperaba. Los secuestros familiares, que implicaban la desaparición de múltiples miembros de una misma célula afectiva, respondían a una estrategia deliberada de eliminar linealmente las redes de apoyo y resistencia. La brutalidad de este método trasciende lo puramente represivo: constituye un ataque a la estructura de la transmisión intergeneracional, un corte en la continuidad de las historias personales.

Las investigaciones que no cesan: del expediente de 1998 a la presente identificación

La identificación de Jerez Bodereau se produce en el contexto del expediente 35009693/1998, iniciado hace cuatro décadas por denuncia del reconocido humanitario Adolfo Pérez Esquivel, ganador del Premio Nobel de la Paz, en conjunto con familiares de desaparecidos. Este expediente ha estado bajo jurisdicción del juzgado federal 3 de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja, quien en años recientes ordenó las excavaciones sistemáticas en la Loma del Torito. La trayectoria de este expediente condensa un rasgo característico de la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina: la persistencia de iniciativas que, aunque enfrentan interrupciones y cambios contextuales, logran mantenerse vigentes en la agenda judicial durante décadas. Las primeras excavaciones en el sitio ocurrieron en septiembre del año pasado, marcando un hito en investigaciones que se habían prolongado durante más de cuarenta años sin resultados tangibles de este tipo. Luego vinieron los hallazgos de marzo y mayo, que permitieron identificar a 29 personas en total. Aún quedan cinco cuerpos sin identificar entre los restos encontrados, lo que sugiere que las excavaciones continuarán y que probablemente más familias recibirán noticias similares a las que ahora llegaron a los allegados de Jerez Bodereau.

La magnitud de estos hallazgos plantea interrogantes sobre qué sucederá con los restos identificados: cómo se procederá a su entrega a las familias, qué protocolos se seguirán, si habrá actos conmemorativos coordinados. También abre debates sobre la responsabilidad de quienes operaron La Perla: aunque Menéndez ya falleció, otros personajes que formaban parte de la cadena de mando podrían aún estar vivos. La identificación de víctimas, desde esta perspectiva, no es meramente un acto de reconocimiento simbólico, sino que potencialmente activa nuevas líneas de investigación en torno a la responsabilidad penal. Los testimonios que ahora pueden corroborarse con datos biológicos adquieren mayor peso probatorio ante juzgados que continúan procesando causas por delitos cometidos durante la dictadura.

El hallazgo de Alejandro Jerez Bodereau y la identificación de otros desaparecidos en La Perla abre un abanico de interpretaciones sobre el sentido que esta búsqueda posee en la Argentina contemporánea. Por un lado, para las familias representa el cierre de un ciclo de incertidumbre que se extiende por casi cinco décadas: finalmente pueden ritualizarse los restos de sus allegados, pueden enterrarlos de acuerdo a sus creencias, pueden transitar un duelo que hasta ahora había sido congelado por la ausencia de evidencia. Para los equipos de antropología forense, significa la confirmación de que sus métodos funcionan y que es posible penetrar las capas de destrucción sistemática que caracterizó a los centros clandestinos. Para los investigadores judiciales, supone nuevas evidencias que podrían fortalecer procesos legales en curso. Para la sociedad en general, plantea la cuestión de si la búsqueda de verdad sobre lo sucedido en el pasado debe mantenerse como prioridad institucional, considerando los recursos que demanda y los beneficios que produce más allá del núcleo directo de familias afectadas. Las distintas perspectivas sobre esto no necesariamente convergen hacia una respuesta única: algunos enfatizan la importancia histórica de esclarecer lo acontecido; otros priorizan la necesidad de cerrar ciclos y avanzar hacia el futuro; algunos más cuestionan si los recursos invertidos en estas tareas podrían destinarse a otras necesidades sociales perentorias. Lo que permanece invariable es que cada identificación representa una persona que deja de ser un número en una estadística de desaparecidos para recuperar su nombre, su historia y, finalmente, su dignidad en la memoria colectiva.