La justicia federal abrió un nuevo capítulo en uno de los casos más controversiales de la historia judicial argentina reciente. El juez Julián Ercólini formalizó cargos en contra de Viviana Fein, quien se desempeñaba como fiscal a cargo de la investigación inicial, por su accionar respecto del sitio donde se localizó el cuerpo sin vida del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015. Los cuestionamientos apuntan específicamente a cómo se procedió en el lugar de los hechos durante las primeras horas críticas, momento que los especialistas en criminalística consideran determinante para la recolección de evidencias y la preservación de indicios.
La decisión judicial revela las complejidades inherentes a un caso que, desde su origen, generó divisiones profundas entre expertos, autoridades y analistas. Cuando Nisman fue hallado muerto en su departamento del barrio de San Telmo, la investigación recayó sobre Fein como titular de la pesquisa. Sus procedimientos en esa escena inicial se convirtieron posteriormente en objeto de crítica y análisis detallado, particularmente respecto a si se siguieron los protocolos establecidos para preservar la integridad de un sitio de hallazgo. Este aspecto adquiere relevancia fundamental en cualquier investigación de homicidio, donde cada detalle, cada fotografía, cada medida tomada en los primeros momentos puede resultar decisiva para establecer la verdad de lo sucedido.
El peso de los procedimientos en casos de alta complejidad
A lo largo de casi una década, el expediente relacionado con la muerte de Nisman ha experimentado múltiples giros. La pesquisa inicial sugería un suicidio; luego surgieron hipótesis alternativas que contemplaban otras causas; posteriormente se reabrieron interrogantes; y ahora, el sistema judicial continúa evaluando responsabilidades de quienes participaron en la investigación temprana. Cada cambio en la perspectiva del caso reflejaba, en buena medida, problemas metodológicos o procedimentales que expertos en ciencias forenses identificaban en el modo en que se había actuado en la escena.
La contaminación de una escena del crimen constituye un concepto técnico específico que engloba desde el desorden físico de elementos hasta la introducción de material externo que altere la interpretación posterior de indicios. En casos de magnitud política o social, donde los ojos de la ciudadanía y de los medios se concentran en el sitio del suceso, mantener la pureza de esos espacios resulta exponencialmente más difícil. Las primeras horas tras el descubrimiento de un cuerpo —cuando acuden policías, fiscales, peritos, médicos forenses y, frecuentemente, personas sin preparación técnica— generan inevitablemente movimientos, desplazamientos, modificaciones del estado original que pueden comprometer investigaciones posteriores. El desafío, entonces, radica en minimizar esas alteraciones y documentarlas meticulosamente.
Implicancias de una imputación formal contra quien condujo la investigación
La formalización de cargos contra Fein plantea interrogantes más amplios sobre cómo se estructura la cadena de responsabilidad en investigaciones criminales de complejidad excepcional. Cuando la fiscal encargada es posteriormente procesada por su conducta en el mismo caso que investigó, emerge un cuestionamiento implícito sobre la capacitación, los recursos disponibles, los protocolos institucionales y los estándares que regían en ese momento. Argentina, como otros países de Latinoamérica, ha experimentado un proceso de fortalecimiento de sus institutos de criminalística y procedimientos de investigación en las últimas décadas, pero ese trayecto no ha sido lineal ni uniforme. Las deficiencias documentadas en 2015 —el año en que Nisman murió— diferían de las que pudieran existir años después, una vez que organismos especializados incorporaron nuevas metodologías.
La acción judicial de Ercólini no representa una afirmación sobre si Nisman se suicidó o fue víctima de un acto delictivo, cuestión que continúa en debate. Lo que el procesamiento sí refleja es una evaluación sobre el cumplimiento de estándares procedimentales por parte de quien tenía la obligación de conducirse con apego a normas técnicas específicas. En este sentido, la decisión se sitúa en un terreno diferente al de la autoría del hecho principal: no se trata de determinar quién mató a Nisman, sino cómo se procedió a investigar esa muerte. Estas son capas distintas del problema judicial, aunque interconectadas, porque una investigación deficiente en sus aspectos procedimentales puede comprometer la búsqueda de verdad en cualquier dirección que esa verdad se encuentre.
A medida que avanzan los años desde aquel enero de 2015, los expedientes relacionados con la muerte del fiscal continúan generando movimientos en el sistema judicial. Cada resolución, cada imputación, cada archivo de investigación parcial contribuye a una narrativa más compleja de lo que ocurrió. Algunos analistas consideran que estas acciones tardías contra quienes condujeron las pesquisas iniciales reflejan un compromiso del Poder Judicial con la revisión crítica de sus propios procedimientos; otros sugieren que responden a presiones políticas o mediáticas de largo plazo. Lo cierto es que el caso Nisman, más allá de sus dimensiones específicas, ha dejado en evidencia la necesidad de consolidar estándares claros, independientes de los cambios en las gestiones gubernamentales o en las prioridades políticas. La muerte de un fiscal, cualquiera sean sus circunstancias, afecta la confianza pública en las instituciones, y la manera en que se investigue ese hecho —con precisión técnica, transparencia metodológica y respeto por los protocolos establecidos— incide directamente en la credibilidad futura de esas mismas instituciones.
