Ocho meses separan al electorado tucumano de una decisión que podría reconfigurar el mapa político de una provincia que permanece bajo el control peronista desde hace veintiséis años. Lo que comenzó como un anuncio administrativo −la firma de un decreto que corrió la fecha de los comicios locales al 9 de mayo− se transformó rápidamente en el puntapié inicial de una contienda tan fragmentada como imprevisible, donde confluyen cuatro candidatos con legitimidades distintas, aparatos electorales desiguales y, sobre todo, mensajes que apuntan a destruir antes que a construir. Los movimientos iniciados tras aquella publicación de julio han acelerado un proceso de polarización interna que amenaza con rediseñar las alianzas tradicionales del peronismo provincial y, simultáneamente, plantea interrogantes sobre cómo el Gobierno nacional transitará esta encrucijada sin sacrificar sus apoyos legislativos actuales.

La provincia que hace poco más de dos años eligió a Osvaldo Jaldo como gobernador ahora lo ve enfrentado a su antiguo mentor, el exmandatario Juan Manzur, quien lo catapultó a la vicepresidencia. Ese vínculo que parecía indestructible −simbolizado por la campaña conjunta de 2023 y la celebración posterior a la victoria− se resquebrajó progresivamente. Las causas de la ruptura trascienden lo personal: mientras Jaldo consolidó una alianza operativa con la administración mileísta, acompañando legislativamente sus iniciativas desde el Congreso Nacional, Manzur optó por mantener una distancia crítica, señalando precisamente este acercamiento como traición a los principios históricos del justicialismo. Ese distanciamiento, visible durante los últimos meses, adquiere ahora ribetes de confrontación electoral, reactualizando un patrón que la política tucumana conoce bien: la disputa entre generaciones dentro de un mismo movimiento que, por décadas, funcionó como máquina electoral casi monolítica.

La fragmentación peronista y sus ecos históricos

Resulta pertinente recordar que este enfrentamiento dentro del Partido Justicialista no constituye un fenómeno aislado en la historia provincial. Entre 2015 y 2019 presenció una batalla similar entre el exgobernador José Alperovich −quien fue condenado posteriormente a dieciséis años de prisión por abuso sexual agravado− y el mismo Manzur, quien entonces logró imponerse con una diferencia abrumadora, acumulando el cincuenta por ciento de los votos frente al once por ciento obtenido por su contrincante. La capacidad del peronismo tucumano para resolver internamente sus conflictos, aunque fuere de manera traumática, le permitió mantener la cohesión frente a los desafíos externos. Sin embargo, la actual fragmentación presenta características distintas: no se trata únicamente de una competencia interna dentro del espacio peronista, sino de la irrupción de candidaturas provenientes de sectores que, hasta hace poco, operaban como satélites del poder provincial o, directamente, como adversarios políticos.

El panorama de candidatos refleja esta complejidad. Jaldo sostiene públicamente su intención de buscar la reelección, accionando todos los recursos del aparato estatal para consolidar su posición. Manzur, por su parte, mantiene una estrategia de ambigüedad calculada: ni confirma ni descarta formalmente su postulación, aunque sus movimientos sobre el territorio y sus mensajes de crítica al gobernador sugieren una inclinación clara hacia la contienda. Lisandro Catalán, exministro del Interior durante el gobierno de Javier Milei, presentó oficialmente su candidatura tras el anuncio electoral y representa, en cierto sentido, la apuesta más arriesgada: un dirigente casi desconocido en términos de penetración electoral, según revelan las mediciones de opinión disponibles. Encuestas recientes indican que el setenta y dos por ciento de los tucumanos desconoce su trayectoria o declara no poseer información sobre su imagen pública. Finalmente, Mariano Campero, intendente anterior de Yerba Buena y actual diputado nacional adscrito a La Libertad Avanza, despliega su propia candidatura bajo el paraguas de su partido provincial, Cambia Tucumán, sin descartar negociaciones posteriores con otros espacios políticos.

El juego judicial como arma de campaña

Paralelo al despliegue de candidaturas, se ha multiplicado el recurso a presentaciones judiciales como instrumento para debilitar a los adversarios. Campero promovió una denuncia cuestionando la validez de la candidatura de Catalán, argumentando que el exministro mantendría su domicilio real en Buenos Aires pese a figurar registrado en Tucumán, lo que violaría requisitos constitucionales de elegibilidad. Por su parte, también se analiza la posibilidad de impugnar legalmente la reelección de Jaldo, con el fundamento de que su trayectoria como vicegobernador en dos ocasiones y gobernador en una estaría en contradicción con los límites de reelección establecidos por la Constitución provincial. Sin embargo, la dirigencia de La Libertad Avanza aclaró que, al menos de momento, no impulsará acciones judiciales contra el mandatario, prefiriendo mantener abierta la posibilidad de negociaciones futuras. Este uso selectivo de los tribunales como arena política expone un aspecto característico de las campañas contemporáneas: la judicialización de decisiones que, tradicionalmente, se resolvían mediante el voto directo o acuerdos políticos. Las denuncias vuelan, se multiplican, se citan fragmentariamente, y la población queda atrapada en un clima de incertidumbre sobre cuáles acusaciones prosperarán y cuáles quedarán en el camino.

Las discusiones públicas entre los candidatos reflejan esta tendencia hacia la descalificación mutua. Jaldo cuestiona el "coraje" de Manzur para lanzarse formalmente, desafiándolo a competir en las urnas. Simultáneamente, el exgobernador sostiene que el Presidente nacional cuenta con dos candidatos en la provincia: tanto Jaldo como Catalán, sugiriendo una coordinación que el primero niega enfáticamente. Catalán, a su vez, recibe críticas de Manzur, quien lo acusa de ser parte de un mismo equipo político que acompañó medidas de ajuste sobre los trabajadores. El mensaje de fondo que transmite Manzur es claro: no existe diferencia sustancial entre Jaldo y Catalán más allá de etiquetas formales; ambos responden al proyecto mileísta. Esta narrativa constituye el eje central de la estrategia del exgobernador, resumida en una consigna que circula en su entorno: "Jaldo es Milei", parafraseando el eslogan que La Libertad Avanza empleó para posicionar a sus candidatos en las elecciones nacionales pasadas.

La cuestión de fondo que subyace a todos estos enfrentamientos remite a una pregunta política fundamental: ¿cuál será el rol que desempeñará Tucumán en la arena nacional durante los próximos años? El acercamiento entre Jaldo y el Gobierno nacional no es casual ni superficial; responde a decisiones concretas, como el acompañamiento legislativo que los diputados tucumanos brindan a los proyectos de la administración mileísta en el Congreso Nacional. Esta colaboración abre puertas a negociaciones futuras, particularmente pensando en 2027, cuando tanto el Presidente como el gobernador buscarán su reelección. Manzur, observando esta trayectoria, interpreta que Jaldo está comprometiendo la autonomía provincial en beneficio de intereses nacionales. Para el exgobernador, la reedición del peronismo tucumano debe construirse desde una posición de mayor distancia crítica respecto del Ejecutivo nacional, recuperando el espacio que el Partido Justicialista tradicionalmente ocupaba como fuerza con capacidad para negociar desde la propia fortaleza electoral, no desde la subordinación.

El enigma de las definiciones y las estrategias nacionales

Desde la perspectiva del Gobierno nacional, la situación en Tucumán presenta dilemas que trascienden lo provincial. Por un lado, necesita mantener el apoyo legislativo que recibe de los diputados tucumanos para avanzar con sus iniciativas en el Congreso. Por otro lado, reconoce que Catalán, líder provincial de La Libertad Avanza, carece del enraizamiento territorial que sería deseable para competir seriamente por la gobernación. Las fuentes consultadas en la órbita oficial descartaron que la administración nacional vaya a "jugar a medias" durante el proceso electoral, pero simultáneamente dejaron entrever que permitirán que los posibles candidatos "caminen hasta el final" antes de definiciones formales. Esta ambigüedad estratégica refleja un cálculo pragmático: mantener abiertas todas las opciones hasta el momento en que las negociaciones políticas maduren, permitiendo así maximizar el margen de maniobra frente a diferentes escenarios electorales posibles. Se menciona, incluso, la posibilidad de que si Jaldo apoyara ciertas iniciativas legislativas nacionales −como una hipotética reforma política−, se habría de "negociar" el resultado electoral provincial. Aunque el gobernador ha expresado su rechazo a la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, eje central del proyecto de reforma de La Libertad Avanza, la puerta no se cierra completamente.

Campero representa una variable adicional en esta ecuación compleja. Como diputado nacional que integra el bloque oficialista pero mantiene su propio partido provincial, opera con cierta autonomía respecto de las directivas de La Libertad Avanza a nivel nacional. Su entorno afirma, con énfasis, que será candidato "sí o sí", independientemente de los apoyos que logre asegurar. Paralelamente, mantiene conversaciones con espacios tanto nacionales como provinciales para construir un frente político que le permita competir en mejores condiciones. La dificultad de articular alianzas con Catalán −quien, desde la perspectiva de quienes rodean a Campero, monopoliza los recursos y la estructura de La Libertad Avanza provincial− sugiere que el exintendente de Yerba Buena transitará un camino más solitario, aunque siempre con la posibilidad de negociaciones de último momento.

La constatación de que 1.267.045 electores tucumanos estaban habilitados para votar en 2023, cifra que representa apenas el tres punto sesenta y nueve por ciento del padrón electoral nacional, coloca en perspectiva la importancia relativa del territorio en términos demográficos. Sin embargo, su peso político trasciende los números, dado que constituye una provincia donde el Partido Justicialista ha mantenido la gobernación de manera ininterrumpida durante casi tres décadas, lo que la convierte en un laboratorio de ensayos tanto para estrategias peronistas como para la capacidad del Gobierno nacional de penetrar electoralmente en feudos históricamente adversarios. El hecho de que no habrá Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ni segunda vuelta electoral −el ganador se llevará la gobernación con una sola votación− añade dramatismo a un escenario ya de por sí volátil. Como expresó uno de los aspirantes en diálogo reservado, la dinámica es "salvaje": un único voto puede cambiar el resultado, lo que genera incentivos para que todos los participantes busquen captar la mayor cantidad de voces posibles sin temor a dividir el apoyo en múltiples opciones.

La fragmentación actual del universo opositor también merece consideración. Mientras el peronismo se debate entre Jaldo y Manzur, La Libertad Avanza enfrenta la disyuntiva de apoyar a Catalán, mantener una postura neutral entre múltiples candidatos o, directamente, apuntalarse en el apoyo que Jaldo brinda en el Congreso Nacional. Campero, por su lado, construye su propia alternativa. Esta multiplicidad de actores sin un claro liderazgo opositor sugiere que la gobernación podría definirse no por un crecimiento electoral de la oposición, sino por una fragmentación del voto peronista. Las matemáticas electorales favorecerían al que logre acumular la menor fracción de la base histórica del justicialismo, siempre que los votos opositores se dispersen entre múltiples opciones.

Las próximas semanas resultan cruciales para definir si las postulaciones se consolidan, si nuevas candidaturas emergen, y, fundamentalmente, si los acuerdos políticos que hoy parecen imposibles toman forma en las mesas de negociación. Manzur ha señalado que "antes de fin de año" se habrá tomado una decisión definitiva sobre su candidatura. Esa fecha constituye un hito: marca el límite temporal antes del cual el escenario político podría reorganizarse sustancialmente. Hasta entonces, las denuncias judiciales seguirán acumulándose, los afiches cubrirán las calles, los dirigentes recorrerán localidades transmitiendo mensajes contradictorios, y la población tucumana permanecerá en la incertidumbre sobre quién gobernará los próximos años y bajo qué lógica política.

La experiencia electoral del nueve de mayo comportará implicancias que trascenderán las fronteras provinciales. Un triunfo de Jaldo consolidaría la alianza entre peronismo y Gobierno nacional, abriendo la posibilidad de negociaciones más amplias para 2027. Una victoria de Manzur reposicionaría al peronismo como fuerza autónoma, capaz de ganar sin depender del apoyo mileísta. La emergencia de Catalán como gobernador significaría una ruptura histórica en el control provincial, transformando a Tucumán en un bastión oficialista. Finalmente, un eventual triunfo de Campero introduciría un actor nuevo en la ecuación política provincial, potencialmente modificando las coaliciones tradicionales. Cada uno de estos escenarios despliega sus propias lógicas de consecuencias: presupuestarias, legislativas, federales. Lo que hoy se visualiza como una contienda provincial inscrita exclusivamente en la geografía de Tucumán podría revelar, en retrospectiva, haber constituido un episodio crucial en la redefinición de los equilibrios de poder entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales durante el próximo quinquenio.