La persistencia de una víctima muchas veces define el rumbo de procesos judiciales que podrían quedar atrapados en la burocracia. Ese fue el escenario que se desplegó esta semana en las oficinas de la Cámara Federal porteña, cuando un uniformado de la Gendarmería Nacional argentina se presentó nuevamente para narrar, en primera persona, un calvario de casi año y medio bajo custodia del régimen chavista. Nahuel Gallo pasó 448 días privado de su libertad en territorio venezolano, desde el 8 de diciembre de 2024 hasta el 1 de marzo de 2025, y ahora pelea en los tribunales para que su testimonio y su condición de afectado directo no se diluyan en un expediente colectivo. Lo que está en juego trasciende su caso individual: es la capacidad de cada víctima para participar activamente en procesos que buscan responsabilizar a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por presuntos crímenes contra la humanidad.

El argumento de la individualidad frente a la concentración procesal

Cuando Gallo se acercó por primera vez a los juzgados federales el pasado 30 de abril, lo hizo en calidad de testigo. Sin embargo, su equipo de abogados—integrado por Claudio Nuncija, Alfonso Martinotti, Alejandro Ferreira y Rodrigo Guzmán Espoz—no tardó en solicitar un cambio de estatus. El juez Sebastián Ramos aceptó esa petición y lo incorporó como querellante, lo que le otorgaba mayores facultades y derechos procesales para participar activamente en la investigación. Pero luego vino el obstáculo: el mismo magistrado decidió unificar todos los reclamos de los damnificados en una sola querella colectiva. Esa medida es ahora cuestionada por la defensa de Gallo ante la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

La apelación responde a una preocupación que tiene raíces profundas en el derecho procesal: la dilución de voces individuales en expedientes masivos puede resultar en que ciertos relatos, ciertos sufrimientos, queden marginados o reciban menor atención. En causas por violaciones a los derechos humanos, esta cuestión no es meramente técnica. El acceso diferenciado al tribunal, la posibilidad de formular preguntas, de aportar prueba específica, de ser escuchado en detalle, constituye un elemento crucial para que la justicia se sienta genuina y no solo como un trámite administrativo más. Gallo argumenta precisamente que su condición de víctima directa, con un relato vivencial de lo ocurrido en las cárceles venezolanas, merece un espacio propio dentro del proceso.

Narrativa de sobrevivencia y búsqueda de verdad

Durante su presentación ante el tribunal esta semana, el gendarme no solo aportó detalles cronológicos de su captura y liberación. Desplegó un relato que, aunque comprimido en los formatos de comunicación disponibles, refleja la intensidad del trauma vivido. En sus palabras difundidas públicamente expresó: "Hoy es mi segundo día en Comodoro Py junto a mis representantes legales, dando un paso más para que continúe la causa contra Maduro. No busco venganza, busco justicia". La distinción que marca es deliberada. No se trata de un reclamo de retaliación, sino de clarificación: que queden establecidas las responsabilidades, que los perpetradores enfrenten consecuencias legales, que el registro histórico refleje lo que sucedió.

Cuando Gallo compareció por primera vez ante la justicia, hace algunos meses, su testimonio incluyó acusaciones específicas de tortura. En redes sociales manifestó: "Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que el régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo". Esas palabras no son meras declaraciones abstractas. Encarnan la experiencia de alguien que atravesó el sistema penitenciario chavista, que fue sometido a castigos corporales y psicológicos, y que ahora intenta convertir ese sufrimiento en evidencia utilizable para un proceso judicial. La lucha por mantener su estatus individual como querellante forma parte de una estrategia más amplia: asegurar que su voz no sea absorbida por estadísticas ni protocolos de concentración.

El contexto histórico de Venezuela en los últimos años incluye denuncias recurrentes de organismos internacionales sobre prácticas de tortura sistemática, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Reportes de la Organización de las Naciones Unidas, de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional han documentado patrones de violencia estatal. La detención de un ciudadano argentino en ese contexto no es un caso aislado, sino parte de un fenómeno más vasto. Sin embargo, desde la perspectiva argentina, Gallo representa algo singular: un nacional que sufrió las garras de un régimen extranjero y que retornó para exigir que la justicia doméstica asuma la responsabilidad de investigar y sancionar a quienes lo persiguieron.

La causa matriz: antecedentes y alcance

La investigación contra Nicolás Maduro y otros funcionarios del gobierno venezolano, incluido Diosdado Cabello en su rol actual como ministro del Interior, arrancó a principios de 2023 impulsada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). Se trata de una acusación por crímenes de lesa humanidad, categoría que reconoce que ciertos actos de violencia sistemática trascienden las fronteras nacionales y merecen persecución internacional. Argentina, a través de sus tribunales federales, se presenta así como un espacio donde pueden juzgarse delitos cometidos fuera de su territorio cuando hay víctimas argentinas o cuando existe interés en la persecución transnacional de violaciones graves a derechos fundamentales.

El rol del FADD es relevante porque indica que la acusación no surge únicamente de víctimas individuales aisladas, sino de una estructura organizativa dedicada a documentar y promover acciones legales contra gobiernos autoritarios. Esto contrasta con la postura de Gallo, quien enfatiza su condición personal, su sufrimiento específico, su derecho a ser parte activa de un proceso que lo concierne directamente. La tensión entre la estrategia colectiva y el reclamo individual es consustancial a los litigios de derechos humanos contemporáneos: ¿conviene centralizar esfuerzos en una única querella para ganar eficiencia procesal, o es preferible permitir que cada afectado mantenga su capacidad de acción autónoma?

Gallo cerró su intervención esta semana reiterando su confianza en que la justicia avance y que "la impunidad no tenga la última palabra". Agradeció explícitamente a sus abogados, reconociendo que sin ese acompañamiento profesional su voz probablemente no tendría el peso que actualmente porta. Ahora la decisión recae en los tres magistrados de la Sala I. Deberán resolver si revisan la orden de unificación de querellantes o si la mantienen vigente. Independientemente de la resolución, lo que trasciende es que una víctima ha optado por no resignarse a ser un número más en un expediente masivo, sino por reclamar el derecho fundamental a participar en igualdad de condiciones en la construcción de la verdad judicial sobre lo que le sucedió.

Las consecuencias de la decisión que adopte la Cámara Federal se proyectarán en múltiples direcciones. Si los jueces revocan la unificación y permiten que Gallo continúe como querellante individual, se abre la posibilidad de que otras víctimas presenten apelaciones similares, lo que podría fragmentar la estrategia procesal pero también enriquecer el registro de testimonios y perspectivas. Si mantienen la decisión de unificación, se reafirma un modelo de concentración que gana en eficiencia administrativa pero que puede sacrificar la audibilidad de experiencias particulares. Ambos escenarios presentan ventajas y desventajas desde ópticas distintas: la primera prioriza la participación democrática y la pluralidad de voces; la segunda enfatiza la racionalidad procedimental y la reducción de dilaciones. Lo cierto es que el resultado no solo impactará esta causa específica, sino que sentará precedente para futuras litigaciones de naturaleza similar en los tribunales argentinos.