En el interior de los pasillos de Comodoro Py 2002, donde funciona la sede de los juzgados federales porteños, circulan historias de tensiones, rivalidades y disputas que raramente trascienden hacia el público general. Sin embargo, en esta oportunidad, la fricción entre dos magistrados escaló hasta el punto de convertirse en un expediente judicial formal. Lo que comenzó como un supuesto desacuerdo personal entre colegas terminó transformándose en una denuncia por intimidación, revelando fracturas en las relaciones internas del poder judicial que merecen atención por sus implicancias institucionales y por lo que dice acerca de los equilibrios informales que rigen entre quienes administran justicia.
Una jueza de 89 años, entre las más antiguas del fuero federal, presentó un recurso acusatorio contra uno de sus pares, un magistrado de 48 años de edad. El motivo del conflicto se remonta a una serie de intercambios de mensajería que ocurrieron durante el mes de mayo. Según la versión de la magistrada denunciante, los contactos habrían alcanzado la cifra de 19 comunicaciones diferentes en apenas dos días, lo que constituiría, bajo su perspectiva, una conducta intimidatoria. Esta sucesión de intentos de contacto incluyó llamadas telefónicas y mensajes escritos que, en su consideración, rebasaron los límites de lo que podría considerarse una comunicación ordinaria entre colegas profesionales.
La trama de un vínculo que se resquebrajó
Lo que hace particularmente relevante este asunto es la naturaleza previa de la relación entre ambos magistrados. No se trataba de desconocidos ni de rivales institucionales de larga data. Por el contrario, existía entre ellos una relación de amistad que se extendía hacia atrás en el tiempo. El juez acusado rememoró en sus escritos una conexión que databa desde cuando él era un joven profesional, utilizando expresiones como "siempre fuiste mi modelo a seguir". La jueza, por su parte, había ejercido una suerte de rol de mentora o referente profesional para el magistrado más joven. Se encontraban ocasionalmente para compartir comidas y cenas, encuentros que, según el relato del juez, dejaban en él una huella grata. La fraternidad judicial, en este caso, parecía haberse construido sobre bases sólidas durante años, hasta que algo la alteró de manera significativa.
El detonante del conflicto, según lo expresado por allegados a ambos, estaría vinculado a comentarios desfavorables que la jueza habría realizado respecto del magistrado acusado. La jueza negó categóricamente esta versión de los hechos. No obstante, el juez procesador de los mensajes interpretó que había sido objeto de críticas por parte de su colega y, en consecuencia, cuando ella no respondió a sus llamadas telefónicas, intensificó sus intentos de contacto. Los mensajes que remitió durante los días 11 y 12 de mayo revelan un tono de reclamo y dolor emocional. En uno de ellos, el magistrado le escribió: "Podrías ser mi abuela", en un intento de evocar la proximidad generacional y la confianza que presumiblemente habían construido. Utilizó también el apodo familiar "Chuchi", con el que la llaman sus allegados más cercanos, buscando tal vez reactivar esa cercanía. Dirigiéndose a ella como su "modelo de jueza a seguir", le recordó cada encuentro compartido y le reclamó que lo atendiera, afirmando nunca haber solicitado favores de su parte, ni siquiera un cargo en estructuras judiciales electorales.
La intensificación de los contactos y la interpretación del hostigamiento
Lo que resulta especialmente relevante para entender la perspectiva de la jueza denunciante es la persistencia y el cronograma de los intentos de contacto. A media hora de su primer mensaje, el magistrado reincidió, en esta ocasión con un contenido más confrontacional. Expresó su creencia de que había "personas alrededor" de la jueza que la estaban influyendo negativamente en su contra. En ese mensaje incluyó una frase particularmente áspera: "Quiero ver quién de todos esos mierdas que tenés alrededor hubiera hecho lo que yo hice por vos, sin pedirte absolutamente nada a cambio". Esta última oración deja entrever una referencia a acciones o favores prestados en el pasado, que el juez consideraba merecedores de reciprocidad o al menos de consideración. Sin embargo, no especificó cuáles fueron tales gestiones. Esa noche, ya entrada la madrugada, concretamente a 20 minutos antes de la 1 de la mañana, el juez remitió un nuevo mensaje que posteriormente sería eliminado. La jueza, a su vez, lo contactó a la 1 de la madrugada, pero el magistrado, quien dormía, no respondió en ese momento. Recién a las 3 de la mañana, cuando revisó el contenido del mensaje, el juez atendió la llamada. Al día siguiente, entre las 16 y después de las 19 horas, los intentos de comunicación se reanudaron. En esta ocasión, ninguno obtuvo respuesta de la otra parte. Fue esta secuencia de eventos lo que la jueza interpretó como una conducta intimidatoria y lo que motivó su denuncia formal.
La decisión de la magistrada denunciante de llevar el asunto hacia instancias judiciales formales cobra dimensión cuando se considara su trayectoria profesional. Se trata de la más antigua entre los jueces federales en funciones, una magistrada con décadas de experiencia en el fuero, titular del Juzgado Federal 1 de Comodoro Py 2002. Su condición de veterana en el sistema de justicia federal le otorga tanto autoridad como responsabilidad institucional. El juez acusado, por su parte, desempeña su rol en el juzgado federal con asiento en Lomas de Zamora, una jurisdicción que ha estado en el foco de tensiones judiciales previas. Precisamente, la jueza Servini apoyó la candidatura de un abogado para ocupar una magistratura en esa misma circunscripción, individuuo que se desempeñaba anteriormente como secretario de otro magistrado federal. En los círculos cercanos a la jueza denunciante se considera que los reproches y posteriores comunicaciones del juez acusado podrían tener origen en esta intervención suya en la política judicial local de Lomas de Zamora.
El expediente derivado de esta denuncia ha sido asignado a un juzgado federal cuyos titulares ostentan otras causas abiertas relacionadas con estas mismas problemáticas institucionales y que mantiene cercanía profesional con la jueza denunciante. Este dato procesal no es menor, ya que toca el corazón de la cuestión de imparcialidad y de la percepción que genere el tratamiento del caso. Los hechos descriptos, más allá de la interpretación que cada actor haga de los mismos, ponen de relieve dinámicas que operan dentro del poder judicial: las amistades que se construyen y se fracturan, los favores que se intercambian en la sombra, las lealtades que se cuestionan, y la manera en que estos elementos personales atraviesan decisiones que afectan la estructura formal de la justicia. Asimismo, visibilizan cómo conflictos que podrían resolverse en ámbitos informales terminan escalando hacia expedientes y denuncias formales, con todas las consecuencias que ello conlleva para las trayectorias profesionales y para la credibilidad del sistema.
De aquí en adelante, distintos escenarios son posibles. Por un lado, una investigación formal podría determinar si la conducta del magistrado acusado constituye efectivamente un acto de intimidación o si responde a un intento legítimo, aunque desacertado, de restaurar una relación personal deteriorada. Por otro, la resolución del caso podría tener implicancias simbólicas importantes: un pronunciamiento podría fortalecer la protección de magistrados contra formas de presión interpersonal, o bien podría ser interpretado como un mecanismo de represalia política dentro del poder judicial. También existe la posibilidad de que el expediente genere jurisprudencia sobre los límites entre comunicaciones personales y conducta intimidatoria en contextos institucionales. Lo que permanece cierto es que este caso pone sobre la mesa la fragilidad de los vínculos personales que cimentan las redes informales del poder judicial y la dificultad de disociar las dimensiones personales de las profesionales cuando se trata de individuos que deben tomar decisiones que afectan a terceros. La manera en que se resuelva podría servir como parámetro para futuros conflictos de naturaleza similar dentro del fuero federal.
