La Justicia le puso un freno judicial a una de las decisiones más polémicas del Ministerio de Capital Humano: la eliminación del programa Volver al Trabajo, que hasta ahora sostenía económicamente a cerca de 900.000 beneficiarios con un monto mensual de $78.000. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo lugar este martes a una acción de amparo colectivo presentada por un grupo de personas directamente afectadas por el cierre del plan, y obligó al Estado nacional a mantener vigentes las prestaciones económicas. La resolución, dictada en las últimas horas, llega en un clima de tensión social creciente, con organizaciones piqueteras que en los últimos días salieron a cortar accesos a la Ciudad de Buenos Aires y protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La orden judicial y sus alcances concretos

En el fallo, al que accedió este medio, González Charvay intimó al Estado nacional —en particular al Ministerio de Capital Humano— a preservar los pagos del programa en un plazo máximo de tres días a partir de la notificación formal de la sentencia. Además, estableció que esa obligación se mantiene vigente hasta que haya una resolución definitiva en el expediente. Para garantizar el cumplimiento, el magistrado advirtió que aplicará astreintes —multas económicas acumulativas— por cada día de demora. En términos llanos: el Gobierno deberá demostrar en el expediente que cumplió, o pagará las consecuencias.

Detrás de la demanda aparecen cinco personas concretas: Andrea Liliana Ledesma, Andrea Jorgelina Rivero, Agustina Pérez, Rodrigo Mario Esquivel y Ángel Ariel Berón. Todos ellos son trabajadores de la economía popular —algunos en comedores y merenderos comunitarios, otros en centros de asistencia a personas con problemáticas de consumo, otros como cartoneros— que describieron ante la Justicia una situación de extrema vulnerabilidad. En sus presentaciones dejaron en claro que ese subsidio no es un complemento de ingresos, sino en muchos casos su única fuente de sustento. Plantearon que la eliminación del plan sin una alternativa concreta constituye una medida regresiva en materia de derechos sociales y cuestionaron su constitucionalidad.

El juez respaldó esa mirada con un argumento jurídico de peso: recordó que la Corte Suprema de Justicia, mediante la Acordada 5/2009, adhirió a las denominadas "100 Reglas de Brasilia", un conjunto de directrices internacionales que apuntan a garantizar el acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables —niños, personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas de violencia y personas en situación de pobreza, entre otros—. Bajo esa lógica, González Charvay subrayó que el sistema judicial tiene la obligación de funcionar como escudo efectivo para quienes enfrentan mayores obstáculos a la hora de ejercer sus derechos.

El contexto político: un programa congelado desde diciembre de 2023

El programa Volver al Trabajo es el heredero directo del ex Potenciar Trabajo, uno de los planes sociales más controvertidos de la era kirchnerista y que continuó existiendo bajo el gobierno de Alberto Fernández. Cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, el Ejecutivo dispuso el congelamiento de varios programas sociales. El Potenciar Trabajo fue uno de ellos: su monto quedó fijo en $78.000 desde ese momento hasta la actualidad, sin ajuste por inflación, lo que implicó una licuación real del beneficio en un contexto de altísima suba de precios. El 17 de marzo pasado, el Ministerio de Capital Humano dio el paso siguiente: anunció directamente el cierre del programa y su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación laboral, con la idea de promover la inserción formal en el mercado de trabajo. Sandra Pettovello, al frente de esa cartera, impulsó la medida como parte de una política más amplia de reformulación de la asistencia social. Para el ministerio, el ahorro generado por esta baja iba a nutrir otras líneas presupuestarias.

La fecha límite para el cese de los pagos era el 9 de abril. Y esa cuenta regresiva encendió la mecha. Las principales organizaciones de trabajadores informales —la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero y la agrupación Territorios en Lucha— coordinaron una serie de jornadas de protesta. El punto más álgido fue el 7 de abril, cuando distintos accesos a la Capital Federal quedaron bloqueados por piquetes y la situación derivó en choques con efectivos de las fuerzas de seguridad. El Gobierno de Milei, que tiene como política explícita no negociar con organizaciones que cortan calles, mantuvo su postura inicial. La disputa parecía no tener salida dialogada. Fue entonces cuando el recurso judicial apareció como la herramienta disponible para los afectados.

El perfil del juez: el mismo magistrado que investiga a la AFA

El nombre de Adrián González Charvay no es nuevo en los titulares. En las últimas semanas, este juez federal de Campana concentró en su juzgado tres causas de alto perfil vinculadas al fútbol argentino, todas relacionadas con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, y con el tesorero del organismo, Pablo Toviggino. Una de esas investigaciones llegó desde el juzgado de Lomas de Zamora a cargo del juez Luis Armella, y se centra en un supuesto esquema de fraude con transferencias hacia empresas fantasma por un monto de 300 millones de dólares cobrados en territorio estadounidense. Otro expediente, derivado por la jueza de instrucción Paula Petazzi, fue presentado originalmente por el agente de la FIFA Guillermo Tofoni y apunta en una dirección similar. El tercer caso gira en torno a una mansión ubicada en la zona de Pilar, que se investiga si pertenece a Toviggino. La decisión final sobre si González Charvay seguirá siendo el juez de todos estos expedientes depende de un pronunciamiento pendiente de la Cámara Federal de Casación.

Más allá de la coyuntura futbolística, la medida cautelar contra el cierre del Volver al Trabajo pone sobre la mesa una pregunta de fondo que el gobierno de Milei deberá responder en los próximos días: cómo avanzar en la reforma del sistema de asistencia social sin que esa transición deje en el vacío a cientos de miles de personas que dependen de esos fondos para subsistir. La Justicia, al menos por ahora, no le da margen para actuar sin red.