La difusión de un registro audiovisual protagonizado por un miembro de la Legislatura provincial de Santa Fe puso nuevamente sobre la mesa una discusión que trasciende los ámbitos políticos: la responsabilidad en el comportamiento al conducir. Oscar Dolzani, quien representa al departamento de San Javier en el Senado santafesino, se vio envuelto en una ola de críticas tras compartir voluntariamente en sus plataformas digitales un video donde aparece al volante de un automóvil realizando múltiples tareas simultáneamente. El contenido, que rápidamente alcanzó viralidad, muestra al funcionario con un mate en una mano y un dispositivo móvil en la otra, mientras sonríe y manipula el sistema de audio del vehículo. La reacción en redes fue inmediata y severa, obligando al legislador a tomar una posición pública días después del hecho. Este episodio refleja cómo las conductas de figuras públicas en espacios digitales pueden generar repercusiones exponenciales y plantear interrogantes sobre los estándares de conducta esperados de quienes ocupan cargos de representación.
El registro que encendió las redes y las justificaciones posteriores
El video en cuestión fue capturado por otra persona presente dentro del vehículo durante el desplazamiento por una ruta provincial. Las imágenes documentan al senador ejecutando acciones típicamente incompatibles con una conducción segura: manipuleo constante del teléfono celular, consumo de mate y cambios en la música del auto, todo mientras mantenía sus manos ocupadas y la atención parcialmente desviada de la ruta. En el mismo posteo donde compartió el material, Dolzani escribió una frase que buscaba transmitir descontracción: "Le ponemos onda a la recorrida", un comentario que lejos de justificar la conducta, intensificó las críticas de usuarios que señalaban los riesgos evidentes de tales prácticas. La magnitud del alcance que obtuvo la publicación no pasó desapercibida para el funcionario, quien comprendió que la situación requería una respuesta institucional.
Más allá de la repercusión viral, lo que generó mayor polémica fue la aparente normalización de conductas riesgosas. Dolzani, frente a la presión pública, se vio obligado a emitir un comunicado donde reconocía lo "muy malo" de sus acciones. Sin embargo, su mensaje incluyó justificaciones que algunos interpretaron como minimizaciones del error. El legislador expresó que en el momento del viaje no circulaban otros vehículos en la zona y que, además, tales comportamientos al volante eran relativamente comunes entre conductores en general. Argumentó que el hecho de haber ocupado un cargo público no debería distanciarlo de las conductas que realiza la ciudadanía de manera ordinaria. Pese a las disculpas públicamente formuladas, el video permanecía en su cuenta de redes sociales sin ser eliminado, lo que algunos observadores interpretaron como una contradictoriedad entre el reconocimiento del error y la decisión de mantener visible el contenido problemático.
Contexto normativo y diferencias regionales en materia de seguridad vial
Un aspecto relevante que emerge de este incidente es la ausencia de una normativa específica en Santa Fe que sancione el uso de dispositivos móviles o el consumo de mate durante la conducción. A diferencia de otras provincias argentinas, como Córdoba, donde existen regulaciones explícitas y sanciones pecuniarias establecidas para estos comportamientos, Santa Fe no cuenta con una legislación equivalente que tipifique y penalice estas prácticas. Este vacío normativo, aunque no exime de responsabilidad moral a los conductores, sí refleja una diferencia en los estándares regulatorios adoptados por distintas jurisdicciones del país. La existencia o ausencia de marcos legales específicos influye tanto en la percepción social sobre la gravedad de ciertos actos como en las consecuencias concretas que podrían derivarse de ellos. En el caso particular de Dolzani, la falta de una sanción legal explícita en su provincia contrasta con la sanción social que experimentó a través de las redes digitales, generando una disyuntiva entre la responsabilidad jurídica y la responsabilidad pública.
Históricamente, Argentina ha tenido un desempeño variable en materia de seguridad vial. Si bien se han implementado campañas y normativas en diversas provincias durante las últimas décadas, la educación vial y la concientización sobre conductas riesgosas han presentado avances desiguales según la región. El comportamiento de multitasking al volante —realizar múltiples actividades simultáneamente mientras se conduce— representa uno de los factores de riesgo identificados internacionalmente como generador de accidentes. Estudios en el ámbito de la seguridad vial han demostrado que la distracción causada por dispositivos móviles incrementa significativamente la probabilidad de incidentes, independientemente de si otros vehículos circulan en las proximidades o no. La justificación de Dolzani respecto a que la ruta estaba vacía no altera el hecho de que una conducción segura implica mantener la concentración y ambas manos disponibles para el control del vehículo en todo momento.
El rol de las figuras públicas en la legitimación de conductas
Más allá del evento específico, este episodio plantea interrogantes sobre la influencia que ejercen los personajes públicos en la normalización de comportamientos. Cuando un legislador publica voluntariamente contenido que documenta prácticas riesgosas, la difusión se produce no solo entre su círculo inmediato de seguidores, sino que potencialmente alcanza a sectores más amplios de la población. En el contexto de redes sociales, donde la viralidad puede amplificar mensajes exponencialmente, las acciones de figuras con visibilidad institucional adquieren dimensiones que van más allá de lo personal. Dolzani sostuvo que consideraba fundamental desmarcarse de cualquier pretensión de superioridad moral o conductual derivada de su cargo, afirmando que un senador, un político o un intendente debían ser percibidos como vecinos comunes. Este posicionamiento, aunque apunta a una democratización de la imagen política, también corre el riesgo de transmitir el mensaje de que las normas de seguridad vial pueden ser flexibilizadas según contextos o criterios subjetivos.
En su declaración posterior, el legislador reconoció que "errar es de humanos y rectificar es de sabios", una formulación que buscaba posicionarlo en una postura reflexiva y autocrítica. Sin embargo, también subrayó que comportamientos similares al suyo eran frecuentes entre conductores en general, lo que introduce una problemática adicional: la relativización del riesgo basada en su prevalencia. La argumentación de que "normalmente la gente hace" ciertas cosas cuando conduce, como hablar por teléfono, no invalida la necesidad de que tales conductas sean reconocidas como riesgosas, especialmente cuando provienen de actores públicos que podrían influir en la percepción social sobre lo que es aceptable o tolerado en las rutas. El mantenimiento del video en su perfil, a pesar de las disculpas, fue interpretado por observadores como una inconsistencia entre el reconocimiento del error y las acciones concretas tomadas para enmendarlo.
Implicancias y perspectivas futuras del suceso
Los desenlaces posibles de este tipo de incidentes suelen seguir patrones variados. Por un lado, existe la posibilidad de que episodios como este generen mayor conciencia sobre la importancia de la seguridad vial, especialmente cuando involucran a figuras públicas cuyas conductas son amplificadas por medios digitales. Por otro, está el riesgo de que la cobertura mediática y el debate en redes sociales se diluyan con el tiempo sin producir cambios sustanciales en la conducta colectiva. En contextos políticos locales como el santafesino, donde los legisladores mantienen vínculos directos con sus comunidades, tales eventos pueden impactar en la percepción pública sobre la coherencia entre el discurso institucional y las prácticas personales de los representantes. Asimismo, el incidente abre interrogantes sobre si provincias como Santa Fe deberían considerar la implementación de regulaciones específicas sobre distracción al volante, siguiendo el modelo de otras jurisdicciones que ya cuentan con tales marcos normativos. La brecha entre la responsabilidad social percibida y la responsabilidad legal establecida continúa siendo un terreno donde confluyen debates sobre educación vial, regulación estatal y cultura de seguridad en las rutas argentinas.
