El país enfrenta un mapa de desigualdades presupuestarias que trasciende las fronteras tradicionales de la pobreza y la riqueza regional. Mientras algunas provincias destinan fortunas a mantener sus poderes legislativos, otras logran operarlos con fracciones mínimas del mismo dinero. Esta brecha abismal, que alcanza a multiplicarse por más de veinte veces entre jurisdicciones, plantea interrogantes profundos sobre cómo se distribuyen los recursos públicos y quién decide qué merece financiamiento en cada territorio. No se trata simplemente de números en un balance contable: estamos hablando de decisiones políticas concretas que afectan la capacidad de otros sectores para funcionar.
La provincia que gasta sin medida
Tucumán encabeza un ranking poco envidiable. Su Legislatura Provincial, integrada por 49 representantes, consume anualmente $182.504 millones del presupuesto provincial. Esta cifra equivale a $3.725 millones por cada legislador, una cantidad que coloca al distrito norteño en un lugar incomparable dentro del sistema federal argentino. Para dimensionar el alcance de esta erogación, basta señalar que el presupuesto destinado a la Asamblea Legislativa tucumana representa 3,66% del presupuesto total provincial, una proporción que duplica con creces lo que otros distritos consideran razonable.
En el extremo opuesto se ubica San Luis, que con 52 legisladores —es decir, tres más que Tucumán— asigna apenas $9.148 millones anuales a su poder legislativo. El costo por representante en San Luis alcanza $176 millones, una cifra que representa 21,2 veces menos que lo que gasta Tucumán por cada banca. Estos números no son meras abstracciones financieras; revelan decisiones políticas radicalmente distintas sobre cómo concebir el funcionamiento de las instituciones democráticas provinciales.
Cuando el costo legislativo rivaliza con ministerios completos
El análisis también expone algo más preocupante: en varias jurisdicciones, mantener la Legislatura consume recursos que rivalizan o superan los presupuestos de carteras ejecutivas fundamentales. En Buenos Aires, por ejemplo, el presupuesto legislativo de $379.004 millones equivale a 5,3 veces lo que se asigna al Ministerio de Economía y a nueve veces lo destinado a Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. La Legislatura bonaerense, integrada por 138 representantes (92 diputados y 46 senadores), concentra así una cantidad de recursos que podría financiar múltiples políticas de desarrollo tecnológico o científico.
En Santa Fe, la disparidad resulta igualmente llamativa. Con 69 legisladores y un presupuesto de $191.813 millones, la Asamblea Legislativa santafesina recibe aproximadamente 45% más recursos que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Esto significa que una provincia destina más dinero a financiar a sus legisladores que a políticas de empleo y protección social, sectores que tradicionalmente requieren inversión significativa para impactar en la población.
Dentro de este contexto de discrepancias, Córdoba presenta un comportamiento más moderado. Con 70 legisladores y un presupuesto anual de $55.111 millones, el costo por representante asciende a $787 millones. Esta cifra resulta 3,5 veces inferior a la de Santa Fe, lo que sugiere que la provincia mediterránea ha optado por estructuras legislativas más austeras, al menos en términos presupuestarios. Mendoza avanza aún más en esa dirección: con 86 legisladores (la segunda cámara más numerosa después de Buenos Aires) y $40.512 millones anuales, el costo individual baja a $471 millones por banca, una proporción notablemente menor.
Las distorsiones entre provincias similares
Las incongruencias se multiplican cuando se comparan jurisdicciones de tamaño legislativo semejante. Tucumán, con 49 legisladores, gasta seis veces más por banca que Jujuy, que cuenta con 48 representantes. Esta diferencia no puede atribuirse a estructuras distintas —ambas provincias tienen asambleas prácticamente del mismo tamaño— sino a decisiones políticas y presupuestarias fundamentalmente diferentes. El fenómeno se repite en otros casos: Catamarca, con 57 legisladores, registra costos siete veces superiores a los de San Luis, que tiene 52.
El contraste más dramático se produce entre Chaco y Santiago del Estero. Chaco cuenta con 32 legisladores y destina recursos suficientes para un costo de $3.057 millones por representante, mientras que Santiago del Estero, con 40 legisladores, gasta apenas $206 millones por banca. La brecha es de casi quince veces, una proporción que pone en evidencia cómo dos provincias vecinas, con poblaciones y economías no radicalmente distintas, han elegido modelos de financiamiento legislativo completamente divergentes.
El personal: donde se consume la mayor parte del dinero
Un aspecto revelador del informe radica en la composición del gasto legislativo. En promedio, 84% del presupuesto se destina a personal, incluyendo legisladores, secretarios, asesores y empleados de planta y contratados. Algunas provincias llegan a proporciones aún más extremas: Río Negro asigna 95% a personal, Formosa 94,2%, y tanto Mendoza como Santa Cruz alcanzan el 94%. En el otro extremo, Santa Fe dedica 64,6%, San Luis 72,9% y CABA 73,2%, cifras que aún resultan mayoritarias pero dejan más espacio para gastos operativos e infraestructura.
La cantidad de empleados por legislador varía de manera igualmente drástica. El promedio nacional se ubica en 27 trabajadores por representante, pero esta cifra enmascara disparidades extremas. Corrientes tiene 72 empleados por legislador, seguida por Chaco con 70 y Formosa con 62. En contraste, San Luis opera con apenas dos empleados por legislador, Santiago del Estero con cinco y Córdoba con ocho. Estas proporciones sugieren que existen múltiples modelos viables de funcionamiento legislativo, desde estructuras muy lean hasta arquitecturas profusamente dotadas de personal.
La comparación internacional: Argentina por las nubes
Cuando se coloca el gasto legislativo argentino junto al de otras democracias, las diferencias se tornan aún más perspicaces. Las legislaturas provinciales argentinas gastan $1.835 billones anuales para 1.199 legisladores, lo que arroja un promedio de $1.531 millones por banca. En contraste, las comunidades autónomas españolas operan con un costo promedio de $628 millones por legislador, lo que significa que Argentina gasta 2,41 veces más que España en términos de gasto legislativo agregado.
Las comparaciones específicas por provincia resultan aún más ilustrativas. Tucumán cuesta 6,2 veces más por legislador que Murcia, una comunidad autónoma española de población y economía comparable. Santa Fe supera en más de cinco veces el gasto de Galicia, y Buenos Aires gasta 5,3 veces más por representante que Madrid, aun cuando la capital española cuenta con 135 legisladores en su asamblea autonómica. Estos números sugieren que las legislaturas argentinas operan bajo un régimen de financiamiento considerablemente más oneroso que el de sus pares internacionales.
Las implicancias y perspectivas futuras
El panorama que emerge de estos datos abre múltiples lecturas e interrogantes sobre el futuro del gasto público legislativo en Argentina. De un lado, los defensores del status quo podrían argumentar que cada provincia tiene derecho a estructurar sus instituciones como considere conveniente, y que las diferencias reflejan distintas decisiones democráticas sobre cómo priorizar los recursos. Desde esta perspectiva, los números son simplemente el resultado de procesos políticos locales legítimos, donde las legislaturas negocian sus presupuestos dentro del marco constitucional de cada jurisdicción.
Por otro lado, quienes busquen racionalizar el gasto público podrían sostener que estas disparidades son indefendibles, especialmente considerando que provincias como San Luis demuestran que es posible mantener instituciones legislativas funcionales con presupuestos significativamente menores. La comparación internacional también sugiere que existen márgenes importantes para la reducción sin comprometer la calidad institucional. La cuestión de cómo armonizar eficiencia fiscal con capacidad de funcionamiento democrático seguirá siendo un punto de tensión en los debates sobre presupuestos provinciales. Lo que parece indiscutible es que el statu quo actual, con diferencias de más de veinte veces entre jurisdicciones, invita a reflexionar sobre qué modelos resultan realmente sostenibles y qué considera prioritario cada sociedad provincial cuando asigna sus recursos.
