Un nuevo giro podría experimentar en los próximos días la pesquisa que indaga sobre un supuesto circuito irregular de acceso a divisas durante los años en que Alberto Fernández ejercía la presidencia. Francisco Hauque, empresario vinculado al caso, ha optado por solicitar su incorporación al régimen de imputado colaborador, una estrategia procesal que en los últimos años se ha convertido en instrumento fundamental para desarticular estructuras complejas en causas de corrupción y crimen económico. Esta movida judicial marca un punto de inflexión en una investigación que, desde su origen, ha involucrado a múltiples actores del sector financiero, funcionarios públicos y operadores de mercado negro de divisas.
La solicitud será presentada formalmente a través de Carlos Pousa, defensor de Hauque, en un documento que expresará la voluntad de su cliente de acogerse a las protecciones y beneficios que ofrece el procedimiento especial para arrepentidos. Sin embargo, no se trata de un trámite automático o expeditivo. Entre la presentación de la nota y la efectiva condición de colaborador median varios escalones procedimentales que deben cumplirse de manera rigurosa. En primer término, Hauque deberá ser citado a declaración indagatoria, momento en el cual podrá ratificar formalmente su intención. Recién entonces entrará en juego la evaluación que realice la fiscalía de turno, quien debe analizar la relevancia y credibilidad de la información que el empresario se propone aportar. Posteriormente, cualquier acuerdo entre las partes debe recibir la homologación del magistrado interviniente, quien actúa como guardián del cumplimiento de los protocolos legales y del respeto por los derechos de todas las personas involucradas.
El mecanismo del arrepentimiento y sus alcances
La participación como imputado colaborador implica una serie de compromisos y contraprestaciones bien definidos por la legislación procesal penal federal. Hauque tendría la obligación de proporcionarle a los investigadores información veraz sobre las estructuras, funcionamiento y actores involucrados en las maniobras que constituyen el núcleo de la causa. Crucialmente, ese aporte informativo debe dirigirse "hacia arriba" en la cadena de decisiones, es decir, debe identificar y detallar el rol de funcionarios públicos, autoridades gubernamentales o personas con acceso a instituciones estatales que hubieran permitido, facilitado o avalado el funcionamiento del circuito de compra y venta de dólares. A cambio de esta colaboración, el sistema procesal argentino ofrece reducciones de pena, beneficios de ejecución condicional o, en casos excepcionales, la posibilidad de no ser condenado.
La importancia de esta figura reside en que permite a la justicia penetrar en estructuras complejas donde múltiples actores cumplen roles diferenciados y donde el nivel de hermetismo es elevado. En casos de esquemas cambiarios clandestinos, esto resulta particularmente relevante, ya que típicamente participan empresarios, intermediarios financieros, operadores de mercado informal y personal con acceso a organismos estatales. La investigación sostiene que existió una verdadera estructura armada, integrada por estos distintos perfiles, que operaba de manera coordinada para acceder de manera irregular al mercado oficial de cambios, obteniendo luego ganancias multimillonarias al derivar esas divisas al mercado paralelo a cotizaciones significativamente superiores.
El núcleo de las acusaciones y los actores involucrados
Entre los principales personajes mencionados en la documentación judicial figuran Hauque, Martín Migueles y Elías Piccirillo, cada uno de los cuales habría cumplido funciones distintas en lo que los fiscales conciben como una operatoria delictiva. Los registros de audio incorporados al expediente resultan particularmente elocuentes. En conversaciones captadas en las que interviene Migueles, este último aseguraba poseer la capacidad de "acelerar" autorizaciones de importación—mecanismo conocido como SIRA—, ofreciendo realizarlo a cambio de pagos que oscilaban entre el 11 y el 15 por ciento de los montos involucrados, con esos porcentajes calculados sobre la cotización del dólar blue. En uno de esos diálogos, Migueles afirmaba: "esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento". En otra oportunidad expresaba: "Sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinás? Blue, ¿no?". Estos intercambios, según la perspectiva de los investigadores, constituyen prueba de una cadena de pagos clandestinos destinados a dinamizar trámites mediante vías extraoficiales.
También ha resultado central para la investigación la deuda de seis millones de dólares que Piccirillo reconoció mantener con Hauque. La justicia federal intenta establecer si esos fondos tuvieron origen directo en las maniobras cambiarias bajo investigación. Según los documentos incorporados, Piccirillo aceptó cancelar esa obligación mediante treinta y nueve cheques emitidos a través de Constructora 11 S.A., con valores unitarios que variaban entre 140 y 190 millones de pesos. No obstante, múltiples esos documentos fueron rechazados por falta de fondos al ser presentados ante Sur Finanzas, una entidad también mencionada en el expediente. El tema se complejiza aún más por las versiones divergentes: mientras el entorno de Hauque sostiene que nunca recibió esos dineros y denuncia irregularidades documentales, la defensa de Piccirillo sostiene que los cheques eran auténticos y disponían de cobertura económica. Las secuencias procesales que siguen arrojará luz sobre este punto específico.
El rol de funcionarios públicos bajo la lupa
Un aspecto medular de la pesquisa se concentra en analizar el comportamiento de funcionarios y exfuncionarios vinculados al Banco Central de la República Argentina. Entre los nombres que figuran en el expediente aparecen Fabián Violante, Romina García, Diego Volcic, María Valeria Fernández y Analía Fernanda Jaime. La fiscalía evaluará si alguno de estos servidores públicos incurrió en conductas que contravenían sus obligaciones institucionales, facilitando de manera consciente o negligente el acceso irregular a divisas. En conversaciones incluidas en el expediente surge también una enigmática referencia a la denominada "vieja del Central", personaje mencionado por Hauque y Migueles en diálogos privados. Según esas conversaciones, esta mujer "se llevó una fortuna" y continuaba demandando pagos. Para los investigadores, estas alusiones apuntan hacia individuos con influencia o acceso dentro del organismo monetario, aunque la identificación precisa aún sigue siendo objeto de investigación.
Más allá de las cuestiones estrictamente vinculadas a las operatorias cambiarias, existen otros episodios que los investigadores consideran conectados con esta trama. En enero de 2025 ocurrió un procedimiento policial en el que Hauque y su pareja fueron interceptados en la vía pública tras cenar con Piccirillo en el Palacio Duhau. Los agentes de civil afirmaron haber hallado cocaína y un arma dentro del vehículo, circunstancia que fue negada categóricamente por la defensa del empresario, quien denunció la existencia de un operativo amañado. La jueza federal María Eugenia Capuchetti anuló posteriormente esa causa al detectar irregularidades procesales significativas. Como resultado, siete policías de la Ciudad quedaron bajo investigación por conducta irregular, y uno de ellos se incorporó al régimen de imputado colaborador. La investigación federal intenta determinar si ese procedimiento guarda alguna vinculación con la deuda cuantiosa que Piccirillo mantenía con Hauque.
Los alcances de la eventual colaboración de Hauque con la justicia repercutirán de manera diferenciada según la amplitud y profundidad de la información que aporte. Si el empresario opta por cooperar de forma sustancial, proporcionando detalles concretos sobre identidades de funcionarios públicos que habrían participado activamente en el esquema, sobre montos específicos transferidos, sobre las modalidades operativas precisas empleadas, podría modificar significativamente el panorama de la investigación. Por el contrario, si su colaboración resulta fragmentaria, poco verificable o centrada únicamente en actores secundarios, es probable que el impacto sea limitado. En cualquier caso, el proceso que se abre en los próximos días constituye un punto de quiebre importante en una causa que ha involucrado múltiples frentes investigativos, desde análisis de operaciones bancarias hasta procedimientos policiales controversiales, configurando así uno de los capítulos más complejos de la judicialización de la economía durante el período 2022-2023.
