La maquinaria judicial que investiga una de las tramas de corrupción más complejas del país acaba de recibir un nuevo eslabón de pruebas. Un hombre de 80 años, quien durante décadas ocupó posiciones administrativas en una de las mayores empresas siderúrgicas del país, compareció ante el tribunal para relatar operaciones financieras que atraviesan casi un millón de dólares en efectivo, realizadas clandestinamente durante el segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner. Lo que distingue este testimonio no es solo su contenido material, sino la minuciosidad con que describe los mecanismos mediante los cuales se intentó convertir transacciones potencialmente ilícitas en actos invisibles, ejecutados en espacios donde ningún ojo electrónico podía registrar lo que sucedía.
Héctor Zabaleta, quien se desempeñaba como gerente administrativo en Techint, explicó ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli del Tribunal Oral Federal 7 que las instrucciones para realizar estas entregas provenían de la dirección corporativa. Específicamente, señaló a Luis Betnaza, quien encabezaba el departamento de Relaciones Institucionales de la compañía, como quien le ordenaba proceder con los pagos. El cuadro que emerge es el de una corporación que, aparentemente, funcionaba como un mecanismo de redistribución de recursos hacia funcionarios del Estado durante la gestión kirchnerista. Las entregas, según narró Zabaleta, ocurrieron durante 2008 y se materializaron en pesos, equivalentes en valor a entre 900.000 y un millón de dólares estadounidenses.
El lugar de los encuentros invisibles
Lo que resulta particularmente significativo en el relato del exdirectivo es la selección estratégica del sitio donde se ejecutaban estas operaciones. No se trataba de oficinas formales ni de espacios comerciales convencionales. El segundo subsuelo de las cocheras del Edificio Catalinas, una torre ubicada en una zona de importancia financiera de la ciudad, funcionó como punto de encuentro. Zabaleta subrayó reiteradamente que este lugar carecía de sistemas de videovigilancia, lo cual no podía ser casualidad. La estructura física del edificio ofrecía, en otras palabras, las condiciones de anonimato que el operativo requería. Los encuentros se producían mediante un protocolo preciso: Roberto Baratta, identificado como exfuncionario de la cartera de Planificación Federal durante la década pasada, ingresaba en su automóvil hasta ese subsuelo, donde recibía los paquetes sin exposición visual. En algunas oportunidades, el vehículo en cuestión era un Toyota Corolla.
El testimonio de Zabaleta cobra dimensiones adicionales cuando se examina la insistencia de Baratta en mantener su anonimato. Según refirió, en la primera entrega el funcionario le habría transmitido una instrucción explícita: no deseaba ser observado. Esta exigencia de invisibilidad no es un detalle menor en el armado de cualquier investigación sobre supuesta corrupción. Sugiere, cuando menos, que las partes involucradas eran conscientes de la naturaleza delicada de lo que estaban realizando. El exgerente entonces adoptó un procedimiento todavía más extremo: mientras Baratta permanecía dentro del vehículo, él le entregaba los paquetes sin que el conductor de este último estuviera cerca. Cada transferencia montaba entre 600.000 y 700.000 pesos, cifras que se acumulaban hasta llegar al monto total mencionado. Ante la pregunta directa de la fiscal Fabiana León, Zabaleta confirmó sin ambigüedades: el contenido de esos paquetes era dinero en efectivo.
La moneda como punto de quiebre
Un aspecto revelador del testimonio concierne a las negociaciones sobre la moneda de cambio. Zabaleta explicó que su empresa no poseía disponibilidades en dólares estadounidenses, razón por la cual las entregas se efectuaron exclusivamente en pesos. Esta limitación generó una reacción notable por parte de Baratta. Según narró Zabaleta, el funcionario manifestó insatisfacción y amenazó con acciones de represalia: mencionar algo vinculado a cortar el suministro de gas en la planta que la empresa operaba en Campana. El tono de la comunicación, según el relato, transportaba un mensaje implícito de presión. Cuando la fiscal León indagó si consideraba que esto constituía una forma de coacción, Zabaleta reconoció que sí podía interpretarse de esa manera, aunque aclaró que personalmente no se sintió intimidado porque genuinamente la compañía carecía de divisas. Con el tiempo, según explicó, ambas partes coordinaron las entregas y el conflicto se desvaneció.
Los registros que documentaron estas operaciones adquieren relevancia a través de la corroboración que Zabaleta proporcionó. Óscar Centeno, quien se desempeñaba como chofer de Baratta, había anotado en sus célebres cuadernos las fechas y detalles de los encuentros. Durante su declaración, el exgerente confirmó que esas anotaciones coincidían con las entregas que él realizaba personalmente. Esta convergencia entre los registros privados de Centeno y el testimonio de Zabaleta constituye un punto de anclaje probatorio de considerable importancia. Establece una trazabilidad entre distintos actores que participaban en la operatoria, como si cada uno, sin necesariamente coordinarse en todos los detalles, mantuviera su propia contabilidad de lo ocurrido.
La trayectoria procesal de Zabaleta añade contexto a su comparecencia actual. Fue detenido en 2018 por orden del entonces juez federal Claudio Bonadio. En ese momento, optó por acogerse a la categoría de imputado colaborador, un estatus que le permitió beneficios procesales a cambio de información y testimonio. Posteriormente, el tribunal lo sobreseyó junto con otros miembros de la corporación siderúrgica. Su presencia ahora en el banquillo no respondió a presiones externas, según su propio relato. Simplemente se le formuló la pregunta sobre si deseaba beneficiarse de la figura legal de colaborador, y él aceptó. A los 80 años, comparecía ante el tribunal para narrar operaciones que ocurrieron hace una década y media, en un contexto político radicalmente distinto al actual.
Las implicancias de este testimonio en perspectiva
Lo que emerge de estas declaraciones, más allá de los datos específicos, es un cuadro donde la permeabilidad entre sectores privados y estatalidad alcanzó expresiones concretas. Una empresa entre las más grandes del país, operando en sectores estratégicos, aparentemente funcionó como intermediaria en transferencias de recursos hacia funcionarios públicos. Los mecanismos empleados —subsuelos sin cámaras, efectivo en lugar de transacciones formales, instrucciones descendentes desde directivos corporativos, amenazas veladas cuando surgían obstáculos— sugieren un grado de sofisticación en la ocultación. La investigación que originalmente capturó estas operaciones, iniciada por el magistrado Bonadio años atrás, ha generado un acervo de declaraciones, registros y documentación que continúa siendo procesado por la justicia federal. La comparecencia de Zabaleta representa un paso más en la acumulación de testimonios sobre cómo operaba, presuntamente, un circuito de corrupción que involucraba empresas privadas de importancia y funcionarios públicos con acceso a recursos y decisiones de Estado. Los efectos de este testimonio en el desarrollo del juicio, y las posibles consecuencias para otros involucrados en la trama, seguirán desplegándose en los estrados judiciales a medida que el proceso avanza.
